En el Partido Verde hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde ante la Nación, convencidos que esta reforma traerá mayores inversiones, ampliará la infraestructura, dará mayores empleos, más dinero al Estado y tarifas eléctricas más bajas para las familias.

México, D. F., a  10  de Julio de 2014

 

 

 

Muchas gracias senador presidente.

Con su venia compañeras y compañeros senadores.

 

Con el análisis del presente dictamen, concluimos en estas Comisiones Unidas la discusión de la reforma más importante en la historia moderna de nuestro país.

Ha sido un debate democrático, un debate abierto, y un debate de frente a la sociedad.

En el Partido Verde hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde ante la Nación, convencidos que esta reforma traerá mayores inversiones, ampliará la infraestructura, dará mayores empleos, más dinero al Estado y tarifas eléctricas más bajas para las familias.

Con la aprobación mayoritaria de senadores, diputados y de los Congresos locales realizamos una modificación constitucional, se dispuso en el octavo párrafo del artículo 28 constitucional que el poder Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica a través de dos órganos reguladores en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

En la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, que ya han sido analizadas por estas Comisiones, se han establecido las atribuciones sustantivas de estos órganos.

En el dictamen que hoy discutimos se prevé la estructura y elementos de organización, con los cuales se fortalecen los órganos encargados de hacer que se respeten las reglas del juego.

La modificación que se plantea para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y para la Comisión Reguladora de Energía es radical. Pasan de órganos desconcentrados a ser órganos reguladores-coordinados en materia de energía, lo que significa que tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión frente a la Secretaría de Energía.

Contarán con personalidad jurídica y presupuestaria, por lo que dispondrán de los ingresos que obtengan por los derechos y aprovechamientos captados por los servicios que éstas presten. Para garantizar su autonomía contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados.

La experiencia internacional marca una tendencia hacia la especialización de funciones, con el fin de propiciar mandatos claros e incrementar las capacidades técnicas y el mejor desempeño de las atribuciones de los órganos reguladores.

En consecuencia, el modelo que se plantea propone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenga como objeto regular y supervisar la exploración y la extracción de hidrocarburos. Será responsable de licitar, suscribir y administrar las asignaciones y contratos.

Ejercerá sus funciones procurando que se eleve el índice de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos; que se impulse la reposición de las reservas y se utilice la tecnología más adecuada.

Por lo que se refiere a la Comisión Reguladora de Energía, la ley establece que tendrá por objeto regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento, distribución, compresión y regasificación, así como expendio de gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles.

También, regulará la generación, transmisión y distribución y comercialización de electricidad.

Por lo que se refiere al cuidado ambiental, en el Partido Verde estamos convencidos que debe ser compatible con las actividades del sector energético. La exploración y extracción pueden llevarse a cabo mitigando el riesgo de afectaciones al entorno y sin consecuencias para la salud. Esto será posible con un órgano especializado, con capacidad técnica, independiente y con facultades suficientes para sancionar.

Por eso es que propusimos la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la que se toman en cuenta aspectos preventivos, correctivos, sancionatorios y de remediación.

La Agencia se crea como un órgano desconcentrado de la SEMARNAT, con autonomía técnica y de gestión, encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en las actividades del sector hidrocarburos.

Los mexicanos, cada día tenemos mayor conciencia ambiental, nos preocupan los impactos que se puedan ocasionar y por eso actuamos para que las empresas petroleras reduzcan el daño ambiental y minimicen la huella ecológica. Esta preocupación no es gratis, porque al igual que otras actividades productivas, la petrolera no está exenta de riesgos.

Sabemos de catástrofes ambientales que se han presentado en el ámbito internacional, por citar una: todos recordamos que en 2010, el incidente en el pozo Macondo, en el Golfo de México, provocó el derrame de 5 millones de barriles, con un costo para British Petroleum por más de 37 mil millones de dólares, por indemnizaciones, daños y remediación.

Con la Ley que se propone sobre la Agencia, podremos prever que en México se eviten daños como éstos, pero también, se ofrecen instrumentos para que cuando se causen afectaciones se exijan indemnizaciones, reparación del daño y sea posible fincar responsabilidades.

En el ámbito de la prevención, el artículo cinco, faculta a la Agencia para realizar visitas de inspección y supervisión sobre seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.

Más específicamente en el Capítulo III, que comprende los artículos del 12 al 21, se exige a las empresas implementar Sistemas de Administración en los que evalúen la integridad física y operativa de las instalaciones; identifiquen medidas de prevención, monitoreo, mitigación y valuación de accidentes, riesgos a la población, al medio ambiente y a las instalaciones.

Se establece que los operadores cuenten con un plan de capacitación y entrenamiento; con lineamientos y procedimientos para la prevención de accidentes y atención de emergencias; con informes periódicos del desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.

Ha quedado constatado que cuando suceden los derrames de hidrocarburos se debe a prácticas inadecuadas por parte de las empresas petroleras, por eso, es que en este dictamen, se faculta a la Agencia para verificar que se apliquen las mejores prácticas y estándares internacionales en la realización de sus actividades.

Del mismo modo, el artículo 22 dispone que cuando alguna obra o instalación represente un riesgo crítico, la Agencia podrá suspender o clausurar la construcción; asegurar sustancias, materiales, equipos, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos de cualquier especie, e inutilizar materiales, equipos o accesorios.

El Partido Verde asumió un compromiso ante todas y todos los mexicanos: el que contamina paga, y gracias a esta ley, será una realidad, pues en su artículo 23 se incorpora este principio.

Los afectados y la seguridad de que recibirán de las empresas responsables, el pago por los daños, indemnizaciones y remediación de tierras, sin que ello signifique que quedarán exentos de que se les finquen responsabilidades.

Otro aspecto importante a considerar es el ciclo de vida de las instalaciones de producción, que es de entre 20 y 40 años, por lo que llegado el momento se tendrán que desmantelar. La Ley contempla las previsiones adecuadas para que cuando esto acurra, el lugar ocupado quede en condiciones ambientales óptimas.

En materia de sustentabilidad estas Comisiones han incorporado la facultad para que la Agencia exija que las actividades se realicen con apego a la protección, conservación, compensación y restauración de los ecosistemas, flora, fauna, bienes y servicios ambientales.

Un aspecto que tiene que ver con el cambio climático, es lo relativo al impacto que las actividades petroleras tienen sobre la atmósfera. En este sentido, el dictamen faculta a la Agencia para emitir las especificaciones y los requisitos de control de emisiones de contaminantes.

En cuanto a medidas contra la corrupción, el artículo 28 establece que los servidores públicos deberán sujetarse a un código de conducta, lo cual se suma a las sanciones que ya se establecen en la Ley de Hidrocarburos.

Este Código tendrá reglas para llevar a cabo reuniones con los regulados y la prohibición expresa de que acepten obsequios, servicios, financiamiento o aportaciones económicas.

Compañeras y compañeros senadores.

En el Partido Verde sabemos que de nada sirve tener petróleo y gas si lo mantenemos éste enterrado. Extraer el gas y extraer el petróleo es la oportunidad para que los mexicanos aseguremos nuestro suministro energético. Hagamos esto posible con el menor impacto ambiental.

Votar a favor de este dictamen, es votar por un desarrollo sustentable, es votar por este desarrollo sustentable y por preservar el medio ambiente, en el presente y en un futuro.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO