Se rechazan tajantemente las acciones de presión de los integrantes de la CNTE. Se considera que la reforma no vulnera los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Se aprueba que las autoridades del Distrito Federal intervengan con el uso de la fuerza pública para garantizar la labor legislativa. Prevalece el escepticismo respecto a que se logre aplicar exitosamente la Reforma Educativa, según se desprende de la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.

La opinión pública considera que las principales acciones para mejorar la calidad de la educación tendrán un efecto positivo en la calidad de la educación.  Por ejemplo, dos terceras partes de los entrevistados expresa total o bastante certeza en que medidas como condicionar las promociones y estímulos a los docentes con la evaluación de su desempeño profesional o dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación contribuirán a elevar la calidad de la educación.

No obstante, la población con teléfono en su vivienda se mantiene escéptica con respecto a si el gobierno federal tendrá la capacidad de aplicar exitosamente la Reforma Educativa. 45% considera más probable que los cambios a la política educativa se apliquen parcialmente, debido a la resistencia de la CNTE, en tanto que 17% estima que las modificaciones aprobadas no se pondrán siquiera en práctica por la misma razón. Sólo una tercera parte manifiesta optimismo respecto a que el gobierno logre poner plenamente en marcha el proyecto.

Contrario a los argumentos sostenidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE), la mayor parte de la población concuerda con las declaraciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el sentido que la Reforma Educativa no viola sus derechos laborales (64%).

Se rechazan categóricamente los mecanismos de presión empleados por la CNTE para obligar a que se cumplan sus demandas.  Nueve de cada diez manifiestan que no se justifican los bloqueos de calles y avenidas en el Distrito Federal o la suspensión de clases en diversos estados de la República. Asimismo, 78% rechaza que los miembros de la CNTE  impidan el ingreso de los legisladores a la sede del Congreso de la Unión.

La mayoría de la población se pronuncia a favor del uso de la fuerza pública para garantizar que los legisladores cuenten con las condiciones necesarias para cumplir con sus labores; 52% se pronuncia a favor de que las autoridades del Distrito Federal intervengan con la fuerza pública, incluso ante el riesgo de una confrontación entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

 Cabe mencionar que un importante 37% prefiere que se toleren las acciones de los mentores aunque esto implique que se paralice el Poder Legislativo de la Federación .

Finalmente, prevalece la preocupación en los mexicanos sobre la radicalización de las protestas de los maestros agrupados en la Coordinadora. Dos terceras partes califican de muy grave que este grupo intente impedir que los diputados y senadores sesionen en sus sedes, en tanto que 24% le resta gravedad al asunto y a 16% le parece indiferente .