PROTEGER A USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO MEDIANTE UNA FIANZA PARA AEROLÍNEAS, PROPONE EL PARTIDO VERDE

• Busca Partido Verde proteger economía de usuarios de transporte aéreo ante cancelaciones.

Con la finalidad de proteger a los usuarios del transporte aéreo y evitar que los pasajeros se queden varados en los aeropuertos del país como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas, el Partido Verde presentó una iniciativa de ley que busca garantizar los derechos de los consumidores.

Diego Cobo Terrazas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara Baja, explicó que la crisis que atraviesa la industria de la aviación en nuestro país ha provocado, entre otras cuestiones, que diversas aerolíneas incumplan con las obligaciones previstas en sus títulos de concesión.

En los últimos años, dijo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha instaurado diversos procedimientos administrativos en contra de compañías que incumplieron con el pago de derechos por el uso del espacio aéreo nacional, servicios aeroportuarios, combustibles y, han presentado graves deficiencias en el mantenimiento y operación de sus aeronaves.

Estas causas, consideró el legislador ecologista, facultan a la autoridad para suspender los vuelos de las aerolíneas infractoras, tal y como ha ocurrido en los últimos años con Aerocalifornia, A Volar, Azteca, Alma y recientemente Aviacsa.

En fechas recientes hemos sido testigos nuevamente de los inconvenientes a los que se enfrentan los pasajeros que sufren la cancelación del vuelo que tenían programado realizar, quienes además de resentir las consecuencias de no arribar a su destino en el día y hora programada, se enfrentan a la desinformación, tardanzas en el reembolso de sus pagos o la necesidad de efectuar pagos extras a otras aerolíneas para asegurar su traslado, por citar sólo las más frecuentes, destacó.

Por ello, indicó, la propuesta incluye en la Ley de Aviación Civil un mecanismo que prohíbe el retardo injustificado en el pago de los reembolsos y compensaciones a las que tienen derecho los pasajeros afectados por la sobreventa o la cancelación de un vuelo por causas atribuibles a las aerolíneas, y  garantice el cumplimiento efectivo de estas obligaciones por parte de las aerolíneas.

Aclaró que si bien es cierto, en algunos casos, una resolución de la autoridad competente es la causa por la que la aerolínea incumple con su obligación de transportar a los pasajeros que han adquirido un boleto; esto no debe ser pretexto para que la compañía no cumpla en tiempo y forma con las obligaciones que tiene frente a los pasajeros afectados por vuelos cancelados, toda vez que si la autoridad le ha prohibido la operación de sus aeronaves, ha sido por causas que en última instancia sólo son aplicables a la aerolínea de que se trate.

Cobo Terrazas expresó que la iniciativa adiciona un artículo 52 bis a la Ley de Aviación Civil, a efecto de señalar que las aerolíneas tienen obligación de reembolsar el precio del boleto de avión y las indemnizaciones a los pasajeros que así los solicite y a los que tengan derecho a éstas últimas, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas hábiles posteriores al día en que el pasajero lo haya solicitado. De lo contrario dichas cantidades comenzarán a generar un interés que se calculará con base en el costo porcentual promedio de captación que determine el Banco de México, o cualquier otra tasa que la sustituya oficialmente como indicador del costo de los recursos financieros.

Agregó que esta disposición pretende impedir la demora en el pago por parte de la aerolínea, dado que una vez agotado el término que la ley les concede para cumplir con dicha obligación, deberán reembolsar al usuario no sólo la cantidad que pagó por el boleto de avión cancelado y la indemnización de por lo menos el 25% del costo total del boleto que prevé la Ley, sino que además deberá cubrir una cantidad extra por concepto de intereses que se incrementará en tanto el pago no sea realizado de forma correcta.

El impulsor de la propuesta añadió que en el segundo párrafo del artículo 52 bis de la Ley de Aviación Civil, se prevé la obligación de los concesionarios y permisionarios de constituir una fianza a favor de la Secretaría por el monto que ésta misma determine anualmente, para garantizar el pago de las obligaciones que surjan en caso de cancelación de vuelos. Esta disposición resulta relevante, puesto que de poco servirá que se imponga la obligación de pagar, aun con intereses, si no existe un mecanismo que garantice que dicho pago se efectuará.

