INTERVENCIÓN DE LA DIP. GABRIELA BENAVIDES, PARA PRESENTAR INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBI

Con su permiso presidenta;

Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados,

Es para mí presentar a nombre de mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México esta propuesta de reforma.

El artículo 4to Constitucional reconoce nuestro derecho a un ambiente sano, pero también la obligación del Estado de garantizar ese derecho y esa tarea no es fácil. México se encuentra en una crisis ambiental crítica, una realidad que nos hace especialmente vulnerables frente al cambio climático.

Esta situación es producto de una compleja interacción de factores socioeconómicos, ecológicos y geográficos, que agravan los desafíos que enfrentamos. A pesar de nuestra invaluable riqueza natural, de nuestra gran biodiversidad que está en una amenaza constante.

Es alarmante ver cómo los delitos ambientales son cada vez más frecuentes en nuestro país. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2016 estos crímenes ambientales generaron entre 91 mil millones y 259 mil millones de dólares a nivel global, situándolos como el cuarto crimen más lucrativo a nivel internacional, solo por detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.

Si bien es cierto la seguridad, la salud y la educación son grandes retos del Estado, también lo es atender la crisis ambiental en nuestro país, no solo en México sino a nivel internacional. Este lucro debilita al Estado, perjudica la conservación y agrava la degradación ecológica. Pone en riesgo a defensores del medio ambiente y a la población, mientras la impunidad perpetúa el daño continua y se genera desconfianza en las instituciones.

Es importante destacar que la relación entre el deterioro ambiental y la economía de México es importante. Un informe del INEGI revela que en 2022 los costos asociados al agotamiento y degradación del medio ambiente fueron de 1.2 billones de pesos, lo que equivale al 4.1 por ciento del PIB. Esto quiere decir que una parte significativa de nuestra economía se ve afectada por el daño ambiental.

En 2022, el gasto total del sector público en protección ambiental fue de casi 0.2 billones de pesos, lo que representó el 0.7 por ciento del PIB, un incremento frente al 0.6 por ciento del año anterior.

Aunque la preocupación por el cambio climático y sus efectos en la economía y la salud pública ha ganado relevancia en la agenda política, aún es urgente implementar acciones integrales políticas que aborden estos problemas de forma más efectiva.

Cada año, perdemos aproximadamente 500 mil hectáreas de bosques debido a la tala ilegal, mientras que la caza furtiva y el tráfico de especies en peligro de extinción no solo están diezmando nuestra fauna, sino también debilitando la capacidad de nuestros ecosistemas para sostener la vida. Vemos cómo la contaminación del suelo y cuerpos de agua afecta directamente la salud de nuestra población y cómo compromete los recursos naturales que debemos proteger para las futuras generaciones.

Nuestro planeta es la única casa que tenemos, el medio ambiente debe unirnos y su protección debe de ser nuestra prioridad. No podemos continuar solo siendo testigos de esta devastación, es momento de actuar, de proponer un cambio real.

En este sentido, nuestra propuesta se centra en tres pilares fundamentales: Aumentar las sanciones para quienes atenten contra los recursos naturales, como la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la caza y el tráfico ilegal de especies, clasificar los delitos ambientales como graves, para asegurar su plena persecución y por último, fortalecer la reparación del daño ambiental, exigiendo no solo la compensación económica, sino la restauración de los ecosistemas dañados a través de sanciones y multas adecuadas.

Sabemos que estas medidas no van a resolver totalmente el grave problema, pero si es un paso hacia la dirección correcta. Como hemos enfatizado que quienes contaminan, deben pagar y quienes dañan el medio ambiente deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México, presenta esta iniciativa con el firme compromiso de seguir protegiendo nuestro medio ambiente, nuestra casa.

Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.