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El diputado Juan Carlos Natale López propuso reformas al artículo 103 de la Constitución Política, para que cualquier ciudadano pueda interponer un amparo contra decretos constitucionales, que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

México, D. F., a 30 de septiembre de 2011

Boletín 187/11

  • • La reforma realizada por el Legislativo en el año 2007 en materia electoral, es el ejemplo más claro para contextualizar la procedencia o no del juicio de amparo contra reformas constitucionales

El diputado Juan Carlos Natale López propuso reformas al artículo 103 de la Constitución Política, para que cualquier ciudadano pueda interponer un amparo contra decretos constitucionales, que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Expuso que si bien la Constitución establece los casos en que las garantías individuales pueden ser suspendidas o limitadas,  el Poder Revisor no está facultado para realizar reformas que limiten o deroguen los principios generales, y en especial las garantías individuales.

“Se debe declarar procedente la interposición del juicio de amparo en contra de las reformas constitucionales, el cual podrá ser promovido por cualquier individuo que se encuentre en el país y que esté supeditado a nuestras leyes, sin importar si le causa o no un perjuicio personal y directo”, explicó el legislador poblano.

Dijo que la reforma constitucional de 2011 moderniza atinadamente parte de la relatividad de las sentencias que se dicten en función de una controversia vía juicio de amparo, involucrando así a todas las personas que hayan promovido o no un juicio.

Natale López comentó que el ejemplo más recurrente para contextualizar la procedencia o no del juicio de amparo contra reformas constitucionales, es la reforma en materia electoral realizada por el Congreso de la Unión en el año 2007, en donde limita el derecho a la libre contratación; el libre ejercicio de la libertad de expresión; restringe la garantía individual de acceso a la información y, además, impide a los particulares la contratación de  medios de comunicación para manifestar sus ideas respecto de los candidatos a elección popular.

Abundó que dicha reforma afecta no sólo a aquellos para los que estaba dirigida, sino que le impide en lo futuro a cualquier persona ejercer su derecho de expresar sus ideas respecto a ciertos candidatos o respecto a las elecciones.

El diputado ecologista dijo que si bien es cierto que este proceso no causa un daño personal y directo, sí deja en estado de indefensión a los gobernados frente a los distintos partidos políticos o personas que detentan el poder público por lo que debería de existir un medio de defensa.

Natale López aseguró que fue un desatino lamentable de la Corte el no otorgar, en su momento, la protección de la justicia a quienes impugnaron la reforma electoral del 2007, ya que los Ministros utilizaron un criterio que resulta evidentemente desfasado para con nuestra consolidación democrática.

“Resulta muy peligrosa la determinación que existe hasta ahora sobre la imposibilidad de promover un juicio de amparo en contra de las reformas constitucionales, ya que el Poder Legislativo está quedando excluido del sistema de pesos y contrapesos que debe de existir”, concluyó el legislador.

 

PARTIDO VERDE

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El legislador del Partido Verde, Guillermo Cueva Sada, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que pretende modificar el término de “Fuero Constitucional” por el de “Inmunidad Parlamentaria” en la Constitución Política y en diferentes leyes que garantizan la inviolabilidad de los legisladores.

México, D. F., a 6 de septiembre de 2011

Boletín 171/11

  • • “Necesitamos realizar reformas que eviten el despotismo con el que algunos legisladores se dirigen, hay que buscar que reflejen calidad moral y ética”, plantea el diputado del Verde

El legislador del Partido Verde, Guillermo Cueva Sada, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que pretende modificar el término de “Fuero Constitucional” por el de “Inmunidad Parlamentaria” en la Constitución Política y en diferentes leyes que garantizan la inviolabilidad de los legisladores.

Refirió que los diputados y senadores son servidores públicos, y que su conducta debe estar normada por las disposiciones contenidas en el Título Cuarto de la Constitución General, así como en las leyes reglamentarias respectivas, por lo que se pretende establecer con claridad la aplicación y alcance del Fuero Constitucional de manera que se equilibre su interpretación con su utilización, y se incida en la dignificación de la labor legislativa.

“He visto con vergüenza —dijo ante el Pleno— que la ciudadanía nos ve y tiene muy mal concepto de lo que realmente hacemos como legisladores… una de las tantas causas es que gozamos del ‘Fuero Constitucional’”.

