El abandono del campo mexicano por más de dos décadas provocó un éxodo de agricultores, que dejaron terrenos improductivos que cayeron en manos del narcotráfico, expresó Isabel Cruz Hernández, representante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas ante el presidente Enrique Peña Nieto.
“El crimen organizado no pudo encontrar mejores circunstancias... lo que hubo fue una gran cantidad de tierras para el cultivo de amapola y mariguana”, destacó la agricultora, quien pidió al Ejecutivo que se tome en cuenta la voz de estas organizaciones en el diseño de la iniciativa de Reforma al Campo.
Ante el planteamiento, el primer mandatario habló de que la forma será “un gran acuerdo con los productores del campo para revisar los distintos ordenamientos que hoy tenemos” y corregir las fallas, dijo durante el diálogo con diferentes líderes y productores nacionales.
Otra de las preocupaciones que le expusieron ayer al Presidente fue el temor de que la iniciativa de reforma incluya un cambio en el sistema de propiedad de la tierra en el país.
José Durán Vega, dirigente del Congreso Agrario Permanente, tomó la palabra y dijo “Venimos sin sumisión, pero con respeto” y expuso su preocupación.
“La reforma al artículo 27 en 1992 permitió que cualquier ejidatario pudiera optar por el dominio pleno, es decir, por el cambio de régimen de propiedad, con lo que se dio una fuerte movilidad en la propiedad agraria.
“Sin embargo, quien ha ganado con esta creciente movilidad ha sido el comerciante usurero de la tierra, aquél que sólo la ve como un objeto de compra-venta y especulación... por ello nos oponemos a la modificación constitucional o del marco secundario agrario para agilizar el proceso de privatización del ejido”, estableció.
A su vez, Cruz Hernández, aseveró que su organización rechaza que parte de la reforma al campo debe ser “la eliminación del régimen de propiedad social y la profundización de la privatización”.
Ante ello, el presidente Enrique Peña Nieto les respondió que en la iniciativa de Reforma al Campo no se incluirá ningún apartado que cambie el régimen de la propiedad de la tierra.
“Hay que dejar muy en claro que el gobierno de la República ni ha propuesto ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”, declaró.
Habló de que esta administración está decidida a hacer del campo “una de sus mayores prioridades, de realmente emprender una reforma del campo”.
Indicó que esto se acredita con el presupuesto a la Sagarpa por 82 mil 900 millones de pesos este año, 10% mayor al de 2013.
Asunto de seguridad nacional
En el salón donde el Presidente se reunió con campesinos, José Durán Vega describió la agonía de productores agrícolas y los riesgos de que no esté asegurada la producción de alimentos en México.
Explicó que se han reducido al mínimo los apoyos al agro hasta orillar a pequeños productores a condiciones de marginación.
“A nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al campo”, dijo enérgico.
Para corregirlo se necesitan políticas nacionalistas, pues “la abundancia o escasez de alimentos incide directamente en la seguridad nacional”.
Cruz Hernández denunció que los subsidios que da la Secretaría de Agricultura y la banca de desarrollo se concentran en los estados del norte y del Bajío, mientras que las entidades del sur quedan desprotegidas.
Dijo que hay estudios que muestran que los apoyos al campo provocan desigualdad, al concentrarse en tres o cuatro entidades.
“Cifras del Banco Mundial muestran que en 2004 los productores rurales de las entidades más pobres —Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz— recibían menos de 500 pesos de apoyo per cápita de ProCampo, Aserca y Alianza para el Campo, mientras que los productores de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora recibían tres mil 500 pesos per cápita el mismo año.”
Dijo que Aserca apoyó a 150 mil productores, “entre ellos cinco grandes empresas transnacionales (que) se han beneficiado de los subsidios públicos: Bachoco, Minsa, Cargill, subsidiarias de Maseca, denominada Compañía Nacional Almacenadora, es decir, 1.8 millones de productores han estado fuera de los apoyos a la comercialización... esta tendencia se mantiene hasta 2013”.
El Presidente dijo que su gobierno escucha las posturas para incorporar la solución a estos problemas en la reforma al agro.
Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Sedatu, dijo que entre marzo y julio se negociará con los legisladores sobre las características que deberá tener la reforma agraria.
EXCELSIOR
