Uno de los temas centrales de la Reforma Política es el relativo a la seguridad pública. De ahí que el reciente exhorto del Ejecutivo a los legisladores para discutir, valorar y aprobar las propuestas que ha remitido al Congreso para cerrar la brecha entre la política y la sociedad, debe traducirse en una muestra concreta de que el Ejecutivo está dispuesto a renovar, en breve, un añejo y antidemocrático sistema presidencialista que desde hace varias décadas muestra evidentes rezagos, en el contexto de la legislación y la administración pública comparadas.

México, DF, a  21 de septiembre de 2010

Con su venia, señor Presidente.

Señor Secretario.

Señores Legisladores.

Uno de los temas centrales de la Reforma Política es el relativo a la seguridad  pública. De ahí que el reciente exhorto del Ejecutivo a los legisladores para discutir,  valorar y  aprobar las propuestas que ha remitido al Congreso para cerrar la brecha entre la política y la sociedad, debe traducirse en una muestra concreta de que el Ejecutivo está dispuesto a renovar, en breve, un añejo y antidemocrático sistema presidencialista que desde hace varias décadas muestra evidentes rezagos, en el contexto de la legislación y la administración pública comparadas.

Por lo que se refiere a la renovación del Sistema Judicial en materia penal, podemos señalar que el ambicioso programa que se aprobó en los inicios de la actual administración, para avanzar sustancialmente en su instrumentación nacional, a lo largo de este sexenio, observa una severa dilación en la definición y ejecución de las diferentes acciones programáticas, presupuestales, normativas, operativas y tecnológicas que precisa su instauración.

Ello explica el gran rezago que se advierte y que será casi imposible cumplir con las metas y los tiempos que originalmente se comprometieron en este proyecto tan importante.

La  magnitud  de este rezago es enorme, si tenemos en cuenta que los recursos que se pierden en lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada representan alrededor de 154 mil millones de pesos.

El propio Secretario de Hacienda señaló recientemente que “el impacto de tener un estado de derecho, donde se tengan problemas de seguridad y hayan complicaciones en la aplicación de la ley, repercute en la tasa de crecimiento del PIB de 1.2%”.

Hace pocos meses, en el Foro Económico Mundial, se ubicó a México como uno de los países más violentos del mundo. Situación que se ha convertido en serio problema que afecta el desarrollo económico y a la mayoría de las empresas. Los directivos, los trabajadores y las numerosas familias que dependen de esas empresas, volverán a confiar en las instituciones cuando esta situación se resuelva.

En este contexto, es oportuno recordar que en la  reciente  conferencia anual de ese foro, “Perspectivas crediticias y sus consecuencias”, se sostuvo  que la inseguridad tiene impactos económicos en el crecimiento, la inversión a mediano plazo y en los costos fiscales del país.

Bajo estos antecedentes, cómo podemos convencer a la ciudadanía de que se están haciendo los mejores esfuerzos para recuperar el crecimiento y las condiciones de seguridad que por largo tiempo tuvo nuestro país.

No podemos decirle a los millones de ciudadanos que vivían en nuestra frontera norte, y cuya única opción ha sido  reubicarse en las ciudades norteamericanas vecinas, abandonando sus casas, empleos y empresas, para no sucumbir ante la demencia delincuencial, que todos ellos deciden quién los gobierna y que tenemos un auténtico equilibrio entre poderes; y que ha quedado atrás el autoritarismo, la opresión y la censura.

Todos ellos han sufrido una larga impunidad e injusticia, una severa humillación, un miedo colectivo y un abandono gubernamental. Sufrimientos que a diario tocaron a su puerta.

La inveterada ineficiencia de nuestro Sistema de Procuración de Justicia, el inconmensurable rezago que desde hace muchos años campea en los tribunales del país y el rezago de nuestra legislación, aunados a la erosión de los cuerpos policíacos y al desfase que tuvimos en la rápida consolidación de nuestro Sistema de Seguridad Nacional, son las verdaderas causas de una floreciente impunidad; en la cual,  los criminales han evolucionado de primitivos grupos violentos que peleaban por el control de corredores de paso y plazas, a poderosas bandas que controlan municipios y estados, hasta llegar a los cárteles que se valen del terror y la compra de autoridades de todos los niveles del poder público.

Ante el incremento inusitado de los niveles de inseguridad en el país y los graves efectos que sobre la cohesión social ha provocado, no podemos justificar como inevitables las muertes o graves lesiones a aquellos inocentes que son víctimas en los fuegos cruzados, o por los cada vez más frecuentes errores de las fuerzas del orden.

Si bien los márgenes de exigencia del respeto de los derechos y del uso racional y proporcional de la fuerza por parte de las policías y los militares son cada vez más estrechos, y su transgresión eventualmente puede ser justificada como un mal menor, frente a la consecución de un bien superior, tenemos que asegurar en lo sucesivo que el uso legal de la fuerza por parte del Estado, se cuide escrupulosamente la seguridad de la ciudadanía y se evite la comisión de conductas que atenten contra los derechos esenciales de la población.

