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México, D. F., a 2 de mayo de 2012 Boletín 77/12

En nuestro país hay 35.4 millones de personas pobres sin acceso a los servicios de saludQue sea obligatorio para los médicos anotar en las recetas el nombre genérico y, si lo deseara, indicar la denominación distintiva de su preferencia, tomando en consideración que la venta del medicamento debería ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica prescrita.

Lo anterior es una Iniciativa que presentó el diputado del Partido Verde, Carlos Ezeta Salcedo, la cual adiciona el artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, en materia de prescripción de medicamentos.

Desde el 8 de marzo pasado había presentado el legislador dicha iniciativa, y la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que ésta fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y Dictamen correspondiente. Una vez aprobada en dicha Comisión, se presentaría de nuevo ante el Pleno, pero por falta de tiempo, esto no fue posible y quedó pendiente para el próximo periodo ordinario de sesiones.

En su argumentación, el diputado Ezeta Salcedo apuntó que el artículo 4 de la Constitución Política mexicana garantiza “el derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad”.

Dentro de la exposición de motivos, el diputado ecologista menciona que en nuestro país hay 35.4 millones de personas pobres sin acceso a los servicios de salud, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza 2010, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Si a ello se añade el costo de las consultas médicas y por surtir las recetas, estas personas no tienen la posibilidad de asistir al médico cuando enferman y tampoco de adquirir medicamentos.

Con el propósito de garantizar el acceso a los medicamentos de distintos precios a las personas, asentó el legislador del Partido Verde, es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento que contenga la misma sustancia activa que le hubiere sido recetada.

Por último subrayó que “es importante destacar que no existe justificación científica alguna para que, al momento de que se prescriban medicamentos, prevalezca la denominación distintiva de un medicamento sobre la denominación genérica de la sustancia activa, siempre y cuando los medicamentos genéricos cumplan con lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud”.

México, D. F., a 02 de mayo  de 2012 Boletín 110/12

En nuestro sistema jurídico no existe una norma penal que sancione el acoso sexual infantil a través de la Web: Ludivina Menchaca   En el Senado, legisladoras de las principales fuerzas políticas, impresionadas por el incremento en los delitos cibernéticos en contra de menores de edad, propusieron una Iniciativa de Ley, para detener las conductas riesgosas que surgen en Internet y ponen en peligro la salud y la vida de miles de menores internautas.

En entrevista, una de las promoventes, Ludivina Menchaca, dijo que es alarmante el número de páginas de pornografía infantil administradas por mexicanos, que pasó de 72 mil 100 a más de 100 mil en tan sólo dos años y destacó que la falta de sanciones a quienes acosen sexualmente a menores por medio de  Internet, ubican a México como el principal productor de pornografía infantil en el mundo.

“Nuestro país está considerado como el primero en tener violencia física, sexual y homicidios de menores de 14 años y el segundo en el mundo con mayor producción de pornografía infantil, de acuerdo a la OCDE, “lamentó la senadora del Partido Verde.

La legisladora por Quintana Roo, señaló que el acoso sexual infantil a través de la Web, se ha propagado rápidamente convirtiéndose en el instrumento que utiliza el delincuente o acosador para relacionarse con los menores de edad, a quienes involucra en situaciones que atentan contra sus derechos humanos.

Al reiterar que en nuestro sistema jurídico no existe una norma penal que sancione esta forma de abuso sexual virtual, mencionó que la propuesta de las senadoras propone tipificar las conductas que haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, atentan contra la identidad sexual de niñas niños y adolescentes, aplicando penas que van de los siete a 12 años de prisión y de 500 a 20 mil días de multa.

“Millones de niñas, niños y adolescentes que sufren explotación comercial sexual infantil, dejan al crimen organizado alrededor de 20 mil millones de dólares por año por la producción y distribución de imágenes infantiles pornográficas”, detalló la senadora del Partido Verde y agregó que la Iniciativa propone sancionar a quienes a través del Internet, el teléfono o cualquier otra tecnología capte o utilice a menores de edad con fines lascivos o sexuales.