Diego Cobo informó que la iniciativa propone reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de que en dicho ordenamiento se prevea que para determinar el monto de los reembolsos y las indemnizaciones de consumidores afectados por permisionarios y concesionarios de los servicios de aerolíneas, se deberá de atender, además las disposiciones contenidas en la Ley de Aviación Civil, a efecto de armonizar ambos ordenamientos.

Apuntó finalmente que la iniciativa establece como requisito para aquellas aerolíneas que quieran operar en territorio nacional, la presentación de una fianza que respalde a la empresa en caso de incumplimiento de sus obligaciones adquiridas con los pasajeros. Igualmente se buscará dotar de mayores atribuciones a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de que garantice el derecho de los usuarios del transporte aéreo.

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BUSCA EL PARTIDO VERDE DISMINUIR EMISIONES CONTAMINANTES, A TRAVÉS DE  BONOS AMBIENTALES

 
 
El Partido Verde presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa que busca disminuir los efectos causados al medio ambiente, con la creación del instrumento denominado “bono ambiental” que funcionará como un mecanismo económico financiero y que ayudará a compensar las emisiones contaminantes derivadas del uso de combustibles fósiles, minerales y de cualquier otra naturaleza.

El diputado federal por Zacatecas, Carlos Puente Salas, mencionó que los ingresos que se obtengan por la recaudación de estos bonos se destinarán al Fideicomiso para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, con lo que se buscará equilibrar los daños ocasionados al ambiente.
 
En este contexto, advirtió que en las últimas cinco décadas la emisión de gases de efecto invernadero aumentó debido a la intensidad de las actividades humanas y la destrucción de ecosistemas, lo que ocasiona que más energía quede atrapada en la atmósfera y que aumente gradualmente la temperatura.
 
“Esta situación es conocida como cambio climático y es el principal responsable de la intensidad y la frecuencia de fenómenos meteorológicos, tanto en el mar como en tierra, lo que provoca que se incremente la escasez del agua y las enfermedades infecciosas”, precisó.
 
Puente Salas indicó que nuestro país emite anualmente 643 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que corresponden al 2 por ciento de emisiones mundiales, y por consiguiente ocupa el lugar 14 entre los países con mayores emisiones.
 
En este sentido, destacó el legislador, en el Partido Verde consideramos urgente adecuar el marco legal para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de una reforma energética integral para nuestro país.
 
Para enfrentar esta situación, expresó Puente Salas, el gobierno mexicano creó en 2005 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, cuyo objetivo es formular e implantar políticas de control de emisiones contaminantes y adaptación a los efectos del cambio climático.
 
Sin embargo, dijo que estas acciones del gobierno aún son insuficientes, y mencionó que una de las propuestas que considera su iniciativa es impulsar la creación de nuevas tecnologías que no tengan como base los combustibles fósiles, o que los aprovechen a su máximo rendimiento.
 
Explicó que para obtener los beneficios de los “bonos ambientales”, las personas físicas o morales deberán, por sí mismas o a través de un representante autorizado, solicitar ante la Secretaría de Energía el visto bueno del proyecto que deseen realizar, y determinar el número de derechos de emisión equivalente.
 
“En el caso de que los proyectos registrados no se lleven a cabo conforme a las condiciones establecidas, la Secretaría de Energía podrá solicitar a la de Medio Ambiente que revoque el certificado de emisiones de CO2 y proceda, en consecuencia, al cobro efectivo de las emisiones que fueron reducidas por amparo del certificado”, precisó.
 
Finalmente, el diputado ecologista mencionó que la naturaleza y finalidad de los “bonos ambientales” no tiene relación con la propuesta de bonos ciudadanos, contenida en las iniciativas en materia petrolera, presentadas por Ejecutivo federal el 9 de abril de 2008.

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CEN PVEM

DEBE LA FEPADE ACLARAR SI EL OMBUDSMAN CAPITALINO, EMILIO ÁLVAREZ ICAZA INCURRE EN DELITO ELECTORAL, PARTIDO VERDE

• Inaceptable para el Partido Verde la intromisión Emilio Álvarez Icaza, titular de la CDHF en el proceso electoral

• Ampliará el Partido Verde su iniciativa sobre pena de muerte, a efecto de que secuestradores y asesinos tengan durante todo el proceso en su contra, la asistencia y asesoría de las Comisiones de Derechos Humanos, a fin de garantizar un juicio justo: Xavier López Adame

Diputados Federales y Locales del Partido Verde presentaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República denuncia contra el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, ya que utiliza el organismo que encabeza para emprender una campaña en contra de la iniciativa sobre pena de muerte.