Por otro lado, en relación al propósito que nos identifica de impulsar la renovación de las instituciones primordiales del país, existe un tema por demás relevante y que es motivo de una iniciativa que presentaremos próximamente, con el objeto de plantear la adecuada ordenación de los sistemas fundamentales en nuestro modelo de impartición y administración de justicia.

En este contexto, podemos afirmar que el tema de seguridad pública tiene la más alta prioridad en la agenda de la actual legislatura. Razón por la cual, las diversas fracciones parlamentarias de ambas Cámaras, han presentado o están formulando diferentes proyectos de iniciativas en la materia.

Dado que para nuestro partido éste es uno de los temas que reviste la mayor  importancia, nuestro grupo parlamentario ha preparado diferentes proyectos en materia de seguridad, que se vinculan con la reordenación del Sistema de Justicia; la modernización del Sistema de Procuración de Justicia; la Reforma del Código de Justicia Militar; el fortalecimiento de las medidas de protección ambiental y de penalización en la materia.

Así como la consolidación de los procedimientos e instituciones de protección ambiental; el mayor control sobre el uso y comercialización del armamento y las diversas armas de fuego; la aplicación de sanciones mayores al crimen organizado y a los servidores públicos que se asocien al mismo, la mayor penalización del secuestro, etc.

Es oportuno destacar que en concordancia con los trabajos que se vienen desarrollando en materia de seguridad pública en el Congreso, recientemente el titular del Ejecutivo Federal presentó a los senadores de su partido, la lista preliminar de las iniciativas que enviará al Congreso en  materia de: Policía con Mando Único en los estados, el fuero militar, el lavado de dinero, la responsabilidad penal de adolescentes.

Diversas adecuaciones al Código Procesal Penal,  los juicios orales, el fuero militar vinculado a la reforma en materia de derechos humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Radilla, etc.

Se ha enfatizado que estas iniciativas tendrán primacía en la Agenda de Seguridad que marcará la administración del Ejecutivo hasta el año 2012.

A dichos planes se suma la lista de los proyectos que han preparado los legisladores sobre la Ley de Procuración de Justicia, la Ley Federal de Fronteras, la Ley Federal de Seguridad Privada, así como la  incorporación de la figura de contención.

A reserva de examinar en detalle estos proyectos, compartimos en principio, el interés existente para configurar la responsabilidad penal de los adolescentes, a fin de establecer medidas de orientación, protección y tratamiento para los menores infractores o la medida de internamiento dependiendo de la gravedad de la conducta ilícita.

De igual forma, estamos de acuerdo en que la Ley Federal de Procuración de Justicia se promueva; otorgar derechos a particulares para lograr que sus denuncias se atiendan de manera sistemática, profunda, oportuna y legal, así como el establecimiento de observatorios ciudadanos que vigilen la actuación de los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Por lo que se refiere a la Ley Federal de Seguridad Privada, coincidimos en la necesidad de lograr una mayor colaboración de las empresas privadas en la prevención situacional. Por otra parte, estimamos que será necesario examinar en detalle la propuesta para incorporar la figura de contención, a fin de asegurar su adecuado sustento constitucional, con el propósito de permitir que un juez pueda retener a un miembro de la delincuencia organizada para efectos de investigación, aunque no se encuentren elementos por el delito específico por el que se le consignó.

Empero, el Poder Legislativo aún no ha sido informado por el Gobierno Federal, sobre la situación y los avances que se han logrado en el tema de seguridad pública, con motivo de las diferentes reformas que han sido aprobadas en la materia. Por ejemplo, se desconoce el número de líneas de celular inhabilitadas, una vez que se ha instrumentado el registro nacional de usuarios de telefonía móvil (RENAUT), tampoco se conoce el avance del Registro Nacional de Automóviles, ni lo relativo al mapeo de cómo se mueven las “armas prohibidas” en el país.

De igual forma, no se tiene información sobre el avance en el almacenamiento de datos en Plataforma México, ni se cuenta con los datos del registro de ex militares, pues los nombres de los desertores sólo los tiene el ejército y no los comparte.

En la guerra frontal que se ha emprendido contra la delincuencia organizada y ante el cruento e inusitado incremento de las víctimas, se advierte un cierto rezago en la remisión al Congreso de la Unión de la Iniciativa de Combate al Lavado de Dinero, presentada recientemente.

De igual forma, en relación con la iniciativa para la creación del Mando Único Policial a nivel estatal, que será enviada próximamente al Congreso. El valor estratégico de ambas iniciativas es tal que éstas debieron instrumentarse sólidamente, antes de emprender el combate generalizado a la delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto, me permito plantear ante ustedes lo siguiente:

i. ¿Cuenta el Gobierno Federal con algún esquema que permita identificar el tiempo y los recursos que en el futuro será necesario invertir para observar un avance sustancial en el decremento de los niveles de inseguridad pública que prevalecen en el país?

ii. ¿Cuáles son las medidas adicionales que deberán instrumentarse para lograr que se abatan considerablemente esos niveles de inseguridad?

iii. ¿Qué apoyos adicionales  se precisan de los Estados Unidos, de otros países y de otras organizaciones internacionales, para mejorar los resultados en el combate a la delincuencia organizada?