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D. F., a 2 de Mayo de 2012 Boletín 76 /12  

Exigimos menos mentiras de las autoridades que sostienen un sistema corrupto: Misael Sánchez    El Gobierno del Distrito Federal no tiene ninguna intención de corregir las anomalías dentro del Sistema de Reclusorios, pues a pesar de tener la peor calificación nacional asignada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no ha corregido ninguna de las 14 irregularidades observadas dentro de las cárceles capitalinas.   Misael Sánchez Sánchez, Secretario de Acción Electoral del C.E.N. del Partido Verde, exige menos mentiras de las autoridades, pues la readaptación en el Distrito Federal es una burla para la sociedad. La culpa –dijo- es del Gobierno de Marcelo Ebrard, que sostiene un sistema corrupto que obtiene beneficios económicos para unos cuantos.   Entre las irregularidades observadas están la corrupción de autoridades, los privilegios y apoyo a grupos de autogobierno, el tráfico de drogas, la nula actividad educativa y laboral, o insuficientes dormitorios e instalaciones para la sobrepoblación.   Misael Sánchez exige una autentica clasificación y separación de presos de acuerdo a su peligrosidad. Señala que en la mejor cárcel de Estados Unidos, la de Santa Fé, Nuevo México los internos, incluso pueden salir a estudiar a la universidad y regresan por la noche a cumplir su condena.   En la Ciudad de México las autoridades corruptas que buscan enriquecerse a costillas del bolsillo y sufrimiento de los presos no permiten el avance. Son casi 41 mil presos que gastan de 100 a 500 pesos por semana para sufragar los cobros por vivir sin problemas, situación que los envilece y provoca que busquen desquite a su salida.   El diagnosticó de 251 cárceles de México hecho por CNDH en 2010, ubica en el peor lugar al Centro Femenil de Readaptación Social con calificación de 1.77 y el penúltimo el Reclusorio Preventivo Norte, con 2.34 puntos, situación que al GDF no le importó.   Por ello el jefe de Gobierno, -en caso de estar libre de culpa- debería capturar a los funcionarios corruptos que tranzan muchos millones de pesos a la semana en las cárceles al mantener condiciones inhumanas de vida para los internos.   Misael Sánchez Sánchez exige a Marcelo Ebrard, que antes de finalizar su gobierno promueva un verdadero sistema de readaptación social que permita a la sociedad capitalina, estar segura de que en la prisión no se gestan y educan criminales de mayor capacidad. 

    PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Boletín /049/2012

Aguascalientes, Ags., 9 de Mayo de 2012

El machismo aún sigue siendo un detonante para que miles de mujeres sean humilladas y explotadas laboralmente.

Aún persiste en México una gran desigualdad hacia las mujeres en el ámbito laboral, ya que no ganan lo mismo, trabajan igual y no tienen las mismas prestaciones, entre otros factores, así lo dio a conocer la candidata del PVEM al Senado, María Elena Santoyo Valenzuela.

Durante un recorrido que hiciera en el fraccionamiento Guadalupe Peralta Gámez, las mujeres presentes le informaron que no existen fuentes laborales para ellas y que si las encuentran son mal pagadas e incluso son explotadas laboralmente por sus jefes, por lo que el PVEM promoverá la creación de más y mejores empleos para este sector de la población.

Santoyo Valenzuela explicó que la desigualdad de género es un problema que se vive de manera aguda en el país, pues actualmente las mujeres en empleos iguales a los hombres, reciben un salario hasta 20 por ciento menor, cuando en el resto de Latino América es 10 por ciento menor, “que tampoco es deseable”.

Comentó que el partido verde realizará las reformas legislativas necesarias a fin de poder eliminar estas prácticas machistas que están lacerando fuertemente a las mujeres, “y muchas son ya jefas de familia y tienen que soportar los malos tratos de los patrones e incluso algunas proposiciones indecorosas con tal de llevar dinero a sus casas”.

María Elena Santoyo Valenzuela, candidata del PVEM al senado añadió que también es necesario fomentar una cultura de denuncia por parte de las mujeres cuando sufren algún tipo de discriminación, porque las mujeres callan regularmente por temor a perder su empleo, “es tiempo de poner un alto a esta situación”, por lo que pidió su voto de confianza este primero de julio para que el Partido Verde Ecologista de México comience a transformar la nación.

Eduardo J. Correa 116 Barrio de San Marcos.,       Aguascalientes, Ags.        C.P.20070

Tel: 918 66 85            Fax: 918 66 05

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 01 de mayo de 2012 Boletín 109/12

  En el país existe un derecho de la audiencia y una legislación en materia del deporte, y el IFE no lo sabe: Javier Orozco 

  El senador Javier Orozco Gómez, aseguró que el Instituto Federal Electoral no tiene la más mínima idea sobre la legislación en materia de deporte y mucho menos de cómo opera la radiodifusión y el derecho de la audiencia.

El legislador del Partido Verde Ecologista, rechazó y lamentó la actitud del Instituto en el sentido de enviar oficios a la Federación Mexicana de Futbol y a las dos televisoras más importantes del país, para que no se transmitan y se suspendan los partidos de “Liguilla”, el mismo día que se realizará el debate entre los candidatos presidenciales.

“Qué curioso que esta actitud estatista provenga de un órgano autónomo y ciudadano, que además de costoso, resultó ser un peligro para los mexicanos con menores recursos, que según cifras oficiales son algo así como 60 millones. Qué pena”, declaró el integrante de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Al calificar de “inquisitoria” la actitud del IFE, al tratar de imponer el debate entre candidatos presidenciales, entre la preferencia de los televidentes y radioescuchas, consideró una actitud fuera de toda norma, haber enviados las solicitudes a la Femexfut y las cadenas de radio y televisión.

“Es increíble el atrevimiento del IFE de enviar oficios a la Federación Mexicana de Futbol y a las dos principales televisoras para exhortarlos a que los partidos de futbol de la ‘Liguilla’ no se jueguen y por ello no se transmitan a la hora del debate entre los candidatos a la Presidencia, para que la gente lo pueda ver”, subrayó.

El senador del Partido Verde consideró que más que un exhorto a las Instituciones, resulta un atentado contra las libertades de las televisoras, de los radiodifusores, y de quienes quieren y desean elegir el programa que quieren escuchar y ver el día del debate.

En este contexto, cuestionó la actitud del consejero Marco Antonio Baños, “quien no se ha puesto a pensar que el futbol es el deporte más popular en México, y que millones de personas no tienen un ingreso que les permita acudir a los estadios y por eso los juegos se transmiten por televisión y radio gratuitas y que es una de las pocas formas de entretenimiento de los mexicanos”.

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D. F., a 1 de Mayo de 2012 Boletín 75 /12

  La iniciativa propuesta por el PVEM tardó dos años en análisis, pero esperará otro más para ser propuesta nuevamente: Angélica Chacón   El Partido Verde lamenta que los legisladores integrantes de la Asamblea Legislativa del DF evidenciaron su falta de humanidad, desechando la propuesta de reforma legal que concedería mayor protección a los animales en la Ciudad.   Angélica Chacón, secretaria de Ecología del Verde capitalino   informó que en la presente legislatura local, nuestra fracción legislativa luchó por tipificar el maltrato animal como un delito doloso, sin embargo quedó en claro la insensibilidad de los representantes ciudadanos hacia los animales.   El Verde espero dos años para que la ALDF incluyera en la agenda de votación al pleno la reforma que califica como delito penal menor, pero los legisladores prefirieron salirse del salón del pleno en lugar de aprobarla.   Ahora tenemos que esperar otro año para poder someter, en la próxima legislatura  a nuevo análisis el documento. El dictamen busca castigar el no alimentar a los animales domésticos; provocarles castigos innecesarios; hacerlos trabajar en jornadas excesivas; mantenerlos amarrados cuando se tenga espacio necesario.

Angélica Chacón demandó mayor sensibilidad de nuestros legisladores, quienes deben representar a todos los habitantes del DF por igual, incluyendo a los animales y otros seres vivos.   El Verde busca castigar el maltrato o crueldad; con multas de 20 a 40 días de salario mínimo sin causar lesiones, aumentando de 40 a 80 días con lesiones. Se añade penalización de 3 a 6 meses de prisión al poner en peligro la vida de un animal y de 6 a 9 meses de prisión si se causa la muerte del animal dolosamente.   Las reformas al Código Penal del DF son urgentes, pues las sanciones administrativas ya no son suficientes para evitar el maltrato de los animales. Según estudios a nivel mundial la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es muy importante para controlar y ayudar a erradicar a futuro la violencia entre los seres humanos.  

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 1 de mayo de 2012 Boletín 110/12

Se castigará hasta con 40 años de prisión a quien practique la esclavitud, explotación, corrupción o encubrimiento de estos delitos El Partido Verde celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley que previene y castiga la trata de personas con penas de hasta 40 años de prisión.

La diputada Caritina Saénz Vargas recordó que esta propuesta fue impulsada por el Partido Verde, con la finalidad de tipificar los delitos de esclavitud, explotación, corrupción y encubrimiento, así como prever la reparación de daños y la protección a ofendidos y a testigos.

Saénz Vargas agradeció a los Grupos Parlamentarios por tomar en cuenta la propuesta de su instituto político y reconoció el esfuerzo que realizaron los legisladores para que la iniciativa fuera aprobada, pues “representa un gran avance en el combate contra este tipo de delitos ya que permitirá castigar a quienes formen parte de una cadena de explotación, desde los enganchadores hasta los explotadores finales”.

“Esperemos que los poderes Ejecutivo y Judicial, los gobiernos locales, los medios de comunicación y todos los sectores de la sociedad asuman su responsabilidad para conformar un frente común y unir esfuerzos para erradicar la trata de personas”, pidió la diputada.

Para finalizar, Sáenz Vargas comentó que la propuesta entrará en vigor una vez que sea publicada, la cual protegerá a miles de niñas y niños que son explotados sexual y laboralmente.

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 01 de junio de 2012 Boletín 136/12

  La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, deben investigar si la empresa CERTEZA cometió tráfico de influencias, corrupción y falsificación: Ludivina Menchaca

La senadora Ludivina Menchaca, denunció una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Quintana Roo, quien asignó contratos en forma directa al Laboratorio Clínico y Suministros Médicos LACE S. A. de C. V. (CERTEZA), por la cantidad de 99 millones 909 mil 927 pesos, por el Servicio Integral de Hemodiálisis en Tabasco, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

Al presentar un Punto de Acuerdo, la legisladora también solicitó a la Secretaría de la Función Pública, investigue este proceso de adjudicación y en caso de confirmar que hubo violaciones a la normatividad aplicable, sancione a los funcionarios responsables del hecho y notifique a la Procuraduría General de la República sobre las posibles conductas delictivas que se hayan tipificado.

Refirió que a pesar de que la autoridad estableció que las clínicas de esta empresa carecían de equipos de seguridad, e identificación y capacitación, además de no presentar documentos para garantizar la capacidad técnica de su personal, entre otras irregularidades, “el IMSS le otorgó la licitación, en la cual pudo haber existido tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos, que si son comprobados por la autoridad correspondiente deben ser sancionados”.

La senadora por Quintana Roo, destacó la conducta dolosa en la que incurrieron los representantes de la empresa CERTEZA, porque para dar cumplimiento a los requisitos que señalaban la licitación de febrero de 2012; como la adjudicación de abril del mismo año, “presentaron una serie de permisos de los ayuntamientos y protección civil para su funcionamiento que, ante los hechos, en todo caso habrían sido falsificados”, sostuvo.

