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MODIFICAR EL TÉRMINO DE “FUERO” POR EL DE “INMUNIDAD PARLAMENTARIA” PARA EVITAR ABUSOS DE PODER: CUEVA SADA
México, D. F., a 6 de septiembre de 2011
Boletín 171/11
- • “Necesitamos realizar reformas que eviten el despotismo con el que algunos legisladores se dirigen, hay que buscar que reflejen calidad moral y ética”, plantea el diputado del Verde
El legislador del Partido Verde, Guillermo Cueva Sada, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que pretende modificar el término de “Fuero Constitucional” por el de “Inmunidad Parlamentaria” en la Constitución Política y en diferentes leyes que garantizan la inviolabilidad de los legisladores.
Refirió que los diputados y senadores son servidores públicos, y que su conducta debe estar normada por las disposiciones contenidas en el Título Cuarto de la Constitución General, así como en las leyes reglamentarias respectivas, por lo que se pretende establecer con claridad la aplicación y alcance del Fuero Constitucional de manera que se equilibre su interpretación con su utilización, y se incida en la dignificación de la labor legislativa.
“He visto con vergüenza —dijo ante el Pleno— que la ciudadanía nos ve y tiene muy mal concepto de lo que realmente hacemos como legisladores… una de las tantas causas es que gozamos del ‘Fuero Constitucional’”.
Asentó el diputado Cueva Sada que “los actos de un legislador deben ser enfocados a pugnar en beneficio y progreso de un México digno, con instituciones fuertes, leyes justas, con la convicción del bien común de los ciudadanos”.
Ante esto, dijo el legislador, necesitamos realizar reformas que eviten el despotismo con el que algunos se dirigen, hay que buscar que reflejen la calidad moral y ética que exigen los mexicanos.
Agrega Cueva Sada que algunos países hacen mención de la Inmunidad Parlamentaria, que permite que los legisladores sean juzgados en caso de flagrancia de algún delito penal.
Por eso, dijo en tribuna el legislador regiomontano, “con la reforma a los artículos 61 y 112 constitucional, pretendo que cualquier legislador que cometa un delito grave en flagrancia, reciba el castigo sin Juicio de Procedencia, ya que este juicio es mal visto por la opinión pública, pues por fuera se ve como un recurso para evadir su responsabilidad”.
Hay que precisar, dijo, que un legislador en su actuación puede ser objeto de responsabilidades civiles, penales, administrativas, políticas y patrimoniales, y el “Fuero” lo protege de responder ante la ley, por lo que el diputado Cueva pretende acabar con dicho privilegio.
Por último, afirmó que la sociedad tiene la percepción de que los diputados no siempre acatan la Ley o simplemente la violentan a discreción, y se da una interpretación equivocada de los alcances del llamado Fuero Constitucional y de la no reconvención en su actuación; por ello, con base en el marco constitucional y legal, se propone generar reglas estrictas, que prevean que la voluntad de un diputado jamás esté por encima de la Ley y sus consecuencias.
PARTIDO VERDE
ASCIENDE A 100 MIL MDP EL COSTO ANUAL DE LA CORRUPCIÓN
La Crónica de Hoy/3 de Agosto 2011
El costo anual de la corrupción y las ineficiencias de servidores públicos en México asciende a 100 mil millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento del presupuesto dedicado a la contratación pública, reconoció la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, Elizabeth Yáñez.
Ante diputados de la Comisión de la Función Pública, la funcionaria reveló, también, que en los últimos tres años y medio, de 2007 a lo que va de este año, 56 servidores públicos fueron destituidos, al ser comprobada su vinculación en actos ilícitos. En ese sentido, dijo que en el mismo lapso se aplicaron además 36 mil 841 sanciones administrativas a servidores públicos; se inhabilitó a 4 mil 716 por corrupción o ineficiencia en la aplicación de los recursos, y 3 mil 409 más recibieron sanciones económicas diversas. Al término de su comparecencia, Yáñez Robles subrayó que "el impacto que tienen los actos de corrupción e ineficiencias es de unos cien mil millones de pesos al año". Advirtió que hay en México corrupción "de muy alto nivel" en lo que se refiere a las contrataciones públicas, pero hay también un tipo de corruptela "gravísima", que pega a la ciudadanía menos favorecida económicamente. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, Pablo Escudero, del PVEM, garantizó una detallada revisión de las iniciativas de reformas para combatir la corrupción, y adelantó que habrá "cambios de fondo" al proyecto, porque el documento contiene "una desarticulación entre las instituciones encargadas de proteger a los denunciantes", precisó. Cabe destacar que la minuta del Senado, que está pendiente de su trámite legislativo en San Lázaro, contempla el pago de recompensas a quienes denuncien actos de corrupción en las dependencias del gobierno federal. Además, como parte de los mecanismos para reducir la corrupción que impera en diversas instituciones, la Ley Anticorrupción que se discute en la Comisión busca sancionar a las empresas que actúan con falta de ética y los actos de cohecho en licitaciones públicas. De igual forma, se busca reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para incrementar las sanciones a funcionarios que actúan contra los denunciantes, e incentivar la denuncia con remuneraciones económicas y agilizar la investigación. La ley tipifica como falta grave el que un funcionario trate de inhibir una denuncia, que sancione a un funcionario o actúe en contra de él por haber presentado la denuncia.
PROPONE PARTIDO VERDE REFORMAR LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
México D. F., a 28 de febrero de 2011
Boletín 32/11
- · Urge actualizar las leyes locales en un ámbito internacional: Nava Vega
A más de dos años de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, el diputado Raúl Nava Vega, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consideró necesario hacer una revisión a fondo de este ordenamiento para mejorar su ejecución.
Recordó que este ordenamiento entró en vigor el primero de enero de 2009, sin embargo pocos ciudadanos la conocen, por lo que también es importante que se impulsen campañas de difusión de los beneficios de esta ley.
Según el presidente de lo Contencioso Administrativo, Raúl Armida Reyes, de enero a noviembre de 2010 sólo se habían presentado ocho denuncias relacionadas principalmente a servicios de grúa, cuando está ley fija las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del Distrito Federal.
Nava Vega señaló que hace algunos meses organizó un coloquio internacional titulado: “La Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Servidores Públicos”, en donde diferentes especialistas en el tema coincidieron en que la legislación aprobada ha quedado limitada y es omisa en temas relevantes.
El diputado local del Verde Ecologista, dijo que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México comentaron que hasta el momento no existen casos concretos de la aplicación de la responsabilidad de los servidores públicos.
Mientras que doctores de otros países, dijo, indicaron que se evita la inclusión del ciudadano como testigo del procedimiento; permite que el Estado sea juez y parte; excluye la posibilidad de contar con un traductor para los acusados y quejosos, en caso de que lo necesiten; la defensa no cuenta con un tiempo para perfilar pruebas y descarta el derecho a contar con un abogado de oficio.
El ecologista subrayó que se estudia la posibilidad de impulsar evaluaciones y/o sistemas de medición de calidad del servicio y establecer mecanismos por objetivos cumplidos; tipificar como delito que las autoridades realicen gasto de forma no austera; que los auditores tengan funciones parecidas a las de un Juez, acciones que ya son implementadas en otros países como en España.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
