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México, D. F., a  12  de Marzo de 2013

Con su permiso señor presidente.

Compañeros legisladores,

Como es de su conocimiento de esta honorable soberanía, he estado presentando una serie de iniciativas que van enfocadas sobre todo a actuar de manera preventiva, a razón del número de casos que se están presentando de enfermedades de salud mental enfocada principalmente a niños y adolescentes.

Por supuesto que esta serie de adiciones tienen como origen principal todos los efectos de la violencia han provocado en la salud mental de los niñas, las niñas y los adolescentes.

La violencia en la niñez tiene consecuencias devastadoras para su salud mental, por eso estamos convencidos de que tenemos que actuar de manera conjunta para poder prevenir y dar una atención oportuna.

Muchas de nuestras niñas y niños sufren diversas formas de violencia son expuestos de manera cotidiana a violencia física, a violencia sexual, a violencia psicológica, a violencia.

La OMS calcula que alrededor de 55 mil niñas, niños y adolescentes murieron en todo el mundo como consecuencia también de homicidios.

Se calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de chicos menores de 18 años han experimentado también relaciones sexuales forzadas.

Según la OIT, 218 millones de niños trabajan y 126 de ellos realizan trabajos forzosos.

Solo el 2,4% de los niños a nivel mundial están protegidos jurídicamente contra el castigo físico.

Por eso tendremos que actuar y tendremos que ir legislando para que todo este tipo de actuación que se tiene en el mundo y que pareciera que por ser un problema mundial, no le queremos dar una atención local.

Hoy requiere por supuesto la concertación de todos los niveles de gobierno para poder disminuir la brecha que existe entre lo que sabemos de la violencia en los niños y lo que se debe hacerse para mitigarla.

Como ya lo comentamos la prevención adecuada y el tiempo en que la violencia contra la infancia permite atender una multitud de problemas que, a largo plazo imponen por supuesto una desagregación social, pero sobre todo un problema en los niños y en los adolescentes que por supuesto va en avanzada y que si no actuamos hoy, se podrá presentar como un grave problema de salud pública solamente para el año 2020.

Por eso este fenómeno requiere cooperación y colaboración y tener muchos aliados, no tan sólo actuar desde los niveles hospitalarios, sino también actuar desde los niveles locales, estatales y federales.

A nivel educativo y poder sumar todos los esfuerzos para poder, tratar, diagnosticar y por supuesto lo más importante prevenir el daño en nuestras niñas, en nuestros niños y en nuestros adolescentes.

Por ello he sometido a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en coordinación con los titulares del servicio de salud de las entidades federativas para que se cuente con políticas públicas y programas que se desarrollen en las unidades prestadoras de servicio de los tres niveles de atención en nuestro país para prevenir y atender los trastornos mentales, principalmente en nuestros niños y adolescentes.

Asimismo se exhorta también a los congresos de las entidades federativas para que promuevan reformas a su legislación y que podamos actuar de manera conjunta y se puedan designar los recursos necesarios para ello.

Por su atención, gracias.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  12  de Marzo de 2013

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR PARA INCORPORAR COMO PRODUCTO ESTRATÉGICO AL CAFÉ EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

Muchas gracias, con su permiso señor Presidente:

El café forma parte inseparable de nuestra historia cultural y económica al ser el producto más consumido del mundo. Este tiene un gran potencial  como generador de riqueza y bienestar para la población.

El café genera más de 700 mil empleos directos o indirectos a nivel nacional, de esta economía subsisten 3 millones de personas en todo el país. El café ostenta  el 5º lugar de producción nacional después del maíz, el frijol, el sorgo y el trigo.

Hoy la producción de café de México se concentra en cinco estados, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero.  A pesar de la volatilidad y los altibajos y los punto de inflexión de los ciclos económicos del café; el café en México ha venido siendo un producto que  ha generado a los largo de los años una enorme riqueza, así también como una enorme contención social.

México pasó de ejercer un liderazgo productivo de manera lamentable a estar hoy en el lugar número 38 entre los países exportadores de la Organización Internacional del Café. Organización fundada desde 1958.

No ha sido cuantificada con certeza la cantidad de café verde que entra y sale de contrabando por la frontera sur, ni cuánto del café importado legalmente, sea verde o industrializado o se reexporte pero la cantidad se estima en un millón de sacos anuales.

Sin embargo, de estos precios no se ha beneficiado la gran masa de los consumidores quienes pagan un aproximado de 175 pesos por el kilo de tostado y molido en grano en 375 pesos por el soluble.

En resumen, los ingresos de más de 3 millones de mexicanos dependen del café en estas condiciones. Condiciones donde crece un mercado ilegal y disminuye el mercado productivo.

El café se ha convertido en un generador importante de divisas, hoy exportamos 500 millones de dólares, pero en el 2000 exportábamos 140 millones de dólares más, entonces ha habido una merma en la producción, en la riqueza de este producto que tiene este impacto en nuestra economía y sobre todo en el ámbito social.

El Artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural sustenta y define al café como un producto básico y estratégico en el sistema agrícola nacional por su innegable importancia para nuestra economía y para el bienestar de  quienes participan en el campo mexicano.

Considerando la coyuntura positiva que representa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de acuerdo con el Artículo 26 Constitucional y 21 de la Ley de Planeación; el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la toma de posesión de nuestro Presidente de la República; es decir a partir de este mayo.

Por ello, nuestra propuesta es exhortar al Poder Ejecutivo Federal para integrar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se presentará, que la cafeticultura se convierta con carácter estratégico dentro del Plan Nacional de Desarrollo a efecto de detonar su potencial bajo una visión institucional de largo plazo y que genere un marco adecuado de leyes, de programas, de presupuesto  y sobre todo restituirle a este producto el valor, la importancia que tiene para nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía  con carácter de urgente resolución, el siguiente Punto de Acuerdo:

Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a la cafeticultura como un producto estratégico para vertebrar el conjunto de normas, programas, recursos,  esfuerzos institucionales y capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos y crecimiento sostenido en las regiones que más lo necesitan.

Es cuanto señor Presidente.

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 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 12 de marzo del 2013

Bol 35/13

La depresión es una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años: Barrera Tapia

Tras destacar que la salud mental es una de las demandas sociales más insatisfechas de la población mexicana, la senadora María Elena Barrera Tapia presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuenten con políticas públicas en materia de salud mental en los hospitales de los tres niveles.

La propuesta también solicita fortalecer los programas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con recursos suficientes para la prevención, detección, atención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud mental.

De igual forma, requiere a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa Distrito Federal, promover reformas legislativas en materia de salud mental.

En el documento se expone que la salud mental ha estado oculta durante largo tras el estigma y discriminación, provocando costos culturales y sociales abrumadores para las familias, además de que ocasiona disfuncionalidad familiar, carencias afectivas, estilos de vida nocivos, aumento de la pobreza, exclusión y entornos insalubres.

Se documenta que la tarea de los gobiernos consiste en proporcionar los servicios relacionados con el bienestar, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. Esta enfermedad constituye una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años.

Y es que, se describe que existe una accesibilidad insuficiente a los servicios y violación a los derechos humanos, por lo que se requiere de voluntad política para lograr la atención continua y comunitaria dentro de la red de servicios de salud, así como la reinserción social. Siendo los sistemas de salud basados en la atención primaria claves para articular esta respuesta con el derecho a la salud y los nuevos enfoques familiares y sociales.

En el 2011, según el informe de evaluación del Sistema de Salud Mental, del presupuesto asignado a la salud, sólo el 2 porciento fue orientado a la salud mental. Sólo el 3 porciento de los hospitales generales ofrecen atención a la salud mental.

Asimismo, se destaca que la mitad de los trastornos mentales se presentan en las primeras décadas de la vida antes de los 21 años de edad, según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2005. Mientras que otros estudios determinan que el 24.7 por ciento de los adolescentes se encuentran afectados por uno o más problemas de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de sustancias e intentos de suicidio.