Asentó el diputado Cueva Sada que “los actos de un legislador deben ser enfocados a pugnar en beneficio y progreso de un México digno, con instituciones fuertes, leyes justas, con la convicción del bien común de los ciudadanos”.

Ante esto, dijo el legislador, necesitamos realizar reformas que eviten el despotismo con el que algunos se dirigen, hay que buscar que reflejen la calidad moral y ética que exigen los mexicanos.

Agrega Cueva Sada que algunos países hacen mención de la Inmunidad Parlamentaria, que permite que los legisladores sean juzgados en caso de flagrancia de algún delito penal.

Por eso, dijo en tribuna el legislador regiomontano, “con la reforma a los artículos 61 y 112 constitucional, pretendo que cualquier legislador que cometa un delito grave en flagrancia, reciba el castigo sin Juicio de Procedencia, ya que este juicio es mal visto por la opinión pública, pues por fuera se ve como un recurso para evadir su responsabilidad”.

Hay que precisar, dijo, que un legislador en su actuación puede ser objeto de responsabilidades civiles, penales, administrativas, políticas y patrimoniales, y el “Fuero” lo protege de responder ante la ley, por lo que el diputado Cueva pretende acabar con dicho privilegio.

Por último, afirmó que la sociedad tiene la percepción de que los diputados no siempre acatan la Ley o simplemente la violentan a discreción, y se da una interpretación equivocada de los alcances del llamado Fuero Constitucional y de la no reconvención en su actuación; por ello, con base en el marco constitucional y legal, se propone generar reglas estrictas, que prevean que la voluntad de un diputado jamás esté por encima de la Ley y sus consecuencias.

 

PARTIDO VERDE

 
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El Partido Verde presentó una iniciativa para fortalecer el principio de presunción de inocencia y establecer el de fundamentación, motivación y debido proceso como garantías y derechos de todo individuo inculpado y sujeto a proceso penal.

México, D. F., a 05 de agosto de 2011

Boletín 146/11

  • • El juez sólo condenará cuando exista evidencia de la culpabilidad del procesado: Natale López
  • • En México, la prisión preventiva es un tema que pone en duda el respeto al principio de presunción de inocencia como medida cautelar de carácter procesal

El Partido Verde presentó una iniciativa para fortalecer el principio de presunción de inocencia y establecer el de fundamentación, motivación y debido proceso como garantías y derechos de todo individuo inculpado y sujeto a proceso penal.

El diputado Juan Carlos Natale López dijo que su propuesta establece que el juez sólo condenará cuando exista evidencia de la culpabilidad del procesado y se conste que la persona ha sido sujeta a proceso conforme a los principios de presunción de inocencia, fundamentación, motivación y debido proceso.

Asimismo, establecer el derecho de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada en definitiva, emitida por el juez de la causa en los términos y plazos que dicten las leyes.

En México, señaló Natale López, la prisión preventiva es un tema que pone en duda el respeto al principio de presunción de inocencia como medida cautelar de carácter procesal, que tiene por objeto asegurar que el probable responsable de la comisión de un delito no se sustraiga de la acción de la justicia, la cual no puede ser desproporcionada, es decir, que tal acción no recaiga en excesos o se restrinja la posibilidad de obtener la libertad bajo caución ante el procedimiento.

El legislador poblano comentó que la reforma constitucional de junio de 2008 eliminó el beneficio de la libertad bajo caución en beneficio de toda persona que se encontrara  sujeto a un proceso penal, además estableció el principio de la presunción de inocencia como el beneficio con el que gozará - en un futuro - toda persona hasta que no sea sentenciado en instancias jurisdiccionales.

“Sentimos que esta reforma sigue siendo insuficiente en el sentido de que la presunción de inocencia refiere que la culpabilidad del sujeto solamente es probable y, por ende, la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada, motivo por el cual el indiciado o inculpado no debe de ser perjudicado con medidas privativas de su libertad”, manifestó.

Dijo que de acuerdo con el artículo19 de la Constitución, esta medida se aplica sólo en los casos siguientes: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

 

PARTIDO VERDE

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El diputado Alejandro del Mazo Maza, vocero del Partido Verde en la Cámara de Diputados, se congratuló por la aprobación del Decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contra la trata de personas. Esta reforma constitucional fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 10 de febrero y turnada al Senado de la República.