Gloria Lavara Mejía, Xavier López Adame y María del Carmen Peralta Vaquiero solicitaron a la FEPADE investigar y determinar, si el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal incurre en un delito electoral al intervenir, apoyar y emprender acciones para denostar al Partido Verde y lanzar una campaña contra la propuesta emprendida por este instituto político.

“Solicitamos a la FEPADE investigue si los recursos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal son utilizados por su titular, Emilio Álvarez para intervenir en esta contienda electoral”, señalaron.

Si bien, López Adame, reconoció el derecho del presidente de la CDHDF a expresar su punto de vista sobre el tema, advirtió “él no tiene facultades para involucrarse en una discusión legislativa. Además sus señalamientos son impropios de un titular de Derechos Humanos, eso es inaceptable”, condenó.

El legislador federal insistió que la pena de muerte sólo se aplicará a secuestradores y asesinos; y en razón de que el ombudsman está preocupado por sus derechos, el Partido Verde ampliará en su iniciativa para que  de oficio las Comisiones de Derechos Humanos en todos los estados intervengan en los juicios en contra de secuestradores y asesinos, a fin de ofrecer garantías de juicio justo.

López Adame, recordó al titular de la CDHDF que las cárceles ya no son instrumentos de sanción ni de rehabilitación social, “lo que estamos viendo es que esos lugares son una extensión de las actividades de los delincuentes”.

Por lo que recomendó, a Álvarez Icaza canalizar recursos del organismo para encontrar soluciones, en lugar de descalificar acciones para defender los derechos de las víctimas de secuestro.

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ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL QUE DENIGRA A MILES DE NIÑAS Y NIÑOS EN MÉXICO, PROMUEVE EL PARTIDO VERDE 

• “México presenta una situación alarmante porque aproximadamente tres millones de infantes trabajan lo que les impide acceder adecuadamente a la educación”. Carlos Puente

• Llama el Partido Verde al Ejecutivo Federal a tomar acciones y medidas urgentes para cumplir con su obligación de proteger de la explotación laboral a miles de niños, niñas y adolescentes en el país

• “Las desigualdades y las diferencias entre los entornos rural y urbano siguen profundamente arraigas, pero son las niñas las que resultan particularmente perjudicadas por la discriminación”. Puente Salas

Pese a que las leyes mexicanas establecen que la edad mínima para ingresar al trabajo son los 14 años, en Chiapas, Veracruz y Puebla, se vulneran los derechos de los menores, toda vez que esos estados son los de mayor explotación laboral infantil e incluso expuestos a graves peligros, denunció Carlos Alberto Puente Salas, diputado federal del Partido Verde.

Al conmemorarse el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, este 12 de junio, el legislador ecologista, refirió que de acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo existen 218 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años que trabajan; de estos, 152 millones lo hacen en actividades peligrosas y alrededor de 132 millones se dedican a la agricultura, generalmente como jornaleros.

“Lamentablemente en México tenemos una situación alarmante porque aproximadamente tres millones de infantes, es decir, uno de cada seis niños trabaja, lo que equivale a poco más del 16 por ciento del total de pequeños en el país”, condenó.

Entre las actividades consideradas peligrosas para los infantes, se encuentran la agricultura, minería y la construcción, que en la mayoría de los casos, representan para los niños las peores formas de trabajo infantil, por lo que resulta urgente eliminar aquellas labores riesgosas que atentan contra el desarrollo moral de la infancia de millones de pequeños.

Puente Salas mencionó que actualmente cientos de miles de niñas y niños están sometidos a un trabajo que les impide acceder adecuadamente a la educación, pues sólo el 29 por ciento de adolescentes que trabajan en el país, asisten a la escuela, lo que violenta sus derechos fundamentales.

Recordó que otro grave problema, y que parece haber sido olvidado, es el tema de los niños soldados, que son reclutados involuntariamente en los ejércitos de países subdesarrollados, como África sub-sahariana y África Central.

Otra de las peores formas de trabajo infantil que no ha recibido mucha atención es la trata de niños y niñas. De acurdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se calcula que 1.2 millones de menores son comercializados sexualmente al año.