En México se atiende el 50 porciento de los pacientes en servicios hospitalarios especializados independientemente de la gravedad del trastorno, lo que aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

Finalmente, recordó que el Partido Verde y el PRI han presentado varias iniciativas de reformas a la Ley General de Salud en beneficio de la población más vulnerable con respecto a trastornos mentales en niños y jóvenes con el objetivo de prevenir, diagnosticarles y atenderlos.

México, D. F., a 12 de Marzo de 2013 Boletín 063/13

El Partido Verde propuso que se incluya al artículo 29 constitucional entre los que se rigen por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de corregir una falta de coherencia entre ambos dispositivos.

Los diputados promoventes, Arturo Escobar y Vega y Carlos Castellanos Mijares, explicaron que en el artículo 29 constitucional, se establece que en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro, que ponga el peligro a la sociedad, el Presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y garantías.

Por otro lado, Escobar y Vega señaló que dentro del artículo quinto de la Ley Orgánica se establece que el Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para celebrar sesiones solemnes y para tratar asuntos relacionados con ciertos artículos, entre los cuales no está incluido el 29 constitucional, lo cual debe corregirse.

“El orden jurídico no siempre es sistemático, por ello es labor del legislador, no sólo identificar las realidades sociales a cubrir con normas para satisfacer necesidades de orden y suplir lagunas, así como colocar en la palestra de la discusión aquellas faltas sistémicas para hacerlo mucho más coherente”, indicó Castellanos Mijares.

Finalmente, reiteró que la sistematicidad es un signo de coherencia dentro del orden jurídico, ello brinda precisión y engarza los diversos dispositivos normativos, con lo que de modo claro se conciben los límites y alcances de las instituciones.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 12 de marzo del 2013

Bol 33/13

•    La autoridad fiscal cuenta con tiempo excesivo para solicitar la revocación de un acto administrativo perjudicial para el fisco: Sen. Ninfa Salinas Tras considerar que el tiempo con el que cuenta la Administración Pública Federal, con respecto a las resoluciones administrativas a particulares, es imprudente y excesivo, la senadora Ninfa Salinas Sada presentó una iniciativa para disminuir el tiempo de interposición del juicio de lesividad de cinco a un año.

El juicio de lesividad procede cuando la autoridad considera que la resolución administrativa de un particular es contraria a la ley y causa perjuicio al fisco, para lo cual cuenta con cinco años para iniciarlo, contrariamente al tiempo con el que cuenta el particular, que es de 45 días.

Estimó que esta situación es indebida y contraria a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional. Además es contradictoria al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual marca que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

En ese sentido, resaltó que en el plazo de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que la autoridad cambie de criterio interpretativo o incluso aplique jurisprudencia que en el momento de la decisión no existía, contraviniendo adicionalmente el principio constitucional de irretroactividad.

Comentó que un Estado constitucional de derecho está sometido a la Ley, a su Constitución y sus principios, por lo que alegar exceso de trabajo no tiene mayor peso, para continuar con un plazo de cinco años.

“No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco, sin embargo tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo”, destacó.

Con esta iniciativa se salvaguarda los principios de seguridad jurídica, certeza, igualdad e irretroactividad en el plazo que tiene la administración pública para ejercer acción legal para solicitar que se revoque un acto administrativo.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 12 de marzo de 2013

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, RESPECTO AL DICTAMEN QUE COMBATE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA MUJERES DEL SECTOR RURAL

Con su permiso, presidente.

Vengo a nombre de la fracción parlamentaria del Verde Ecologista, para solicitar su voto a favor de esta reforma que tiene que ver con lo que hemos estado trabajando aquí en la Cámara de manera permanente y cotidiana, respecto a resguardar los derechos de las mujeres, y principalmente toda la parte que tiene que ver con la política de género.

Esta reforma que se presenta hoy para votación, tiene como fin modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de adicionar las competencias que deben tener en este ordenamiento la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Como ustedes saben, a ésta apenas se le dieron facultades mayores, se le transformó el nombre y ahora está atendiendo una serie de actividades que no se venían realizando desde esa anterior Secretaría.

Para poder pedirles su voto, existen análisis que nos dieron posibilidades de sustentar este dictamen, respecto a por qué tenemos que incluir dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda la parte que tiene que ver con las mujeres  del sector rural.

