Con su venia diputada presidenta.
Hoy tenemos en nuestra consideración un dictamen que impacta directamente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos, me refiero al derecho de acceso a una vivienda digna.
La vivienda no solo es un techo bajo el cual resguardarse, es un derecho fundamental, es el espacio físico que las personas y las familias pueden denominar hogar.
Sin embargo, en administraciones anteriores, concretamente la de Fox, Calderón y Peña, así como sus derivados cárteles inmobiliarios, la política de vivienda consistió en colocar créditos en desarrollo ubicados en lugares inhóspitos, carentes de todo servicio como transporte, agua, seguridad, alumbrado, servicio médico y un largo etcétera.
Aunado a lo anterior, autorizaban viviendas de hasta 27 metros cuadrados, esto dio como resultado el abandono de alrededor de seis millones de viviendas en todo el país, consecuencia de aquellas políticas que difícilmente facilitarían el sano desarrollo de las personas en su integralidad.
Es imperativo que el Estado invierta en la construcción de viviendas públicas y asequibles para evitar la fragmentación de las ciudades, entre quienes pueden permitirse vivir en ellas y quienes son expulsados a las periferias, debemos evitar la gentrificación y garantizar que todos los sectores de la población tengan acceso a un hogar digno.
El reto es mayúsculo, en México tenemos un déficit habitacional de alrededor de nueve millones de viviendas, por lo que es necesario la colaboración de los tres Poderes de la Unión y de los tres órganos de gobierno, enfatizando los esfuerzos en instituciones como el INFONAVIT, el FOVISSSTE, la CONAVI, la SEDATU y los diferentes organismos estatales de vivienda de todo el país.
Aprovechemos las políticas ligadas al nearshoring, que busca crear polos de desarrollo, como en el Estado de México donde se construirán 165 mil viviendas nuevas y se mejorarán más de 100 mil, este tipo de inversiones combate la especulación inmobiliaria, fomentando que las ciudades sean más inclusivas y sostenibles para que las familias de escasos recursos y de clase media puedan acceder a una vivienda cercana a su entorno.
Otro eje importante es la seguridad jurídica, por eso se prevé que este sea el sexenio donde más títulos de propiedad se otorguen y así dar certeza patrimonial a las familias mexicanas.
La vivienda debe ser incluyente, por eso en el Partido Verde impulsaremos una agenda para que los diseños de estas nuevas viviendas sean funcionales para personas adultas mayores, con movilidad reducida y discapacidad, una política de vivienda justa no solo resuelve un problema habitacional, sino que impulsa el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto.
La visión de una mujer, como jefa del estado mexicano permitirá que este asuma su responsabilidad como garante del bienestar social y asegure que la vivienda sea un derecho para todos y no un privilegio para unos cuantos.
Es cuanto, diputada presidenta.
