Ejidatarios de la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, afectados por la crisis hídrica de la Cuenca del Río Colorado demandan una distribución justa y equitativa de los recursos del Programa de Conservación de Agua, acordado en marzo pasado, para solventar su situación económica con un programa de descanso de tierras e infraestructura hidroagrícola.
Representados por la diputada federal Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, comisariados ejidales del Valle de Mexicali y usuarios del Distrito de Riego 014, expusieron que su situación es crítica y externaron la necesidad de contar con el 90 por ciento de los recursos disponibles, es decir 54 millones de dólares para un programa de descanso de tierras que beneficie directamente a los usuarios del riego afectados y, por otra parte, un 10 por ciento, seis millones de dólares, para infraestructura hidroagrícola, infraestructura y crisis hídrica.
La diputada por Baja California, explicó que la Cuenca del Río Colorado, abastece a más de 40 millones de personas, en siete estados de la Unión Americana, así como a la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. Sin embargo, este río enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, la mayor sequía en los últimos 100 años, acentuada desde finales de los años noventa.
Ante ello, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la IBWC, acordaron como medidas adicionales de emergencia, en el Acta 330, firmada el 21 de marzo de este año, un programa de conservación de agua, lo que implica que dejará de enviar a México, 493.4 millones de metros cúbicos en el inter de los años 2024, 2025 y 2026.
Así mismo, en el acta, se establecieron 65 millones de dólares como compensación por los recortes que afectan directamente a los derechos de riego de los usuarios y a partir de ello, se propuso por parte de los usuarios de riego, un pago de mil 250 dólares por hectárea que se decida voluntariamente poner en descanso.
Los comisariados ejidales precisaron que las tierras que se descansan, son las menos productivas, las que se irrigan con agua de gravedad y donde se siembran cultivos con precios deprimidos,
No obstante, señalan que la situación es crítica considerando las condiciones productivas de esas tierras, de esta manera, dicha compensación de CILA representa en la actualidad el único sustento de los agricultores.
Por otra parte, indican que la cantidad que sugiere la autoridad de agua, la Conagua y el DR 014, para el descanso de tierras, siete mil pesos por hectárea, no es suficiente para la supervivencia y recuperación económica de los agricultores, por lo que recibir dicha cantidad generaría graves problemas sociales y productivos.
La diputada ecologista, resaltó que es por esta razón que los usuarios proponen una distribución más justa, equitativa, transparente y humanitaria de los acuerdos y, además, proponen utilizar los recursos aún disponibles del orden de 21.5 millones de dólares, del Acta 323, firmada en el 2017, para ejercerlos en el desarrollo de infraestructura hidroagrícola.