Un dato interesante e importante que tenemos que tomar en cuenta, es que de esta gama de sustentos que se dieron para poder analizar el tema, el caso de las mujeres rurales a nivel mundial se ha manifestado la ONU, que no está protegiendo en las normas y en los ordenamientos que regulan la posibilidad de apoyar la igualdad en todos los sentidos para las mujeres.

En este caso, se está pidiendo que se aumenten una serie de facultades para que la Secretaría que acabamos de reformar, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tenga que rendirle cuentas también al sector que está revisando toda la parte de perspectiva de género, para poder impulsar una política de no violencia contra las mujeres, pero sobre todo de prevención hacia esa violencia.

Y que interesante, que esta reforma que se va a votar en este momento, coincidentemente y desafortunadamente, haya coincidido con la violencia que sufrió una de nuestras compañeras representantes, precisamente en una zona rural.

Preguntémonos si eso le sucede a una legisladora, que aquí no importa si es un problema de que tenga o no fuero, es un problema de cultura general en nuestro país.

Preguntémonos, si una compañera legisladora sufre este tipo de agresiones, qué sucede con el resto de mujeres rurales y principalmente, las mujeres indígenas, como lo mencionaba también nuestra compañera de Acción Nacional, respecto al resguardo de sus derechos.

Pues esta reforma, lo que va a resguardar es la parte de igualdad sustantiva que tiene que ver con garantizar que estas mujeres del sector rural tengan la posibilidad de igualar su vida como lo hacen las mujeres en las zonas urbanas.

Es por eso que nosotros venimos a pedir su voto a favor, pero sobre todo, quiero por último hacer una observación de cómo se votó la ley en comento, la ley precisamente que estamos en este momento reformando, la Ley  General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una de las leyes que mayor aceptación han tenido en  nuestro país.

Esta ley se votó en el 2007, 2006, aquí en esta Cámara de Diputados, pero ahora precisamente todos los Congresos locales cuentan con la armonización de la norma federal hacia la norma local.

Entonces no es un a falta de normas, las que tenemos al interior del sector del rural, sino es una falta de oportunidades, de herramientas, que le permitan a las mujeres verdaderamente tener esta igualdad sustantiva, porque ya está la igualdad normativa; y esta igualdad sustantiva para que puedan tener este desarrollo igualitario, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres rurales con las mujeres del medio urbano.

Eso es cuanto, compañeros, compañeras diputadas, esperamos contar con su voto a favor. Muchas gracias por su atención.

México D.F., a 12 de marzo de 2013  Boletín 55/13

La oposición debe ser incluida en la toma de decisiones para la solución de los problemas de la Ciudad: Sesma

El diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la fracción del PVEM en la ALDF exhortó a la mayoría perredista del órgano legislativo, a que sea incluyente, tome en cuenta las propuestas de la oposición y les conceda un trato equitativo similar al que recibe el PRD, en el orden federal.

En conferencia de prensa conjunta de las fracciones PRI-PVEM y de sus dirigencias partidistas en la capital, demando al gobierno capitalino trabajar a favor de un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la Ciudad para promover las políticas públicas que demanda la ciudadanía.

Sesma Suárez informó los temas que privilegiará el Partido durante el segundo periodo ordinario de sesiones en la ALDF que arranca el 15 de marzo próximo, entre ellos, la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para sancionar con cárcel a quienes violen el uso de suelo.

El diputado Tonatiuh González Case coordinador de la fracción del PRI en la ALDF, anunció que propondrán como parte de la Reforma Política del DF, el transitar del régimen delegacional al municipal garantizando la autonomía de recaudación; en materia de transporte y movilidad, presentarán una iniciativa de Ley en defensa del usuario.

Por su parte Samuel Rodríguez Torres dirigente del Partido Verde en el DF, enumeró las acciones de la militancia en favor de la Ciudad entre las que destacan campañas de concientización para el uso racional del agua, ante la alerta de crisis que se espera en 2014.

