En caso de no aprobarse la reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal, al menos 20 por ciento (491) de los dos mil 440 municipios del país estarían en riesgo de quiebra al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, así lo sostiene la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
De acuerdo con el estudio Las otras razones de la reforma energética y la despetrolización de la economía, temas como el incremento en los precios de los combustibles y a las tarifas de energía eléctrica demuestran la urgencia de la aprobación de una reforma energética para evitar así un panorama financiero insostenible y de consecuencias graves.
Municipios como Tekax, en Yucatán; Calkiní, en Campeche; Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; Torreón en Coahuila; Gómez Palacio, Durango; Chilpancingo, Guerrero; Santa Isabel, Chihuahua o San Blas en Nayarit son sólo algunos de los 491 municipios que están en riesgo de quiebra, debido a que sus arcas públicas tienen elevadas deudas con CFE o con bancos.
También Contepec, Michoacán; Puerto Peñasco, Sonora; Coatzacoalcos, en Veracruz; Tamuín, en San Luis Potosí; Navolato en Sinaloa; Ciudad Cuauh- témoc, Zacatecas; Romita, Guanajuato, y Othón P. Blanco, en Quintana Roo también están en la larga lista de ayuntamientos en riesgo del colapso financiero.
Para el análisis, si no se concreta la reforma energética, dichos municipios y otros más se verían imposibilitados para pagar la factura de electricidad o la gasolina.
En ese contexto, se asegura que el grave impacto económico que han tenido los incrementos de las tarifas de energía eléctrica y las alzas en los precios de los combustibles en el primer nivel de gobierno, en el más cercano, en el gobierno encargado de limpiar, barrer, levantar la basura y encender las luces de la ciudad. Y es que en los ayuntamientos, la energía eléctrica y los combustibles se aplican prácticamente en todas las tareas y por ello es relevante el siguiente análisis de lo acontecido durante el sexenio pasado.
Para el presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, y vicepresidente de Asuntos Energéticos de la Fenamm, el priista Marcos Theurel Cotero, es necesario que los municipios sean energéticamente más eficientes, mejorar las tecnologías de las luminarias y reestructurar el Fideicomiso para el ahorro de energía el cual, asegura, ha sido de poca utilidad para los ayuntamientos.
“La producción de petróleo es un tema mundial y México no escapa a ello. Lo que sucede en los otros países productores de petróleo y combustibles nos afecta, afecta el precio de nuestros energéticos, lo queramos o no. La reforma es necesaria para evitar complicaciones económicas.
“Es necesario simplificar sus trámites, mejorar sus tasas e incrementar sus montos de financiamiento para apalancar los proyectos de ahorro de energía para los municipios, pensar inclusive en un programa nacional de ahorro de energía a nivel municipal”, postuló Theurel Cotero.
Mayores recursos
Según la Fenamm, de aprobarse la reforma energética, no sólo habría energéticos más baratos, sino entrarían más recursos a las alcaldías, gracias a la renta petrolera.
Según el estudio, en el sexenio anterior, la población de México creció 14 por ciento, pasando de 103 millones de mexicanos que habitábamos en el 2007 a ser 117 millones en 2012. Podríamos decir que en promedio, la demanda de las necesidades de los habitantes en los municipios aumentó un 14 por ciento en el sexenio pasado.
“El incremento del costo de los combustibles y la electricidad fue totalmente desproporcionado en relación con los incrementos en los otros rubros. Es el principal incremento del gasto en el sexenio pasado y en el principal problema para la economía de los ayuntamientos”, indicó Marcos Theurel.
La voz de este alcalde se sumó a la del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Rojas Gutiérrez, quien frente a los legisladores integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, ante quienes compareció como parte del proceso de reforma constitucional en materia energética, consideró fundamental esta reforma para que la Comisión tenga la capacidad de proporcionar el servicio que necesitan todos los mexicanos pues, actualmente, 40 mil localidades en diferentes estados del país, donde viven dos millones de personas, carecen del servicio eléctrico.
Rojas precisó que uno de los problemas que enfrenta la CFE es que la falta de pago del servicio está relacionada, en varios casos, esa la carencia de dinero y advirtió también que la carencia de los combustibles es el talón de Aquiles del país, y es preciso que se reforme la Constitución para permitir que el sector avance.
Según el funcionario, tan sólo en los dos últimos años, la CFE ha resentido un costo de 30 mil millones pesos por las alertas de carencia de gas que se han registrado en 2012 y en lo que va de 2013.
El estudio Las otras razones de la reforma energética y la despetrolización de la economía detalla de igual forma que durante el sexenio pasado también se elevaron los salarios en un 23 por ciento, y el Índice de Precios al Consumidor se incrementó 30 por ciento mientras que el aumento en presupuesto para los ayuntamientos en el sexenio pasado fue de 50 por ciento.
En el documento se señala que durante la administración calderonista, el costo del diesel se duplicó, pasando de 5.9 pesos por litro a 10.8 pesos por litro y el costo de la energía eléctrica también se duplicó.
“Tomando como ejemplo al municipio de Coatzacoalcos, donde la facturación de electricidad pasó de 30 millones de pesos al año en 2007, a 59 millones de pesos en el año 2012.”
Aseguró que tras la reforma en materia energética el siguiente tema en la agenda nacional deberá ser la creación de una comisión de despetrolización de la economía del país, además de una comisión operativa que permita incrementar significativamente la investigación sobre energías renovables y también de sustitutos del petróleo.
En días pasados, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que en caso de aprobarse la reforma energética en los términos propuestos por el gobierno federal, bajarían automáticamente las tarifas de electricidad y gas.
De acuerdo al propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entre los beneficios de la reforma está una mejor y mayor energía para las empresas, la creación de empleos, y una reducción en los costos de la luz y el gas para las familias.
Y la reducción de los costos es la esperanza que muchos alcaldes tienen con la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.
Municipios adeudan luz
Hace unas semanas Excélsior informó que, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que 740 municipios del país tienen adeudos por consumo de luz por más de dos mil 75 millones de pesos.
Entre los municipios endeudados revelados por la CFE destacan San Fernando, Tamaulipas, con un millón 641 mil 400; Nativitas, Tlaxcala, con un millón 460 mil 327; Medellín, Veracruz, con dos millones 573 mil 888, y Salvatierra, Guanajuato, con 182 mil 906 pesos, entre otros.
Fabián Cajero, coordinador de proyectos de la Asociación de Autoridades Locales de México (ALNAC), sostuvo que son pocas las administraciones municipales en México que pueden sentirse orgullosas de que sus recursos, a través del predial y el cobro de algunos otros servicios; son mayores a las que les pueden llegar por parte de las participaciones federales, como sucede en el caso de Cancún o Acapulco, “son contados con las manos, no pasamos de diez administraciones en todo el país”, puntualizó.
Aseguró que existen otros municipios que se han visto obligados a vender tierras que son propiedad del gobierno municipal, y que también hay otros a los cuales el tema de la deuda los tiene hundidos.
ESPERANZA
La Fenamm confía en que con la reforma energética se destinen más recursos a los estados por extracción de hidrocarburos.
- Para ello existe el Fondo de Fomento municipal, contenido en el Ramo 28.
- En la actualidad, dicho fondo está regulado por la fracción III del artículo 2- A de la Ley de Coordinación Fiscal en dónde se establece que su monto se conforma con 1 por ciento de la Recaudación Federal Participable.
- Actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal establece que el 83.2 por ciento del fondo se repartirá exclusivamente a las entidades que estén coordinadas con la Federación en materia de derechos, y que sólo el 16.8 por ciento restante se repartirá entre todos los municipios del país.
