México enfrenta los estragos de una política de seguridad que dejó una crisis humanitaria, en la que además aumentaron el índice delictivo, el número de grupos criminales, las desapariciones forzadas, y dejó instituciones debilitadas, aseguró Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR). Ante “el inmenso dolor” que dejaron la inseguridad y la violencia, dijo que se debe encontrar “la solución y el alivio”, de ahí la importancia de convocar a organizaciones locales e internacionales para que sus propuestas se incorporen al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Ayer se realizó la mesa de trabajo sectorial “Los derechos humanos en el nuevo bloque de constitucionalidad”, como parte del proceso de consultas para la integración del PND —en el eje de gobierno México en Paz—, en el que activistas y expertos plantearon los desafíos para desarrollar políticas públicas que reviertan este escenario. Lamentan desgaste institucional García Cervantes hizo un diagnóstico sobre la dimensión del reto, en el que el ex legislador panista fustigó las decisiones adoptadas en los últimos años en materia de seguridad. Admitió que “no sólo la PGR, [sino] las instituciones que se encuentran en estos momentos claramente debilitadas, requieren fortalecerse, y el único nutriente capaz de fortalecerlas es la participación de la sociedad”. Dijo que “México atraviesa por un momento inédito de desgaste institucional. Hay también un quebrantamiento del tejido social y, por supuesto, tengo que reconocer que hay una vulnerabilidad de los derechos humanos derivada necesariamente de los índices de violencia que son inéditos en nuestro país”. El funcionario aceptó que “vivimos los estragos de una política que se orientó unilateralmente a combatir a los grupos delincuenciales sin una visión integral, es mi convicción. La estructura formal de las dependencias encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia fue transformada para únicamente servir al objetivo del combate a la criminalidad, con resultados poco efectivos: creció el número de organizaciones delictivas, los índices delictivos aumentaron y se diversificaron, los homicidios dolosos crecieron y las desapariciones de personas tuvieron un incremento alarmante”. Para García Cervantes las recientes reformas constitucionales representan una respuesta para revertir esta realidad, como la Ley General de Víctimas, que constituye la justicia restaurativa que “es necesaria y urgente por el momento inédito, que no tengo ningún empacho en calificar de una grave crisis humanitaria”, ante el número de personas desaparecidas vinculado o no con la estrategia de combate a la criminalidad. Destacó que “en la versión del PND que se someta al Congreso habrá de haberse tomado una decisión de Estado, fijado una política pública trascendente (…) con la generación de todos los instrumentos y capacidades que se requieren para atender el inmenso dolor humano que ha contagiado ciertamente a todo el país, producto de la violencia e inseguridad”.
Fuente: EL UNIVERSAL