POSICIONAMIENTO DEL DIPUTADO RICARDO ASTUDIILLO SUÁREZ, SOBRE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN  ENERGÉTICA

Con su permiso señor presidente;

Compañeras y compañeros diputados;

México y su medio ambiente nos lo demanda y nos lo urge, es el  momento para convertirnos en un país verde, en un país de energías limpias, en un país innovador y preocupado por todo lo que tiene que ver con sus recursos naturales y, por supuesto, por salvaguardar todo lo que tenga relación con nuestras energías.

El 92 por ciento de los mexicanos así lo decidimos ya. En una reciente encuesta por parte de una empresa extranjera francesa, arrojó los datos que todos y cada uno de los mexicanos preferimos las energías renovables, para poder tener una solución adecuada a lo que tiene que ver con el cambio climático, y la dependencia de importación de combustibles fósiles en nuestro país.

Dentro de la comisión, en  los dos siguientes dictámenes que vamos a analizar, hemos conseguido el consenso, la unanimidad para poder estar a favor de los dictámenes que hoy estamos discutiendo.

El primero, el que tiene que ver con la reforma a los diversos artículos que en la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética, el que podamos buscar y consolidar el dicho aprovechamiento de estas energías, principalmente en las escuelas y en las comunidades rurales. Es decir, que se contemple todo lo que tiene que ver con el servicio de educación pública de una forma prioritaria, en todas aquellas zonas que es difícil de acceder.

Actualmente existen ya, una serie de diversos programas en los municipios más alejados de nuestro país que funcionan mediante las energías renovables, y que lo que estamos haciendo en este dictamen es poder ampliar, para que sean consideradas todas estas alternativas y podamos tener un mejor aprovechamiento.

El segundo dictamen que analizaremos y que quiero dar mi posicionamiento, tiene que ver con la adición al artículo 24 de la misma ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y que podamos buscar los mecanismos adecuados en lo que tiene que ver con el tema de inversión.

Con el tema de que se pueda aprovechar los recursos de Egresos de la Federación, para incentivar los proyectos en nuestro país. Hoy, hay que voltear a ver países como Alemania, Italia, Estados Unidos y China que representan el 60 por ciento de la inversión en lo que tiene que ver con las energías renovables, al monto total de las grandes inversiones que se han dado en el mundo solamente en el año 2011.

Dentro de la comisión y por supuesto del grupo parlamentario que represento, consideramos que el poder tener el acceso a estos recursos nos va a ayudar a que no se dispersen y se reflejen concretamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos destinados a la creación de fideicomisos, a la formación de apoyos y que los municipios y los Estados puedan acceder a este recurso.

De esta manera, dentro de la comisión, como integrante de nuestro Partido, contribuimos dotando a la sociedad mexicana de instrumentos que permitan la diversidad de fuentes de energía y el aprovechamiento de las energías limpias, y que transitemos hacia un desarrollo sustentable.

Hoy no podemos desperdiciar la gran oportunidad de la situación geográfica en la que se encuentra nuestro país, y en comparación con economías similares a la nuestra, poder aprovechar todo lo que tenga que ver con el tema de energías renovables, energías verdes y que por supuesto, demos resultados desde esta comisión y desde esta asamblea  a la problemática que hoy está acechando a nuestro país.

Es cuanto señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  12  de Marzo de 2013

Los Estados de Derecho constitucionales, además de perseguir la seguridad jurídica, mediante normas formales; también deben elaborar un derecho material justo. El Derecho Tributario de los Estado de Derecho no puede constituir un orden con un contenido cualquiera.

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El particular, así como la Administración Pública Federal pueden iniciar un juicio cuando estimen que una resolución administrativa, es contraria a la ley.

En el caso de la autoridad, se trata del llamado juicio de lesividad, que tiene por objeto  revocar o nulificar un acto administrativo que la propio autoridad emitió pero, de un análisis posterior, considera se causa daño al fisco y además es ilegal.

La problemática que motiva esta iniciativa, surge en la distinción de plazos concedidos por ley, para interponer el juicio.

El particular que acude ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por considerar ilegal una resolución de la Administración, cuenta con 45 (cuarenta y cinco) días para presentar su demanda, no así la autoridad quien tiene, hasta 1866 (mil ochocientos sesenta y seis) días para iniciar un juicio.

En efecto, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, el plazo de interposición de la demanda es de cinco años.

Esta disparidad, representa una vulneración inminente a varios principios jurídicos. Debe mencionarse que el juicio de lesividad tiene como finalidad inmediata  revisar la legalidad de las resoluciones fiscales favorables a los particulares, pero esta finalidad está limitada por el bien jurídicamente tutelado: la seguridad jurídica de los particulares, que como principio constitucional, contenido en el  artículo 16 de nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra consideración.

No debemos perder de vista que los 5 años que nos ocupan, son el plazo con que cuentan las autoridades fiscales únicamente para iniciar el juicio de lesividad, lo que significa que la definición de la situación jurídica del particular, necesariamente se alargará durante algunos años más, esto es, hasta que tal juicio haya concluido, sin considerar el tiempo que ya transcurrió antes de obtener la resolución que la autoridad ahora impugna.

Imaginemos, el particular se ha sometido a un procedimiento administrativo del que obtuvo respuesta o resolución favorable de la Administración. No obstante, tendrá que esperar cinco largos años para tener certeza de que la respuesta a su favor queda firme.

Y si después de más de cuatro años de intranquilidad, la autoridad detectara un error que ella misma cometió,  y se le sometiera de nueva cuenta a un procedimiento administrativo, debemos considerar que un juicio de nulidad tarda, entre dos a tres años, lo que representará que la situación jurídica del particular se estará definiendo en un plazo que en promedio, será de siete a ocho años, siendo evidente que en muchos casos estos plazos son incluso, mucho mayores.

Esto se estima indebido, pues si bien es cierto que las resoluciones favorables a los particulares deben ser objeto de revisión por parte de los tribunales, también lo es que el plazo de más de cinco años, en el que se determinarán los derechos y obligaciones de los particulares resulta imprudente, excesivo y, por ende, contrario a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es instrumento internacional que se encuentra a la par de la Constitución. Su artículo 8, párrafo 1,  dispone:

"8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable […].”

Es por tanto que la autoridad tiene el deber de determinar los derechos y obligaciones de orden fiscal dentro de un plazo razonable, por parte de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

El plazo excesivo con el que cuenta la autoridad para interponer el juicio de lesividad, quebranta el principio de seguridad y certeza jurídica.

Durante el plazo mencionado, de cinco años, el particular tendrá incertidumbre de que, la propia Administración cambie de criterio interpretativo o incluso, aplique jurisprudencia que, en el momento de la decisión no existía, contraviniendo adicionalmente, el principio constitucional de irretroactividad.

Los cinco años concedidos a la Administración Pública, no se pueden justificar en el cúmulo  de trabajo bajo su responsabilidad, ni en afirmar que se pretende equiparar con el plazo de prescripción de las facultades fiscales (que también es de cinco años).

Invocar un exceso de trabajo no tiene mayor peso que el argumento de un Estado constitucional de derecho, del que somos parte; donde particulares así como autoridades estamos sometidos a la ley, su Constitución, y los principios que de ella derivan.

No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco.  Sin embargo, tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo, una resolución favorable a un particular, máxime que fue la propia autoridad quien la emitió.

Esta iniciativa expone la necesidad de reducir los plazos, para la autoridad, en la interposición del juicio de lesividad.

No obstante, establecer un plazo de 45 días, igual al que posee el particular, también atentaría con la equidad procesal, toda vez que es acertado considerar en su justa medida, el cúmulo de trabajo que tienen las autoridades, razón por la cual, 45 días no son suficientes para que la Administración detecte error o ilegalidad en alguna resolución por ella misma emitida.

Por tanto, con el objetivo de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza jurídica, igualdad e irretroactividad, proponemos reducir a un año, el plazo que tiene la Administración Pública para ejercer acción legal que pretenda revocar o nulificar un acto administrativo, que considere es ilegal y causa perjuicio al fisco.

La ley no debe secundar situaciones arbitrarias, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo, y mencionó, las palabras del filósofo y político griego Séneca ´:

 “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, permitir plazos excesivos contribuiría a permitirlo.

Por su atención, muchas gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO