Se desaprueba que se condicione la discusión de reformas como la energética y la fiscal a que primero se apruebe la político-electoral. Las modificaciones que se proponen a las normas electorales y a las relativas al sistema político resultan de baja prioridad para la opinión pública.

Se apoyan sobre todo las propuestas para el control de gastos y financiamiento, pero en cambio, se sigue rechazando notoriamente la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, según se desprende de la última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.

De los proyectos de reformas que están en discusión o están próximas a ser tratadas en el Congreso, la reforma político-electoral es la que menos le interesa a la opinión pública. Sólo 4% la escoge, mientras más de la mitad se inclina por la de transparencia y anticorrupción (57%). La fiscal es preferida por 15% y la energética por 10%.

Por lo mismo, ampliamente se rechaza que el PAN y el PRD condicionen el debate de las reformas fiscal y energética a que primero se apruebe la reforma electoral —no deben condicionarse, 65%—.

Como materia para el próximo período extraordinario de sesiones en el Congreso, contrario al deseo de los integrantes del Pacto por México de sólo discutir una reforma electoral para corregir las irregularidades e inequidades en las elecciones, la mayoría de la población (60%) se inclina por que haya una reforma política más profunda, que toque temas relativos al régimen de gobierno y rendición de cuentas (reelección legislativa, aprobación de nombramiento del gabinete presidencial, segunda vuelta, entre otros). Sólo un tercio prefiere una reforma electoral limitada.

De las principales propuestas relativas a combatir las prácticas que afectan la equidad en la competencia electoral, las relativas al control del gasto de los partidos desde luego son las más respaldadas por la gente. Disminuir el límite de gasto permitido para los partidos o prohibir la entrega de utilitarios para hacer propaganda electoral son iniciativas que la amplia mayoría aprueba.

La propuesta de anular las elecciones cuando se compruebe que un candidato ganador rebasó el tope de gasto o financiamiento de campaña resulta sumamente atractiva como idea genérica (acuerdo, 71%), al igual que los planteamientos de impedir que ese candidato vuelva a competir (acuerdo, 69%) y de quitar el registro al partido que rebasó ese tope (acuerdo, 73%).

Sin embargo, el apoyo a la anulación de la elección por esas causales decrece y da lugar a posturas divididas cuando se introduce la cuestión del gasto que implica una nueva elección. En este caso, una mitad (47%) de cualquier manera prefiere la anulación, pero otra (47%) se inclina mejor porque se aplique una fuerte multa al partido y candidato que sobrepasaron el límite previsto.

La desaparición de los institutos y tribunales electorales locales para que un Instituto Nacional Electoral o el Tribunal federal se hagan cargo de todas las elecciones en el ámbito de sus competencias tiende a dividir posiciones.

De las propuestas para una reforma política más extensa, como es usual, se sostiene el sólido rechazo a todo lo que tenga que ver con reelección consecutiva de legisladores y alcaldes. La segunda vuelta en las elecciones tiende a dividir opiniones en el caso de la elección presidencial.

A su vez, la iniciativa para que haya un jefe de gabinete no logra un consenso amplio, sino que más bien genera posiciones encontradas. Para 55%, el Presidente debe seguir coordinando a su gabinete y buscando los acuerdos con el Congreso, contra 41% que se inclina porque se establezca un jefe de gabinete que lo haga.

Un planteamiento que en cambio sí gana respaldo es el que atañe a la aprobación de los nombramientos de los miembros del gabinete por parte del Senado.  La idea genérica de este control por parte de la Cámara alta logra el acuerdo de 63%. Si se menciona el cuestionamiento  de que los senadores podrían intentar obstaculizar la labor presidencial a través de este control de nombramientos, aun así 56% se expresa en favor de que así se haga, en tanto que 39% piensa que entonces el jefe del Ejecutivo debe seguir nombrándolos sin necesidad de la conformidad de los senadores.

La idea de que el Distrito Federal tenga su propia constitución como cualquier estado de la República es ampliamente aceptada (acuerdo, 77%). No obstante, el apoyo a que el DF tenga una organización y gobierno autónomo como los estados desciende cuando se menciona el argumento de que no puede ser así por su carácter de capital donde residen los poderes federales. Aun así, 49% ve bien que logre igual autonomía que los estados, en tanto que 43% cree que debe tener mayores controles federales.

Fuente: EXCELSIOR