Con la venia de la presidencia,
Compañeras y compañeros legisladores:
Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo.
Traigo esta reflexión a la tribuna porque la iniciativa que hoy presento busca combatir, por otro frente, la lucha decidida que hemos iniciado en el Poder Legislativo contra la inseguridad, la delincuencia organizada y el narcotráfico, con la creación de la Guardia Nacional.
Complementa las reformas constitucionales que recién aprobamos en materia de extinción de dominio. Las cuales buscan agilizar la recuperación de activos y bienes relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión y robo de hidrocarburos.
En general, esta propuesta es concordante con el nuevo enfoque de política pública en educación, seguridad y anticorrupción.
Este gran esfuerzo no podrá rendir los resultados esperados, si no realizamos de manera oportuna, acciones que prevengan el delito y que garanticen la educación.
En el año 2014 se instrumentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tenía como objetivo atender los factores de riesgo y de protección vinculados con la violencia y la delincuencia.
Dentro de sus líneas de acción se enfatizaba que las políticas de prevención necesitan, de manera progresiva, cambios socioculturales, para permitir la configuración de nuevas relaciones libres de violencia y delincuencia.
El enfoque preventivo plantea tres diferentes niveles de intervención: Prevención Universal, Prevención Selectiva, y Prevención Indicada.
En el caso de la prevención selectiva, materia de esta iniciativa, requiere de acciones focalizadas a grupos que registran un mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia o delincuencia, o, por el contrario, de ser víctimas de ellas.
Lamentablemente, en el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, se registró que los factores del ámbito educativo son los que más influyen en el abandono escolar. Es preocupante que el 43% de la población entre 15 y 19 años no asiste a la escuela, las estadísticas de deserción escolar muestran que el problema se incrementa notablemente de la secundaria al nivel medio superior: 5.3% en secundaria y 14.4% en nivel medio superior.
Consideramos que, en la política del nuevo gobierno, y en la instrumentación de nuevas directrices en materia de seguridad pública, es imprescindible que la prevención del delito sea una política permanente y complementaria de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que presentó hace unos días el Presidente de la República, López Obrador.
Este plan propone: acciones de prevención como facilitar el acceso de las personas a salud, a la educación, el trabajo y la vivienda.
En esta nueva estrategia, es muy acertado que dos de sus principales objetivos sean "...el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes que deseen ingresar a los ciclos superiores", así como un replanteamiento moral de la sociedad para promover "nuevas actitudes en la relación entre individuos y el colectivo, además de enfatizar la cultura cívica y ética en los programas de estudio...".
Estos dos postulados, abren una nueva ruta en materia de prevención social del delito, que serán parte fundamental de este ambicioso programa de seguridad pública.
Sin embargo, la política de austeridad republicana requiere de una reingeniería en materia de gasto público, por lo que consideramos como una ventana de oportunidad usar todas las opciones disponibles, para aprovechar de manera eficiente la asignación de recursos.
La presente iniciativa tiene por objeto destinar una parte del fideicomiso público que se conforma de la enajenación de bienes y recursos a través de la extinción de dominio, a las diversas acciones en materia de prevención del delito y, de manera puntual, al otorgamiento de becas para la educación básica y media superior.
A través de la educación y del fortalecimiento de los incentivos a la población estudiantil, se puede incidir positivamente en los índices de violencia e iniciar un proceso de reconciliación nacional.
No debemos escatimar ningún esfuerzo en el combate a la inseguridad, y tampoco debemos desaprovechar las experiencias positivas que demuestran que las políticas de prevención influyen, de manera positiva en la disminución de la incidencia delictiva, pero, sobre todo, contribuyen a la recomposición del tejido social y al fomento de la cultura de la legalidad, elementos que serán determinantes en el replanteamiento que este gobierno, ha emprendido en materia de seguridad pública.
Quiero terminar mi intervención, dando un especial mensaje a los Oaxaqueños y a la sociedad mexicana en general, que esta iniciativa deriva de una promesa de campaña, y con ello refrendo mi compromiso de seguir trabajando por cada una de mis propuestas y por aquellas que contribuyan al bienestar y desarrollo de nuestra gran nación, y por supuesto de mi estado, Oaxaca.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
