La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado entregó la propuesta de dictamen para crear el nuevo órgano nacional contra la corrupción, sin quitar a la Procuraduría General de la República (PGR) el monopolio de la investigación penal, a fin de que las tres principales fuerzas políticas hagan sus observaciones para abrir la posibilidad de que esta misma semana se concrete esa reforma.
El dictamen establece que el nuevo órgano autónomo, encabezado por una persona y que contará con un Consejo Consultivo, “estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley, cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos y, en vía de atracción, de aquellos hechos competencia de los estados, el Distrito Federal y los municipios, en los términos que establezca la ley”.
También ordena que el Congreso de la Unión expedirá la ley en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuya aplicación corresponderá a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en los términos que ella misma establezca.
“En dicha ley se determinarán las obligaciones de los servidores públicos a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el de- sempeño de sus empleos, cargos y comisiones; las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de hechos calificados como de corrupción y de los cuales conocerán los órganos a los que se refiere el artículo 113 de esta Constitución.
“Las demás responsabilidades y sanciones administrativas, de las cuales conocerán las autoridades competentes de los poderes y órganos públicos, así como los procedimientos y la competencia de los órganos y autoridad referidos”, precisa el documento.
Añade que “las sanciones administrativas consistirán, entre otras, en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados. En los casos de corrupción la sanción económica considerará además los beneficios obtenidos. En ningún caso las sanciones excederán de tres tantos los beneficios obtenidos o los daños y perjuicios causados”.
También dispone que “la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
Para el diseño del nuevo órgano anticorrupción, el dictamen propone que éste tenga personalidad jurídica y patrimonio propios; que esté dirigido por un titular designado por el Ejecutivo Federal con la ratificación, dentro del plazo de 30 días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Aclara que si dentro de ese plano, el Senado o la Permanente no se pronuncian sobre la designación, se tendrá por ratificada, pero en el caso de que se vote y no se logre la mayoría calificada, “el Ejecutivo Federal deberá someter a ratificación una nueva designación. Si respecto a esta segunda no existe pronunciamiento en igual plazo, la misma se entenderá ratificada y, si sometida a votación no se reúne la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona.
Ordena también que el nuevo órgano anticorrupción, que tendrá sus homólogos a nivel estatal, será el responsable de desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad.
“Podrá emitir recomendación particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.”
Para tal efecto, se auxiliará de un órgano consultivo en el que participen ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia.
Servidores públicos conservan inmunidad
Las diferencias entre senadores y diputados generaron que los servidores públicos mantengan su inmunidad, porque definitivamente el Senado no tocará la Constitución para limitar el llamado fuero de legisladores federales, secretarios de Estado, gobernadores y ministros de la Corte durante este periodo de sesiones.
“Fuero ya lo tenemos, vamos a tener que analizarlo, estudiarlo, escuchar a expertos. Fuero ya no saldrá en este periodo”, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa.
De esta forma, el cambio en materia del límite de la inmunidad procesal de los servidores públicos se convierte en el primer tropiezo legislativo del Pacto por México, que incluyó el tema como parte de su agenda del primer semestre del año, logró que los diputados federales discutieran y aprobaran el tema, pero no logró que los senadores lo consideraran como parte de las prioridades del periodo ordinario.
De hecho, la minuta en materia de fuero se quedó atrapada en medio de las diferencias que han caracterizado la relación institucional entre el Senado y la Cámara de Diputados, en los últimos meses, y que parte de ella se centra en señalar que la Cámara contraria incurre en errores de procedimiento.
Así, a pesar de que la limitación del llamado fuero constitucional de los servidores públicos se puso en la mesa de las reformas desde 2007, nuevamente se frustró su concreción, ahora por un diferendo legislativo.
Los diputados federales no lograron consenso en torno a si el Presidente de la República debe conservar o no la inmunidad; desde la interpretación de la Cámara de Diputados, de los senadores del PRI y gran parte de los del PAN, se mantiene en los términos actuales de la Constitución, es decir, que la conserva; desde la perspectiva de una parte del PAN y de los senadores del PRD, la pierde.
Pero como la Cámara de Diputados envió la minuta al Senado con el señalamiento de que el párrafo correspondiente a la inmunidad procesal presidencial se mantenía en los términos actuales, generó una crítica en el Senado, que llevó a la amenaza de que se iba a devolver sin satisfacer los procedimientos legislativos.
La controversia sobre la técnica legislativa frenó la posibilidad de entendimiento y la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado abrirá foros para tratar el tema.
Fuente: EXCELSIOR
