Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados.
La Administración Pública es un ente dinámico y cambiante, es por ello que requiere de ajustes legales que le hagan más eficiente y efectiva en el cumplimiento de las obligaciones que le confiere la sociedad.
Con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro país, para modificar la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República como dependencia de la administración pública para transformarla en una fiscalía con plena autonomía.
Esta importante reforma implicó la necesidad de adecuar el marco normativo a las nuevas circunstancias y nuevos retos que tiene la Fiscalía General de la República.
Con la implementación de reformas a los marcos normativos que se encuentran vigentes, se fortalece la capacidad de respuesta de las autoridades a las necesidades que presenta la población, al dotarlos de los medios adecuados para atender y solucionar los problemas que enfrentan de forma cotidiana.
En este sentido, la Comisión de Gobernación y Población, como lo ha comentado la diputada que nos antecedió, presentó a esta soberanía el dictamen por el que se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para regular la representación jurídica de la Federación que se transfiere al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
Lo anterior, con relación a juicios y procedimientos ordinarios contenciosos administrativo o de naturaleza diversa a la jurisdiccional.
En el artículo 90 de nuestra Carta Magna, así como en las leyes aplicables en la materia, se establece la facultad del Ejecutivo federal para representar a la federación, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las secretarías de Estado, en los asuntos en que ésta sea parte.
De tal manera que resulta necesario reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objetivo adecuarla y dotar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de las facultades necesarias para ser la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa del Ejecutivo ante cualquier tipo de juicio y procedimiento determinado.
Con lo anterior, se pretende fortalecer las funciones y facultades en materia de representación que tiene a su cargo dicha dependencia.
Compañeras y compañeros diputados, en el Partido Verde estamos a favor de fortalecer el marco normativo de la Administración Pública Federal para dotar al Ejecutivo de las herramientas jurídicas idóneas para que se cumpla plenamente con las obligaciones que la Constitución y las leyes le confiere.
Con estas acciones, se dará total certeza de la autoridad sobre la que recaerá la representación litigiosa de la federación, salvaguardando los intereses en los asuntos en los que la federación sea parte.
Por lo anteriormente expuesto, que consientes de la necesidad de adecuar el marco normativo a través del cual se definen las funciones y facultades para que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, represente a la Federación en asuntos de interés público, en el Partido Verde, votaremos a favor del presente dictamen.
Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.
