26 de Marzo de 2010

La dirigente del partido, Alma Lucia Arzaluz, preciso que la medición permita elegir al más fuerte El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidió a través de una medición se elija al candidato de la “Alianza Unidos por Tlaxcala” entre los precandidatos de los Partidos Socialista (PS) y Revolucionario Institucional (PRI), Rosalía Peredo Aguilar y Mariano González Zarur respectivamente. Porque para la presidenta, Alma Lucia Arzaluz Alonso el abanderado debe ser el “mas fuerte”, para que la presencia de la coalición cumpla con la expectativa de persuadir a la ciudadanía con los mejores proyectos que se le pueden ofrecer al estado, que permita obtener la administración gubernamental.

Refirió que en ambos políticos existen cualidades, condiciones y experiencia que se reflejará cuando se de el momento de comenzar hacer el proselitismo.”Los dos tienen las mismas posibilidades. Aquì no vamos a descartar a nadie, pero tampoco ya pondremos a una persona como tal, y que todo se defina en la encuesta que se lleve a cabo”. Aseguró que dentro de los acuerdos que se dieron para conformar el bloque partidista entre PVEM-PRI-PS, se estableció como un acuerdo realizar un estudio demoscópico para conocer quien encabezará la coalición “Unidos por Tlaxcala”. “Es lo que se platicó y también el PS lo ha manifestado”.

No obstante, la pevemista consideró que la conformación partidista buscará ser la ganadora, ofreciendo el rescate de proyectos que le den un crecimiento al Estado, más allá de intereses personales, “claro siempre respetando los lineamientos internos que deben llevarse a cabo entre los tres partidos coaligados”. Al respecto de las otras dos alianzas que se han conformado para llegar a la primera magistratura. Opinó que todas buscarán ofrecer a la ciudadanía un proyecto benéfico para la entidad.

Aunque precisó que la justa comicial en el mes de julio será muy reñida, pero donde el objetivo de las tres alianzas será ofrecer cambios en Tlaxcala. Por ello, pidió al electorado que el día de emitir su voto lo hagan con la concientizaciòn de conocer que alianzas “no tiene fracturas, eso será importantísimo”.

Situación por la que dejó en claro que no existe conformación política donde no existan diferencias, y que ha causa de ello se debe trabajar para estar fortalecidos “parte de la política es saber como abrazar a todos, sin que se desquebraje el proyecto”.

 Por lo anterior; aseguró que para lograr la unificación se requiere de consensuar todos los ideales y corrientes políticas que convergen en una alianza partidista. Por que aseguró que trabajar conjuntamente será la fórmula que se requiere para triunfar en el proceso. Al respecto, mencionó que las dirigencias estatales tendrán que trabajar en sus comités municipales, y así, quién represente la coalición se encuentre con un verdadero equipo de trabajo y “la gente que integra la coalición se encuentre identificada de la misma”.

De esta manera, Arzaluz Alonso aludió que la manera de persuadir a la gente y que se identifique con la coalición, será por medio de la empatìa para que no “sientan que es un candidato lejano o diferente a ellos que solamente te vé en espectaculares o en los periódicos; que te ven como un candidato cercano y preocupado por revertir la problemática que existe en el Estado”.

El suscrito Diputado Juan Macklis Anaya representante del Partido Verde Ecologista de México, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura, posicionamiento, en razón de la exposición de motivos siguiente:

El cumplimiento irrestricto de la ley, es el sentimiento homogéneo al que toda sociedad aspira, esta a través de sus generaciones nos ha enseñado desde pequeños que la Ley debe cumplirse y que de no ser así nuestras autoridades deben ejercer acciones para hacerla cumplir.

Las autoridades por su parte aprendimos, debían ser honestas e imparciales y de no serlo, también se harían acreedoras a las sanciones correspondientes señaladas en la Ley y que en ningún momento eran negociables, haciendo valer el principio que nadie esta por encina de la Ley.

De esta forma nace el concepto “cultura de la legalidad” que como se desprende de este relato no es un tema nuevo, y enfoca su objetivo en la aceptación jurídica y moral por parte de todos los ciudadanos a las leyes previamente escritas y aceptadas por la sociedad en un documento oficial.

Sin embargo “cultura de la legalidad” si es un tema que toma relevancia en estos tiempos de inestabilidad social y jurídica que se presenta en el Estado de Baja California.

Es un secreto a voces que la ciudadanía ha dejado de confiar en sus instituciones, “esto es un hecho” y como consecuencia también deja de cumplir con sus deberes al sopesar que si la autoridad no cumple porque la ciudadanía si debe de hacerlo.

La percepción ciudadana de que las instituciones públicas están en crisis de credibilidad se ve reflejada en la casi nula participación que esta tiene en los asuntos públicos.

Sabemos que en este momento en el que vivimos, un estado de derecho endeble y frágil, donde el respeto a las normas es la excepción a la regla y en el que resulta redituable infringirlas que respetarlas, es necesario que la  Procuraduría General de la Republica, cumpla eficaz y eficientemente con la principal labor constitucional como es la persecución e investigación de delitos, en relación con los hechos en que el Dip. Víctor González Ortega fue detenido en estado de ebriedad a bordo de un vehículo y probablemente en posesión de drogas.

A todos los Bajacalifornianos nos importa saber la verdad de lo acontecido, el compromiso es averiguarla, demostrar la existencia o no de hechos delictuosos,  también otras circunstancias, personas, tiempo, lugar y ocasión sin mayor presiones que el cumplimiento de la Ley, que ordena allegar al Juez los elementos probatorios para que él , y solo él, determine la inocencia o culpas.

En estas condiciones resulta necesario que las investigaciones cuya actuación deberá ajustarse a preservar el derecho de todo individuo a ser tenido por inocente hasta no haber sido sentenciado por Juez competente en juicio que cumpla la formalidad legalmente establecidas, garantizar a la sociedad, en su conjunto, la seguridad de que solo habrá de instrumentarse procesos penales cuando existan elementos suficientes que prueben el tipo delictivo y establezcan la responsabilidad de los acusados, cuya actuación deberá ajustarse invariablemente a la Constitución Federal y que no respondan a presiones  de carácter político o grupos de poder.