El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Delitos Electorales que establece sanciones de hasta 15 años de prisión a quien reciba, realice, destine o utilice dinero o aportaciones en especie a favor de algún candidato, precandidato o partido, cuando los fondos tengan un origen ilícito o exista una prohibición legal para ello, o rebase los montos de campañas permitidos. Esta pena podrá alcanzar hasta los 22 años y medio de prisión –ya que aumentará en una mitad–, si las conductas tipificadas se realizan en apoyo de precampañas o campañas electorales. Las nuevas disposiciones aprobadas ayer en San Lázaro, al arranque del periodo extraordinario de sesiones, señalan que se sancionará con cárcel de 6 meses a 3 años a quienes soliciten votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, es decir, que compren el voto. Igual sanción se impondrá si se pide el voto mediante violencia o amenaza, si se presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o coalición. Cabe destacar que el documento aprobado es exactamente el mismo que remitió el Senado en forma de minuta hace algunas semanas a San Lázaro, es decir, que los diputados no le movieron una coma al texto. Con la aprobación correspondiente, la Cámara de Diputados desahogó ayer mismo tres de los cuatro temas de su agenda para esta etapa legislativa extraordinaria –antes había dado su aval a las reformas al artículo 41 constitucional y a la designación del contralor general del INE-, por lo que hoy quedó sólo en espera de la minuta senatorial en materia político-electoral. El nuevo ordenamiento que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Queda estipulado que será sancionado con prisión de seis meses a 3 años el condicionamiento de los programas gubernamentales con fines electorales. Las penas en este rubro pueden alcanzar hasta 12 años de cárcel si el condicionamiento tiene relación con los programas de naturaleza social. Se establece que las procuradurías y fiscalías en los estados de la República deberán crear Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales que den atención a los ilícitos contemplados en este nuevo marco legal que forma parte de la reforma político-electoral en México. El decreto se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación e inmediata entrada en vigor.

LA CRÓNICA