México, D. F., a 30  de junio de 2011

Boletín 120/11

  • • Aprobaron 21 congresos locales la reforma constitucional contra la trata de personas

  • • Miles de personas, principalmente mujeres y niños, son sometidos a actividades laborales, sexuales y de servidumbre por medio del engaño

El diputado Alejandro del Mazo Maza, vocero del Partido Verde en la Cámara de Diputados, se congratuló por la aprobación del Decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contra la trata de personas. Esta reforma constitucional fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 10 de febrero y turnada al Senado de la República.

El legislador mexiquense sostuvo que entre las principales aportaciones de esta reforma, que también penaliza el tráfico de órganos, es que los jueces ordenen de oficio la prisión preventiva cuando el inculpado esté siendo procesado.

También explicó que entre los derechos de las víctimas y ofendidos se protege el resguardo de su identidad y datos personales, además se faculta al Cámara a expedir una Ley General sobre Trata de Personas.

“Con esta nueva reforma constitucional se busca evitar que miles de personas sobre todo mujeres y niños sean engañados, coaccionados y traficados para desempeñar actividades de carácter laboral, sexual o de servidumbre”, manifestó el legislador.

Dijo que el día de ayer se notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que 21 congresos estatales aprobaron las reformas, por lo que se emitió la Declaratoria de aprobación del Decreto.

La trata de personas, comentó el legislador, es una amenaza que lamentablemente destruye familias y daña a la sociedad, y aclaró que en nuestro país, la legislación anterior estaba rezagada ante las nuevas formas de organización de la delincuencia dedicadas a este delito.

Del Mazo señaló que esta situación no es exclusiva de México, sino que hay bandas bien organizadas a nivel internacional que se dedican a enviar personas a otras partes del mundo, para evitar que salgan de esta lamentable condición.

 

PARTIDO VERDE

 
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Viernes, 08 Abril 2011 08:49

SENADO AVALA REFORMA PARA CASTIGAR TRATA

El Senado aprobó una reforma para elevar a rango constitucional la trata de personas y perseguirla y castigarla tal cual se hace con el secuestro.Los cambios a los artículos 19, 20 y 73 constitucionales, incorporan la trata de personas en la relación de delitos en los cuales el juez debe ordenar la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado.

El Senado aprobó una reforma para elevar a rango constitucional la trata de personas y perseguirla y castigarla tal cual se hace con el secuestro.

Los cambios a los artículos 19, 20 y 73 constitucionales, incorporan la trata de personas en la relación de delitos en los cuales el juez debe ordenar la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado.

Incluye también, dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos, el resguardo de su identidad y datos personales.

Establece además que las autoridades locales deberán coordinarse con las federales para el conocimiento de los delitos del fuero federal.

El pleno aprobó la reforma con 77 votos a favor, cero en contra y una abstención.

Los cambios deberán recibir el aval de la mitad más uno de los congresos estatales.

El senador del PAN Santiago Creel Miranda informó que una vez aprobadas las modificaciones se deberá discutir y, eventualmente, aprobar la legislación secundaria “que tendrá que ser reglamentaria de estas modificaciones constitucionales”.

El coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, destacó la importancia de la reforma, pero llamó la atención de que llega tarde.

Dijo que es importante que el país se ponga a tono con un compromiso internacional de adecuar y de incorporar en la Constitución mexicana el término “trata de personas”.

El senador del PRD Rubén Velázquez explicó que la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados.

Aseguró que hoy en día existe una “legislación deficiente, incapaz de afrontar los nuevos retos que derivan de la trata”.

Denunció que la falta de armonización legislativa en el sistema jurídico mexicano “amplía la brecha de impunidad y dificulta la acción coordinada de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia”.

Al citar datos de la ONU, dijo que en 2010 ese órgano informó que sólo 2% de las víctimas que han padecido la trata de personas han podido ser rescatadas.

“Esto es, de 1.5 millones de personas que anualmente son víctimas de la trata de personas, sólo 22 mil de ellas pudieron ser rescatadas”, dijo.

 

Fuente: El Universal, 8 de Abril 2011
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