La opinión pública rechaza las principales exigencias de la disidencia magisterial de Guerrero y Oaxaca. Se desaprueban las demandas de autoevaluación de los maestros, de evaluaciones diferenciadas según las condiciones sociales de cada entidad y de otorgamiento automático de plazas a los normalistas. Según las últimas encuestas BGC-Excélsior, se apoya descontar el sueldo y el eventual despido a los paristas, aunque existe mayor división de opiniones en torno al uso de la fuerza para enfrentar bloqueos de vías de carreteras y tomas de edificios públicos. La mayoría de la población se ha enterado de las movilizaciones de los últimos días. 70% sabe de ellas. Se sigue percibiendo que las protestas contra la Reforma Educativa están focalizadas en algunas entidades del país (77%), principalmente en los estados mencionados. Casi nadie simpatiza con el movimiento magisterial (no simpatiza, 89%). Se piensa que la protesta surge de que los maestros disidentes no están preparados y no quieren que se les evalúe. La opinión pública rechaza la autoevaluación que han pedido los maestros disidentes de Guerrero y Oaxaca. 89% afirma que debe ser el Instituto Nacional de Evaluación Docente el que califique sus conocimientos y desempeño (gráfico 1). Tampoco la mayoría acepta que se apliquen evaluaciones diferenciadas de modo que tomen en cuenta las condiciones culturales y sociales de los estados. 60% expresa que se debe evaluar de la misma forma a todos los maestros (gráfico 2). El argumento de la disidencia sobre la mayor precariedad de condiciones sociales en Guerrero y Oaxaca no es apoyado por la población para justificar que a los maestros de esas entidades se les evaluara de manera menos rigurosa. Por el contrario, 67% está en desacuerdo con que a los docentes de esos estados se les apliquen exámenes menos estrictos (gráfico 3). Se sigue considerando que la Reforma Educativa no afecta los derechos laborales del magisterio (63%). También se mantiene el respaldo (68%) a la posibilidad de que un profesor pierda su plaza si no aprueba las evaluaciones (gráfico 4). Un rotundo rechazo se observa en torno a la exigencia de otorgar automáticamente plazas a los egresados de las normales de Oaxaca y Guerrero sin tener que presentarse al concurso nacional. 93% considera que deben hacer la prueba (gráfico 5). La supuesta aplicación de cuotas a los padres de familia con la Reforma Educativa no es creída. Al igual que en febrero, se piensa que la denuncia de la disidencia no tiene sustento (falso, 57%). Pese al rechazo social a las demandas de la disidencia, la opinión pública está dividida sobre el posible uso de la fuerza pública ante los bloqueos toma de edificios públicos. Mientras 48% cree que los gobiernos de Guerrero y Oaxaca deben emplear la fuerza para garantizar el orden, 47% dice que se debe optar por la negociación (gráfico 6). En el caso del bloqueo de autopistas, se observa un mayor respaldo a una intervención de la autoridad por la fuerza: en efecto, algo más de la mitad apoya que el Gobierno federal desaloje a los mentores (55%), aunque una minoría importante prefiere la negociación (39%). Como sanciones, la población apoya que no se les pague el salario de los días que se ausenten o que se les rescinda el contrato si no van a dar clases en varios días. 78% está de acuerdo con que a los maestros se les descuente el día que falten por estar en manifestaciones (gráfico 7%), y 70% aprueba que se les despida si entran en paro por muchos días. No obstante, no se cree que la autoridad llegue a quitarles la plaza (no lo hará, 57%), aunque sí se piensa que les dejará de pagar el sueldo de los días que falten injustificadamente (sí lo hará, 51%).

Fuente: EXCELSIOR