Sin olvidar, a los menores que realizan actividades en el servicio doméstico, este trabajo suele ser oculto y peligroso, lo que deriva en explotación extrema de las niñas en las peores formas de trabajo infantil, esclavitud, prostitución y pornografía”, sostuvo el diputado ecologista.

Derivado de lo anterior, el legislador llamó al Ejecutivo Federal para que tome acciones y medidas urgentes para cumplir con su obligación de proteger de la explotación laboral a miles de niños, niñas y adolescentes en el país.

Además de que inicie medidas urgentes para erradicar las peores formas de trabajo infantil, así como de una mayor atención a las necesidades en educación y formación de capacidades de los adolescentes para que accedan a un trabajo decente en la edad adulta.

Puente Salas, subrayó que en su mayor parte, el trabajo infantil es producto de la pobreza, “las desigualdades y las diferencias entre los entornos rural y urbano siguen profundamente arraigas, pero son las niñas las que resultan particularmente perjudicadas por la discriminación”.

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DEFENDER LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERESES PARTICULARES TURBIOS: PARTIDO VERDE 

• “Dentro de las sanciones se propone clausurar las construcciones que no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental”: Diego Cobo

Promueve el Partido Verde una iniciativa que obliga a las autoridades ambientales a difundir públicamente de manera rápida, las manifestaciones de impacto ambiental que son puestas a su consideración para brindarle a la sociedad una posición abierta a la consulta, opinión y vigilancia ciudadana.

Así lo dio a conocer el diputado Diego Cobo Terrazas, quien recordó que la protección del ambiente y sus recursos se ha vuelto un asunto de orden público e interés social, lo que obliga a las naciones del planeta a implementar dentro de sus marcos jurídicos, normas para regular las conductas humanas en pro de la conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica.

Dos de estos instrumentos, dijo el legislador, se refieren a la manifestación de impacto ambiental y las áreas naturales protegidas, ambos considerados ya en una gran cantidad de Convenciones y Tratados Internacionales sobre la materia.

Al referirse al primer punto, Cobo Terrazas lamentó que en México, al pasar de los años, la evaluación de impacto ambiental ha ido perdiendo el carácter preventivo con el cual fue concebida, ya que las autoridades encargadas de su aplicación manipulan jurídicamente este instrumento y actúan en algunos casos en contra del cuidado del ambiente, al otorgar permisos sin los estudios de impacto ambiental, o bien, ocultándolos para beneficio propio.

Debemos reconocer, señaló, que “nuestra legislación cuenta con vacíos jurídicos que la hacen flexible y benevolente, razón por la cual en algunos casos los proyectos que son sujetos  a la evaluación de impacto ambiental pueden ser ambientalmente inviables, pero jurídicamente posibles”.

En este contexto, el presidente de la comisión de Medio Ambiente, indicó que tanto las Áreas Naturales Protegidas como la manifestación de impacto ambiental, contemplados dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, han quedado rebasadas.

Por lo cual y atendiendo a que nuestros ordenamientos jurídicos deben tener un comportamiento tan dinámico como las conductas sociales que regulan, es necesario llevar a cabo modificaciones en los rubros antes mencionados para adecuarlos a la realidad nacional”, aseguró.

Diego Cobo mencionó que uno de los puntos que considera la iniciativa es que “en los casos en que se evalúe el impacto ambiental del cambio de uso de suelo forestal  para la realización de obras o actividades agropecuarias, la Secretaría de Medio Ambiente, deberá prevenir y evitar los posibles riesgos que el uso de organismos genéticamente modificados pudiera ocasionar al ambiente y la biodiversidad”.

Subrayó las sanciones que se proponen dentro de este proyecto de decreto, como la clausura de los lugares de las obras o actividades que no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental.

Por otra parte, el legislador ecologista explicó que los procedimientos de declaratoria de Áreas Naturales Protegidas establecidos dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, revelaron con el tiempo una serie de inconsistencias jurídicas que han permitido que muchas personas desinteresadas en la conservación de estos ecosistemas, se amparen y continúen con actividades que lesionan el ambiente.

En este sentido, el diputado aclaró finalmente que la iniciativa propuesta trata de que la constitución de las Áreas Naturales Protegidas sea eficaz, fortaleciendo su carácter como un ordenamiento jurídico especial de protección y cuidado de éstas.