En este sentido, refirió que el Presidente Municipal de Cozumel, aseguró que no existe ninguna licencia de funcionamiento o solicitud de parte de alguna clínica privada para brindar el servicio en esta isla.   Por todo lo anterior, la senadora del Partido Verde solicitó a la SFP y a la PGR, realizar una investigación para conocer las razones por las cuales el IMSS otorgó un contrato de asignación directa para la prestación de Servicio Integral de Hemodiálisis Subrogado a la empresa Laboratorio Clínico y Suministros Médicos LACE S. A. de C. V, y de comprobarse el tráfico de influencias, corrupción y falsificación, las autoridades deben sancionarlos. 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Se eliminaría la burocracia y se agilizaría la rendición de cuentas.

Con el efecto que exista una total claridad en el manejo y el destino de los recursos públicos deberá crearse un Instituto Único de Transparencia a través del cual deberá  ser el medio para informar y en su caso aclarar la utilización del capital, manifestó Claudio González, Candidato a Diputado por el III Distrito del Partido Verde Ecologista en la reunión que sostuvo con los vecinos de la Colonia el Encino.

El Candidato mencionó que la creación de este Instituto ayudaría a disminuir la burocracia, pues un ciudadano que requiera información de cualquier nivel de gobierno podría obtenerla directamente en una sola oficina y con un solo trámite, no como sucede en la actualidad que dependiendo del origen de los recursos ya sea municipal, estatal o federal tiene que acudir a la oficina que le corresponde y a veces sin obtener la información deseada por no haber claridad en el origen de los recursos públicos.

Recalcó además que dentro de este Instituto Único de Transparencia, el Congreso de la Unión también estará obligado a rendir cuentas de los recursos que maneja y cualquier ciudadano que así lo desee, deberá tener acceso a la información y constatar el uso que se les brinda.

Señaló que parte importante para que los recursos sean destinados para el fin con el que fueron etiquetados, debe existir el interés y la participación activa de la sociedad por vigilarlos, “la ciudadanía debe ser fiscalizadora de su capital y del quehacer de sus gobernantes y de esta manera se eliminarían totalmente los desvíos” señaló Claudio González.

Finalmente el abanderado verde hizo una convocatoria para que desde este momento la población razone su voto, valore las propuestas  y emita su sufragio por la persona que ha demostrado honestidad y vocación de servir durante su trayectoria.

México, D. F., a 30 de abril de 2012 Boletín 75/12 

  Esta nueva ley establece las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas: diputada Caritina Saénz Vargas Hoy fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.Luego de ser aprobada en el Senado, con algunas modificaciones, y tras ser aprobada en San Lázaro el pasado 15 de marzo, ahora pasará al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Al hacer uso de la tribuna la diputada Caritina Saénz Vargas, una de las promoventes de esta ley junto con la también legisladora del Partido Verde, Lorena Corona, dijo que “es importante destacar que esta nueva ley establece las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales.

Agregó que “con la aprobación de esta ley general, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, por lo que ahora esperemos que a la brevedad, asuman también su responsabilidad en este tema los Poderes Ejecutivo y Judicial, los gobiernos locales, así como todos los sectores de la sociedad y medios de comunicación, a fin de conformar un frente común y conjuntar voluntades y esfuerzos en la erradicación de este grave delito que tanto sigue lastimando a las familias mexicanas

Asimismo, externó que “los legisladores del Partido Verde agradecemos que se hayan considerado nuestras propuestas en este ley y reconocemos el esfuerzo de todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios tanto de la Cámara de Senadores como de esta Cámara de Diputados en la revisión y aprobación de esta iniciativa, que sin duda representa un avance para el combate de este delito, toda vez que esta Ley General permitirá castigar a todos los que formen parte de esta grave cadena de explotación, desde los enganchadores hasta los explotadores finales”.

Agregó la diputada ecologista que “con esta Ley protegeremos a miles de niñas y niños que son explotados sexual y laboralmente con penas que van de dos a 40 años de prisión, además de tipificar delitos como la esclavitud, la explotación, corrupción y encubrimiento, así como prever la reparación del daño y la protección a los ofendidos y a los testigos”.