El agregado en México del Buro de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Carlos Canino, aseguró que las armas de fuego que se permitió fueran traficadas de Estados Unidos a México bajo el operativo Rápido y Furioso fueron adquiridas por el Cártel de Sinaloa. Reforma/26 de Julio 2011

La estrategia del tráfico permitido de armas a México fue equivocada, aseguró el agregado en México de la ATF

El agregado en México del Buro de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Carlos Canino, aseguró que las armas de fuego que se permitió fueran traficadas de Estados Unidos a México bajo el operativo Rápido y Furioso fueron adquiridas por el Cártel de Sinaloa.

"Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas bajo esta investigación. Para ponerlo en contexto, el 75 regimiento de Rangers del Ejército tiene alrededor de 2 mil 500 elementos. Esto significa que como resultado de esta investigación, el Cártel de Sinaloa pudo haber recibido casi tantas armas como las necesarias para armar un regimiento completo", dijo Canino en el primer pronunciamiento de un funcionario estadounidense sobre el cártel que habría comprado las armas de "Rápido y Furioso" ante el Comité de Vigilancia de la Cámara baja de EU. "En mi opinión profesional, esta estrategia investigativa (permitir el tráfico vigilado de armas) fue equivocada. Esto ocurrió debido a la vigilancia ineficaz en la división de campo en Phoenix y posiblemente más allá". Ayer por la noche, el Comité de Vigilancia dio a conocer que si bien no se sabe exactamente cuántas de las presuntas 2 mil armas traficadas efectivamente cruzaron a México al menos 122 armas fueron decomisadas en 48 escenas de crimen desde Guerrero hasta Sonora, áreas de influencia del Cártel de Sinaloa. Hoy mismo ante el mismo Comité, el agente especial William Newell, encargado de la oficina en Phoenix de ATF, se defendió duramente insistiendo que él nunca conoció del tráfico vigilado a México y que toda la información la compartió con la fiscalía federal en Arizona y con sus superiores en Washington.