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ERRADICAR LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA A TRAVÉS DE CENTROS ESPECIALES PARA AGRESORES, PROPONE EL PARTIDO VERDE

•  La propuesta plantea beneficios no sólo para los agresores, sino para las mujeres, ya que se busca protegerla cuando por diferentes razones continúa conviviendo con el ofensor.
•  El agresor estará obligado a asistir a dicho centro cuando se le determine por mandato de autoridad competente o por iniciativa propia.

Como resultado del incremento en las agresiones a niños y ancianos, pero principalmente a mujeres por parte de sus cónyuges, el grupo parlamentario del Partido Verde, impulsa una iniciativa para establecer de manera obligatoria en todo el país, centros de atención especializados para agresores.

La diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz; y una violación y anulación del disfrute de los derechos humanos y las libertades del género femenino.

La legisladora planteó que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la violencia basada en género es uno de los abusos contra los derechos humanos y uno de los problemas de salud pública más difundidos en el mundo actual, que afecta a una de cada tres mujeres y es también una manifestación extrema de la desigualdad de género, que se basa en la subordinación del sexo femenino en relación con el masculino.

Esta situación, subrayó, afecta la salud física y mental de las mujeres y niñas, así como el desarrollo de la sociedad en general por ello, dijo, nuestra propuesta pretende reformar diversas disposiciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Estas reformas, agregó, permitirán adoptar todas las medidas que sean necesarias para erradicar un mal que tanto daña a la familia mexicana, es decir, los centros de atención especializada permitirán una reeducación psicosocial de los agresores, para lograr un ajuste que les posibilite reinsertarse en la sociedad, con la garantía de haber erradicado la violencia en sus hábitos de conducta.

Manrique Guevara insistió en que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en su “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, se desprende que en el país de los 21  millones 631 mil 993 mujeres casadas o unidas de 15 años o más; fueron violentadas a lo largo de su relación, 10 millones 088 mil 340, lo que demuestra un alto índice de violencia de género, al representar a casi la mitad de las mujeres encuestadas, es decir el 46.7 por ciento.

En este sentido, la también secretaria de la Comisión de Salud, aseguró que la reforma planteada resultaría benéfica no sólo para los agresores sino también para las mujeres, “debido a que aún cuando se busca implementar acciones dirigidas a éstos, su objetivo fundamental es protegerla, cuando, por diferentes razones continúa conviviendo con el ofensor”.

 Reconoció que actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé la creación de modelos de atención que brinden servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, pero no se contempla la posibilidad de apoyar la creación de Centros de Atención Especializados para Agresores, que además de brindar servicios de reeducación integral, proporcionen tratamiento psicológico especializado y gratuito.

Derivado de lo anterior, la legisladora explicó que en la iniciativa  se expone que el agresor podrá optar por acudir voluntariamente a un centro de atención especializada para obtener la asistencia adecuada e integrarse nuevamente a la vida social.

“Estará obligado a asistir a dicho centro cuando se le determine por mandato de autoridad competente”, anexó

Aclaró que las personas que laboren en los centros mencionados, deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen sus actividades, y en ningún caso, podrán trabajar en estos lugares personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.

La diputada Manrique Guevara dijo finalmente, que la iniciativa contempla proporcionar al agresor talleres educativos integrales, para motivar su reflexión sobre los patrones socioculturales que generan en ellos conductas violentas y eliminar los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generan su violencia.

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PIDE PARTIDO VERDE A DIPUTADOS DE LA ALDF, NO CONGELAR CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA PENA DE MUERTE

• El DF es una de las entidades con mayor número de secuestros
• No le quitemos el derecho a opinar a los ciudadanos: Peralta Vaqueiro.
• Presentarán diputados federales un punto de acuerdo para exhortar a la ALDF a aprobar la consulta ciudadana sobre la pena de muerte.

Los diputados del  Partido Verde Ecologista de México presentaron  una excitativa a la mesa directiva de la Diputación Permanente de la ALDF para que en un término no mayor a 5 días las Comisiones de Participación Ciudadana y Administración y Procuración de Justicia, dictaminen el Punto de Acuerdo sobre consulta ciudadana en la Ciudad de México en torno a la aplicación de la pena de muerte para secuestradores y asesinos.

En las escalinatas del Recinto Legislativo local, la diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, recordó que el Punto de Acuerdo se presentó el pasado 3 de septiembre de 2008 y hasta el momento ni siquiera se ha puesto a consideración de los integrantes de esas comisiones.

