Con el permiso de la presidencia,
Compañeras y compañeros legisladores:
Quiero hacer un amplio reconocimiento a las Comisiones Unidas Dictaminadoras y a las senadoras y senadores, y demás cuerpo técnico, que trabajaron arduamente en la construcción del presente proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y diversas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros.
También es importante mencionar que en todo el proceso hubo una amplia apertura y un propio y serio acompañamiento de la fiscalía en aras de lograr el consenso. En función a esto que acabo de describir quiero felicitar a las senadoras y a los senadores de la Comisión de Justicia y en especial al senador Menchaca
Dichas reformas derivan de la urgencia que reviste este tema para combatir desde el aspecto patrimonial al crimen organizado y los grupos de delincuencia. Esta reforma dará una señal contundente a quienes cometan un delito, que no habrá tregua ni impunidad, respecto a los bienes adquiridos de forma ilegal de forma ilegítima.
Asimismo, de aquellos que se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Este dictamen recoge las visiones y diferentes posturas teóricas y doctrinales expresadas por las fuerzas políticas; donde se converge la necesidad de contar con una ley de repercusión nacional, que regule y armonice las disposiciones locales y federales respecto a la figura jurídica de extinción de dominio, con procedimiento y mecanismos para la administración de los bienes sujetos a dicho proceso.
Lo anterior, nos dan la materia y la legitimidad para poder transitar de manera oportuna este dictamen, que ataca por otro frente al crimen organizado, al narcotráfico y a la corrupción.
Que no quede la menor duda, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, trabaja de la mano con las demás fuerzas políticas del Poder Legislativo, para contribuir al cambio de paradigma y al fortalecimiento jurídico de la estrategia que el Poder Ejecutivo ha emprendido para restablecer el orden, garantizar la seguridad pública y la paz de las y los mexicanos en todo el territorio nacional. Siempre dispuestos a dialogar y a debatir, sin embargo no vamos a regatear ni una sola coma en la búsqueda de un México más seguro.
Esta nueva ley, hace un replanteamiento de la extinción de dominio y atiende la demanda social, de contar con una legislación actualizada y más efectiva en materia de recuperación de activos y del ejercicio de la acción con el fin de eliminar obstáculos procedimentales que han impedido desapoderar tanto a organizaciones como a individuos de los recursos patrimoniales de procedencia ilícita.
Además, homologa el actuar de las autoridades competentes, y define las reglas para la protección de las personas que se pudieran ver afectadas en su patrimonio a través del ejercicio de su derecho de audiencia.
Es preciso ponderar que la nueva ley nacional, reitera la concepción de la propiedad privada en términos de su relación estrecha con los valores y principios ético-sociales que fundamentan el Estado, asignando a este derecho una función social.
Ambas precisiones son esenciales para entender la naturaleza y el alcance de la extinción de dominio en nuestro país, así como de esta figura frente a la ciudadanía.
En dicho marco, la Ley prescribe que el valor de los bienes y sus frutos cuyo dominio haya sido declarado extinto se destinará al pago de la reparación del daño causado a las víctimas u ofendidos de los delitos y, en el caso de recursos que hayan pasado a formar parte del patrimonio de la Federación, a programas sociales destinados a la atención de grupos vulnerables conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Por esto y otras razones vamos a apoyar este dictamen.
Con esta incorporación los bienes y recursos arrebatados a la delincuencia podrán ser devueltos a la población a través de hospitales, escuelas y otros servicios dirigidos a promover el bienestar de las personas.
En el Partido Verde consideramos que este nuevo enfoque, contribuirá y ayudará a revertir la crisis de inseguridad que se vive en distintas regiones del país, ya que proveerá de mecanismos más eficaces para la reparación del daño a las víctimas de los delitos a los que se aplica esta figura.
Por las razones expuestas, manifestamos nuestro respaldo y nuestro voto a favor del presente dictamen, en la medida en que aprobemos leyes que fortalezcan la procuración e impartición de justicia, estaremos garantizando el Estado Constitucional de Derecho, y por ende la seguridad y las condiciones para el desarrollo pleno de cada uno de los mexicanos. De esta manera fortalecemos a nuestro país.
Por su atención y su voto a favor,
Muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
