Arraigar a una persona sospechosa de un delito tiene costo. La Procuraduría General de la República (PGR) gasta unos mil 102.39 pesos diarios, en promedio, en cada persona que sujeta a esta medida cautelar. Al considerar que actualmente el plazo mínimo que establece la ley para aplicarla es de 40 días, mantener a una persona bajo investigación a partir de esta figura jurídica representa una erogación de por lo menos 44 mil 96 pesos.
Un informe de la dependencia, solicitado por EL UNIVERSAL vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, revela así el costo económico de esta medida, de la cual se abusó en el sexenio pasado, según reconoció al inicio de su gestión el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien anunció que durante esta administración se aplicaría sólo en casos extraordinarios, ya que, dijo, en el pasado incluso fue poco efectiva en términos de consignaciones.
El documento detalla que tan sólo entre marzo de 2010 y noviembre de 2012 —al concluir el sexenio de Felipe Calderón— los arraigos representaron una erogación para la dependencia por un monto superior a los 82 millones de pesos, cuando entre estos existen casos que, hoy se sabe, terminaron en la liberación de los presuntos responsables.
Uno de los anexos entregados por la Policía Federal Ministerial, instancia que está a cargo del Centro Federal de Investigaciones, lugar en el que son ingresadas las personas sujetas a esta medida cautelar, detalla que actualmente “el gasto diario por persona arraigada es de aproximadamente mil 102.39 pesos, cantidad que puede variar de acuerdo con el número de personas que ingresen y que permanezcan en dicho centro”.
Bajan registros
Sobre el costo que ha representado esta medida, la PGR reveló tres montos: de marzo a diciembre de 2010 se gastaron 23 millones 181 mil 209.60 pesos; en 2011, 31 millones 606 mil 351.16 pesos, y de enero a noviembre de 2012, 27 millones 847 mil 557.48 pesos.
Respecto al uso que se le dio a esta figura durante el sexenio de Calderón, los datos revelan que hubo una creciente tendencia a detener y arraigar para investigar. En diciembre de 2006 hubo 42 arraigados; en todo 2007, 703, y en 2008 se investigó a mil 111 personas.
Para 2009 la cifra de arraigados se disparó a mil 517; en 2010 el Centro Federal de Investigaciones albergó a mil 679 personas; durante 2011 hubo mil 933, y entre enero y noviembre de 2012 la cifra fue de 839.
Aunque la suma de estos casos llega a los 7 mil 824 sospechosos sometidos a esta medida, el informe sólo da cuenta de qué paso jurídicamente con 7 mil 360 de ellos: 6 mil 902 fueron consignados ante un juez penal y 458 más quedaron en libertad, pues no se les demostró su implicación en delitos. El documento referido no especifica qué pasó con el resto de los 464 sospechosos.
En esta administración también se ha recurrido a esta medida. Desde el inicio de la gestión hasta abril pasado, sólo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tuvo a 106 personas bajo esta figura y sólo dos de ellas fueron liberadas.
Fuente: EL UNIVERSAL
