Para controlar y evitar corrupción en las compras de medicinas en los estados, el Ejecutivo federal propuso reformar la Ley General de Salud, que permitirá encarcelar entre dos a siete años a quienes desvíen los recursos públicos y penas de hasta 500 mil días de salario mínimo.
Entre los cambios propuestos destacan que la transferencia de recursos federales podrá hacerse en dinero o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.
Tratándose de los recursos en dinero serán administrados por las autoridades locales mediante cuentas bancarias específicas para dicho fin, y a través de depósitos en la Tesorería de la Federación.
A su vez, mediante la instrucción de los Regímenes Estatales de Protección en Salud (estructuras administrativas dependientes de los Servicios Estatales de Salud) podrán realizar los pagos a los proveedores de los bienes y servicios que determinen dichos regímenes, con cargo a los referidos depósitos.
A efecto de que las secretarías de finanzas de las entidades lleven el adecuado control y registro de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación, los mencionados regímenes deberán dar aviso de las instrucciones que giren a la Tesorería de la Federación.
Las sanciones
La iniciativa de decreto también prevé que en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación, tendrán obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción.
Igualmente, establece un delito específico en materia de desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en efectivo o en especie según el caso, si por razón de las funciones o actividades de quien los hubiere recibido en administración o por cualquier causa los destinaré a fines distintos.
Fuentes de salud consultadas señalaron que esta iniciativa busca que el dinero que es entregado a los gobiernos de los estados para la compra de medicinas e insumos, no sea desviado para otros fines como sucedió en Tabasco, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Aguascalientes, Colima entre otros, donde se registró desabasto de medicinas, falta de personal médico y de equipo.
La iniciativa busca hacer más eficiente la compra y distribución de insumos para la salud aprovechando la experiencia federal y la obtención de mejores condiciones por volúmenes de compras a nivel nacional.
También, explicaron que con esta iniciativa se evitará que el dinero destinado para la adquisición de medicinas e insumos llegue sin ningún candado a las secretarías de finanzas de los estados, que es en dónde comienzan los desvíos para otros fines. Ahora tendrán que pasar, de manera obligatoria, por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), que hay en cada estado, y que fungirá como enlace con la Secretaría de Salud.
Incluso, en dicha iniciativa se propone definir en la ley que los REPSS son estructuras administrativas, que están separadas de la prestación del servicio, cuyo titular debe cubrir el perfil que garantice su adecuado desempeño. También, propone desaparecer la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, toda vez que existe el Consejo Nacional de Salud. Con ello, se evitan duplicidades de coordinación con los servicios estatales de salud.
De los aproximadamente 70 mil millones de pesos que el Sistema Nacional de Salud destina para la compra de medicamentos cada año, alrededor de 21 mil millones corresponde a los recursos que el Seguro Popular envía a los estados para la compra de medicinas e insumos, es decir, el 30% de su presupuesto.
Además se suman recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que reciben los estados y municipios para pago de personal médico, infraestructura hospitalaria y medicinas, que el año pasado tuvo un presupuesto destinado de 70 mil 441 millones de pesos.
Para la Federación es necesario poner en marcha medidas para fomentar una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, en especial aquellas que aseguren que los nuevos recursos que se canalicen a través del Sistema de Protección Social en Salud, del que depende el Seguro Popular, se utilicen de la mejor manera.
En la justificación de dicha iniciativa se indica, que uno de los problemas que se ha detectado se refiere a la necesidad de mejorar el surtimiento de los medicamentos de los afiliados al Seguro Popular, y el mayor problema se encuentra en los hospitales.
También, señala que esta iniciativa está encaminada a consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud, y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos de salud, actualmente ejercidos por los estados.
Fuente: EL UNIVERSAL
