· La senadora Corona Nakamura aseguró que también es violencia económica, ya que ese incumplimiento limita a las mujeres, sus hijas e hijos, a vivir una vida digna.
Con el propósito de visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres a través del incumplimiento de las obligaciones alimentarias de un padre con su hija o hijo, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para agregar y señalar ésta como un tipo más de violencia económica.
La senadora explicó que esta reforma es necesaria debido a que “hay formas de violencia que trastocan también a nuestras hijas e hijos por igual”, y agregó que en nuestro Código Civil se establece la obligación alimentaria que los padres asumen con un hijo, la cual es a partir del nacimiento e incluye la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, además de los gastos necesarios para la educación, entre otros.
Agregó que en el Código Penal Federal se establecen penas tanto de prisión como económicas para quien no cumple con sus obligaciones alimentarias o para quien abandone a su cónyuge e hijos sin atender sus necesidades de subsistencia.
Sin embargo, dijo que, a pesar de estar plasmado claramente en ambas normas, en nuestro país se dan cada vez más casos en los cuales el padre se desentiende de la obligación alimentaria que tiene con sus hijas o hijos, ya sea de manera completa o parcial y muchas veces contraviniendo incluso, un mandato judicial.
Apuntó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de denuncias en nuestro país por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar hacia los hijos crece significativamente año con año, y detalló que en el periodo entre enero y agosto del año 2021, se registraron 15 mil 495 denuncias por incumplimiento de estas obligaciones, además de que la cifra de las madres que prefieren evitar enfrentar este proceso legal, es mucho mayor que quienes sí lo hacen.
Aunado a esto, la legisladora lamentó que el proceso legal para establecer el pago de la pensión alimenticia a un menor en nuestro país, es muy difícil e incluso costoso, que requiere de recursos con los que no cuentan las madres que quedan como jefas de familia.
Insistió en que “es muy importante que atendamos el problema de garantizar que todos nuestros menores de edad en el país reciban su pensión alimenticia en tiempo y forma cuando así sea el caso”, por lo que hizo énfasis en que el Estado tiene que visibilizar y señalar puntualmente esta violencia económica contra las mujeres.
Corona Nakamura aseguró que las lagunas legales que existen en nuestros ordenamientos “permiten o solapan que mañosamente los padres tengan muchas formas de evadir esta obligación deliberadamente a pesar de ser una forma directa de violencia en contra de sus hijas o hijos y a su vez de la madre de ellos”.