“Los ciudadanos tienen derecho a externar su opinión ya sea a favor o en contra sobre los grandes problemas que aquejan a la ciudad, no les quitemos ese derecho, sobre todo cuando se trata de su integridad física y las de sus familiares”, agregó.

Explicó que el punto de acuerdo solicita a la Comisión de Gobierno celebre un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal para que se realice dicha consulta y se anexan documentos con poco más de mil firmas de ciudadanos que avalan la propuesta.

Peralta Vaqueiro, recordó que algunos estudios ubican a México en el primer lugar en el delito del secuestro, y tan sólo en siete meses, entre septiembre de 2008 y abril de 2009 hubo 774 casos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La legisladora enfatizó que los políticos deben tener claro el mensaje que en muchas ocasiones mandan los ciudadanos, en el sentido de que ya quieren ver acciones concretas, quieren salir a las calles con tranquilidad.

Toda vez que los delincuentes han encontrado en el plagio de personas una actividad de poco riesgo y grandes ganancias, ahora maniobran de una forma más violenta, utilizando organización y tecnologías modernas, ante los cuales el Estado ha quedado impotente, dijo la legisladora.

Y es que es muy significativo que ese ejercicio democrático se realice en la Ciudad de México ya que se trata de una de las entidades con mayores índices de secuestros a nivel nacional, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal el año pasado se reportaron 139 secuestros.

Al respecto, la diputada federal con licencia, Gloria Lavara recordó que el 20 de agosto de 2008 los diputados del PVEM presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de siete iniciativas tendientes a reducir la incidencia de secuestros en el país, con medidas que incluyen la aplicación de la pena de muerte en algunas modalidades de ese delito.

Explicó que el Partido Verde propone reformar el artículo 22 constitucional para contemplar la aplicación de la pena capital a los servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad que participen en el plagio de una persona, así como a los secuestradores que asesinen o mutilen a una víctima.

Finalmente el Diputado Federal Carlos Puente Salas adelantó que presentarán en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que se exhorte a la ALDF para que apruebe la consulta ciudadana que el Partido Verde solicitó desde hace casi un año.

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LLAMA EL PARTIDO VERDE A SEMANART, PROFEPA Y AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES APLICAR CON RIGOR LAS LEYES AMBIENTALES

• En riesgo de colapso los océanos ante la sobreexplotación de especies y contaminación de pesticidas, basura y derrames industriales: Mariana Boy.
• Refrenda el Partido Verde su compromiso de legislar a favor del medio ambiente: Diego Cobo

Ante la problemática que enfrentan actualmente los Océanos, el Partido Verde exhorta a las autoridades nacionales a emprender medidas urgentes que aseguren la protección marina, la pesca sostenible y la reducción significativa de la contaminación marina para el cuidado y conservación de estos ecosistemas.

En el marco del Día Mundial de los Océanos conmemorado el pasado 8 de junio, militantes, simpatizantes y dirigentes de este instituto político realizaron un acto público con inflables gigantes de especies marinas. Durante este evento, Mariana Boy Tamborrell, secretaria de Ecología y Medio Ambiente del CEN del Partido Verde apeló a la sensibilidad de la población, a fin de que ésta colabore en cuidar y proteger las playas, evitando comprar o usar productos provenientes del medio marino, así como utilizar bronceadores y protectores biodegradables para permitirle a los océanos recuperar su equilibrio alterado.

La dirigente ecologista, informó que otro factor de riesgo para los océanos es la sobrepesca, pues esta actividad altera la biodiversidad marina e inclusive algunas especies son capturadas hasta su extinción.

De continuar a ese ritmo, advirtió “para el año 2050 todas las especies marinas de explotación comercial habrán llegado a una situación de colapso, alterando el equilibrio ecológico del planeta”.

Boy Tamborrell, destacó que los océanos son parte esencial de la biosfera, debido a que influyen en el clima, en nuestra salud y en el bienestar de la naturaleza, una prueba de ello, dijo, es que actúan como amortiguadores del calentamiento global; sin embargo, su afectación ha traído como consecuencia la alteración de fenómenos ambientales como El Niño o La Niña.
“La elevación en la temperatura de los océanos incrementa la presencia e intensidad de tormentas tropicales y huracanes con sus respectivas repercusiones económicas, sociales y ambientales”, señaló.

