México, D. F., a  03  de septiembre de 2013

 

 

 

Con su venia Señor Presidente:

Compañeras y compañeros legisladores:

 

Las senadoras y los senadores del Partido Verde celebramos el firme compromiso de la Sexagésima Segunda Legislatura con el futuro de los mexicanos.

Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento público a los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, por su sensibilidad para incorporar mejoras al proyecto original, así como por su firmeza para continuar con el trámite legislativo de esta Ley.

Desde luego, también reconozco el liderazgo, convicción y apertura de los coordinadores de los grupos parlamentarios de este Senado de la República, que en todo momento han seguido de cerca las discusiones sobre este tema y que siempre dejaron claro que esta Cámara revisora daría continuidad a los esfuerzos de la colegisladora.

A ellos pues, mi reconocimiento y el de mis compañeros del Partido Verde. A ello y tal como lo anticipé en el periodo extraordinario, la discusión del dictamen con Proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente se retomó apenas inició el periodo ordinario.

La colegisladora ya hizo su trabajo y nos ha remitido la Minuta que hoy está a la consideración de este Pleno; ahora corresponde a nosotros sacar adelante este proyecto de transformación educativa porque nuestro país lo requiere, lo requieren millones de niñas y niños, hagámoslo por ellos.

Todos sabemos que este ha sido un tema especialmente sensible para los docentes; sin embargo, podemos afirmar de manera categórica que pese a las distintas declaraciones que citan los medios en contra de esta reforma y de las voces que han denunciado de manera equivocada la falta de diálogo por parte de los legisladores, en el contenido de esta Minuta se encuentran incluidas las demandas más relevantes y viables que fueron expuestas tanto por los diversos sectores vinculados con el sector educativo como por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en distintas Mesas de Trabajo, en las que tuve el privilegio de participar junto con otros colegas senadores y diputados, en donde escuchamos diversos planteamientos de parte de ellos, conforme a la agenda propuesta por esa agrupación.

Las modificaciones que se incorporaron a la iniciativa original como resultado de escuchar las distintas opiniones, como ya señalé, muestran que si bien no se asumieron compromisos específicos con los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la voluntad para escuchar sus planteamientos en la mesa de diálogo que sostuvimos con ellos, quedó reflejada en temas que sin duda representan beneficios para los maestros como:  el respeto a los derechos laborales adquiridos por los docentes que actualmente se encuentran en servicio;  la preferencia que se le otorga a los egresados de las normales para concursar por plazas de nuevo ingreso; incentivos para que los maestros impartan clases en las escuelas que atiendan a estudiantes con mayores niveles de pobreza o en las zonas más alejadas; la gratuidad de las asesorías para capacitación de los docentes, y la promoción del máximo logro de aprendizaje de los educandos dentro de los distintos contextos sociales y culturales, entre otras.

Esto reafirma que los legisladores de este país estamos para lograr los acuerdos necesarios en beneficio de todos los ciudadanos. Pero que quede claro, tampoco podemos aceptar que los enormes avances y beneficios se deriven de un proyecto que está en discusión en el Congreso, se vean frenados por minorías que se oponen a cambios y mucho menos, cuando en contra parte se vulnera el derecho de la educación de calidad de los mexicanos.

No se equivoquen, primero y por encima de todo está el beneficio y mayor bienestar de la mayoría de las mexicanas y mexicanos.

Son sin duda, acuerdos que reflejan el compromiso de todas las bancadas para solventar la deuda que tenemos pendiente desde hace ya varios años en materia educativa.

La aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente constituye, sin miedo a exagerar, una profunda e histórica reforma del régimen educativo actual. Implica una importante modificación de las bases y procedimientos conforme a los cuales tiene lugar el desarrollo profesional del personal docente en la educación básica y media superior que imparte el Estado, así como en los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de este personal.

Esta Ley se convertirá en un instrumento coadyuvante del Estado en su obligación de garantizar la calidad de la educación que imparte y asegurará la idoneidad del personal docente para obtener el máximo logro en el aprendizaje de las niñas y niños de este país.

Compañeros, no le demos vuelta, el dilema que nos planteamos todos, que se plantean todos los padres de familia de este país es: ¿Queremos una mejor educación pública o no? Se equivocan aquellos que afirman que tanto esta Ley como la Reforma carecen de un enfoque educativo.

Lo cierto, es que se trata de un cambio de paradigma que aún no alcanzan a comprender, pues rompe el esquema actual de beneficios personales para dar paso a criterios objetivos y cualitativos mediante el establecimiento del Servicio Profesional Docente.

En mi Grupo Parlamentario estamos convencidos que la evaluación es un instrumento poderoso y pieza clave para garantizar plenamente la calidad educativa; sin embargo, tal como se expone en esta Ley, dichas evaluaciones deben ser justas, técnicamente sólidas, así como demostrar la capacidad y desempeño de los docentes y sobre todo, proporcionarles el apoyo necesario para desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

Como ya lo hemos señalado, México requiere incentivar a los docentes a desempeñar su loable labor con compromiso y responsabilidad, en función del interés superior de la niñez, ya que es indispensable garantizar una educación de calidad permitiendo que los alumnos reciban los ciclos educativos completos; por ello estamos convencidos que es atinado que con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada sea separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado.

Asimismo, es de destacar como una fortaleza de esta Ley que las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o de supervisión, deberán separarse del servicio profesional docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión. Esto significa lisa y llanamente que se acabó esa práctica que tanto afecta y molesta a todos los mexicanos: la de los maestros que cobran sin trabajar, solo porque están comisionados en tareas distintas a la de educar a nuestras niñas y niños y jóvenes.

En el Partido Verde coincidimos que la pérdida de clases vulnera el derecho a la educación de calidad, por lo que es indispensable implementar los mecanismos eficaces que contrarresten los efectos de la pérdida de clases en los planteles educativos gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales. Ello no implica, por supuesto, el coartar el ejercicio de la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales.

Una de las grandes aspiraciones para nuestro sistema educativo es que la población tenga la preparación que el entorno mundial demanda no solo hoy en día, sino de cara a un futuro cada vez más exigente.

Que con esa educación y habilidades sea capaz de desarrollarse en el mundo laboral con las mejores condiciones posibles, lo que sin duda acarrea beneficios sociales y económicos. Esta es la convicción de mi Grupo Parlamentario y estamos trabajando en consecuencia.

Ya lo dije hace un poco más de una semana en la tribuna de esta soberanía cuando aprobamos los decretos de la Ley General de Educación y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de todos los mexicanos debemos tener claro que si aspiramos a mejores niveles de desarrollo, que si aspiramos a un país con mayores niveles de ingreso per cápita y mejor distribuidos, a estar orgullosos de que cada vez haya más mexicanas y mexicanos exitosos, no solo en México, sino también en el plano internacional en cualquier disciplina, no podemos dejar pasar la oportunidad para introducir mejoras de fondo que permitan incrementar el capital humano con el que cuenta este país.

Por ello y todo lo expuesto anteriormente, el Partido Verde votará a favor de esta Minuta, porque queremos mexicanos mejor preparados, con mejores oportunidades para mejorar sus niveles de bienestar, en resumen, porque queremos un México mejor y porque la niñez y juventud de nuestro país no pueden seguir esperando la oportunidad de recibir una educación de calidad.

Muchas gracias por su atención

Es cuanto Señor Presidente

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO