La participación social es fundamental para proteger nuestro medio ambiente, por ende, es indispensable eliminar el requisito de que las denuncias deban ser presentadas sólo por los directamente afectados en sus propiedades o salud, así como que sólo los miembros de la comunidad afectada puedan presentar una denuncia pública la cual debe ser acompañada por información técnica y científica, debido a que no siempre las personas cuentan con esta información.

El 21 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario oficial de la Federación el “Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte entre el Gobierno de México, el de Canadá y el de Estados Unidos de Norteamérica” el cual establece la importancia de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, al promover la participación ciudadana en los procedimientos judiciales en materia ambiental.

En consecuencia, es necesario ampliar y simplificar los procedimientos para que la sociedad pueda participar de manera activa y colaborar con la protección del medio ambiente, sin que se encuentren con condicionantes por parte del Estado para que sus denuncias sean recibidas.

Por tal motivo, el Partido Verde Ecologista de México a través del Senador Arturo Escobar y Vega propone reformar la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados en el Capítulo de Sanciones, para adecuar lo relacionado a los espacios de participación social, con el objeto de ampliar las posibilidades de cualquier persona para que pueda manifestar su inconformidad y solicitar la intervención de las autoridades cuando se percate de daños al medio ambiente.

De esta manera, se salvaguarda el bienestar de un grupo de personas, un ecosistema o una especie, al prevenir el daño colectivo y permitir la participación de la sociedad, puesto que en el Partido Verde tenemos como objetivo el hacer válido el derecho de todas las personas a la salud y a un medio ambiente sano.