Paralelamente, los océanos se ven afectados por la contaminación marina que se genera ante la carencia e ineficiencia de servicios municipales de limpia y recolección de residuos, así como el pésimo alcantarillado y sistema de drenaje de las ciudades que provocan que la basura se deposite a lo largo de las costas.

De igual forma, los derrames de la industria turística, de la minería, los pesticidas y los vertidos radiactivos son una fuente de contaminación en el mar. A lo que se suma, el transporte marítimo y la navegación, pues estas dos actividades aportan alrededor del 12 por ciento de contaminantes, alertó.

En su oportunidad, Diego Cobo Terrazas, Coordinador de los Diputados del Partido Verde en San Lázaro, informó que los legisladores ecologistas presentaron un proyecto de decreto para reformar la Ley del Mar y de Navegación para incrementar los esfuerzos legales y los mecanismo jurídicos para la protección y preservación de los océanos, especialmente en lo que se refiere al doble casco de protección que deben utilizar los buques que transportan hidrocarburos y sustancias peligrosas.

“A pesar de que México firmó el Acuerdo de Marpol que obliga a que nuestros barcos tengan doble casco de protección para evitar derrames, esto todavía no ocurre. PEMEX apenas está en proceso de adquisición de los primeros barcos que contarán con el doble casco. Además PEMEX ha sido especialmente irresponsable en las zonas costeras y marinas, donde frecuentemente se dan accidentes en las plataformas petroleras; necesitamos terminar con eso y contar con una empresa responsable que utilice tecnología que permita evitar estas situaciones” demandó.

Cobo Terrazas, recordó que también se presentó una iniciativa para reformar algunas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a efecto de reconocer todas las especies de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo y prohibir las artes de pesca no selectivas.

De esta forma, señaló, el Partido Verde ha contribuido en la preservación y protección de los océanos. No obstante, insistió, las autoridades deben reforzar las acciones de vigilancia y aplicación de la ley, de lo contrario, nos acercamos a un punto crítico.

“En este sentido, exhortamos a la SEMANART, a la PROFEPA y a las autoridades municipales y estatales aplicar con rigor las normativas ambientales que tengan que ver con los recursos marinos y con la explotación en las costas para proteger las especies que se encuentran en esos ecosistemas y fomentar una pesca sustentable y un turismo responsable, así como un desarrollo urbano ordenado, de manera que no generen alteraciones en las costas, zonas de manglar y playas del país”.

Por último los legisladores y dirigentes ecologistas manifestaron su reconocimiento a la Marina Armada de México, por su compromiso e importante labor para proteger la soberanía del mar territorial y su lucha para conservar su ecosistema.

Con una gran ballena inflable de 10 metros de longitud, así como otras figuras marinas representativas y globos de peces, los militantes del Partido Verde conmemoraron a los océanos, a fin de generar conciencia entre la población citadina de la Ciudad de México. Igualmente se distribuyeron folletos relativos a esta importante fecha.

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EL PARTIDO VERDE HA LEGISLADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DARLE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS AL GOBIERNO PARA ABATIR A LA DELINCUENCIA EN EL PAÍS

• Deben los partidos políticos, mandatarios estatales y municipales, pero sobre todo la sociedad civil hacer un frente común en torno del esfuerzo federal para superar al crimen organizado: Gloria Lavara

Para superar la penetración e incremento del crimen organizado es fundamental la corresponsabilidad y solidaridad a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para abatir a la delincuencia, demandó el Partido Verde, quien dio su apoyo absoluto al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa en su lucha.

Para ello, este instituto político presentó diversas iniciativas para combatir el crimen organizado desde diversos ángulos, recordó Gloria Lavara Mejía, diputada federal con licencia.

Entre las propuestas, está la iniciativa de reformar la ley en materia aduanera, a fin de detener el tráfico ilegal de armas en la frontera con Estados Unidos, lo que permitirá que los cárteles de la droga no tengan los medios armamentistas para enfrentar a los cuerpos policiacos, comentó la legisladora.

Asimismo se planteó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, a efecto de que el delito de privación ilegal de la libertad, o secuestro, sea exclusivamente de competencia federal. De esta manera, una sola autoridad será responsable de proceder frente a estos actos ilícitos, además de que las sanciones serán las mismas en todo el país.

La vocera del tema, dijo, que de forma complementaria, se encuentran las adecuaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, brinde mayor atención a los delitos del fuero común y no del fuero federal, puesto que los primeros constituyen el 92 por ciento del total de los delitos.

Lavara Mejía, destacó que un punto importante es atender el rezago educativo entre los elementos policiacos, así como garantizar que sus salarios (a nivel federal y estatal) sean dignos y suficientes, en suma que se estandaricen los sueldos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Lo cual, se logrará a través de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional pública.

Para detener la corrupción, -punto clave para abatir el contubernio entre los delincuentes y cuerpos policiacos-, el Partido Verde propone una depuración de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Además de que se endurezcan los procesos de selección del nuevo personal para detectar y eliminar a sujetos deshonestos en todos los niveles.

De esta forma, el Partido Verde refrenda su compromiso para legislar a favor y en beneficios de la seguridad social y económica de la población, lo que conlleva a fortalecer actividades del Poder Ejecutivo en contra del crimen organizado.

Finalmente, llamó a todas las fuerzas políticas del país, mandatarios estatales y municipales, pero sobre todo a la sociedad civil hacer un frente común en torno del esfuerzo federal, en virtud de que la seguridad de la población es primordial y no hay cabida a diferencias partidistas e ideológicas.

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EL DEBATE DE LA PENA DE MUERTE NO PUEDE SER REDUCIDO A UN ASUNTO DE VENGANZA O INTERÉS ELECTORAL: PARTIDO VERDE

• Inconcebible el uso político de la CDHDF: Gloria Lavara
• México, tiene el primer lugar en secuestros, por encima de Irak, India y Colombia
• FEPADE debe investigar si la CDHDF incurre en delito electoral

Inaceptable para el Partido Verde que Emilio Álvarez Icaza, utilice la infraestructura y recursos económicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que encabeza, “para emprender una campaña en defensa de secuestradores y asesinos” interviniendo en la contienda electoral federal.

En conferencia de prensa, Gloria Lavara Mejía, diputada federal con licencia, anunció que pedirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)  de la PGR que investigue sí la utilización de recursos públicos de la CDHDF para promover una campaña en contra de la pena de muerte, incurre en violación al Código Electoral.

“El Partido Verde acudirá a la FEPADE para solicitar una investigación que determine si al utilizar los recursos públicos del organismo de derechos humanos del DF para emprender una campaña contra una propuesta del partido se incurre en una violación al COFIPE”, demandó

Lavara Mejía lamentó la nula sensibilidad del Maestro Icaza hacia las víctimas de secuestro ante el temor de ser criticado en el extranjero.
“La postura fácil es descalificar una medida fuerte, pero eficaz como la pena de muerte por temor a las críticas del extranjero que no viven la situación de violencia por la que atraviesa México o por el temor a las represalias. Por ello, resulta inaceptable que el titular de la Comisión –Emilio- defienda los derechos de los delincuentes que carecen de toda calidad humana; y lo que es más, que pretenda reducir el debate de la pena de muerte a un asunto de venganza, justificando con ello las acciones de secuestradores y asesinos”, condenó.

Refirió que de acuerdo con un estudio del Centro de estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la tasa de secuestros se incrementó considerablemente en los últimos años, llegándose a cometer entre tres y cuatro casos por día, lo que coloca a México en el primer lugar de secuestros a nivel mundial, por arriba de Irak, India o Colombia.

En su oportunidad, el profesor Carlos Sodi de la Escuela Libre de Derecho calificó de incongruente al ombudsman local y lo acusó de asumir una postura de fiscal, cuando su función es sólo emitir recomendaciones.

“Con todo el aparato de la Comisión pretende decirle a la sociedad que no tiene derecho a defenderse, nos quiere negar el derecho a sancionar ese delito y critica iniciativas para inhibirlo”.

A su vez, Héctor Franco, académico de la UNAM, dijo que no es válido que esferas gubernamentales utilicen sus recursos para que de alguna manera se elijan como protectores de criminales.

“Los delincuentes reciben con beneplácito esas protecciones y les permiten continuar actuando impunemente y sin medida en sus actividades criminales. La sociedad no quiere secuestros, la sociedad no quiere asesinatos, la sociedad no quiere violaciones  y es por ello que este importante elemento del derecho penal necesita forzosamente ser tomado en cuenta”.

Por su parte, Xavier López, legislador federal con licencia apuntó que “la pena de muerte no es simplemente una propuesta del Partido Verde, es un reclamo social ante la crueldad y frialdad con la que han actuado los secuestradores”.

CEN- PVEM
Comunicación Social