El mes pasado, el director en México para América Latina de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), José Antonio Ardavín, tuvo una reunión con estudiantes universitarios de la UVM campus Tlalpan para hablar del proyecto “Getting it right: una agenda estratégica para las reformas en México”, destacando las iniciativas de reformas económicas estructurales en nuestro país: la laboral al final del sexenio anterior, y ahora la fiscal y la energética a través del Pacto por México. Estas dos últimas reformas vinculadas en la medida que más del 30% de los ingresos presupuestarios provienen del petróleo: fuente de recursos que ha sido un elemento determinante para evitar, durante décadas, la necesaria reforma fiscal. Como presidente electo, Enrique Peña Nieto ofreció la industria energética a inversionistas extranjeros en las áreas de exploración, producción y refinación, aseverando que su gobierno impulsaría reformas constitucionales para alcanzar ese objetivo; y ahora como jefe del Ejecutivo federal, reafirmó una y otra vez, que “Pemex no se vende ni se privatiza, Pemex debe transformarse y debe modernizarse” (discurso pronunciado en la conmemoración del LXXV Aniversario de la Expropiación Petrolera). Las expresiones del presidente mexicano y del funcionario de la OCDE convergen en lo básico. En materia energética, proponen la mayor apertura a la inversión privada, que inevitablemente sería extranjera y de empresas transnacionales. A primera vista uno podría compartir ciertos términos como modernidad, eficiencia, productividad, innovación, reducción del precio de la energía, elevar la competitividad, contar con tecnología necesaria, etcétera. Sin embargo, éstos acompañaron en los últimos 25 años la ola de privatizaciones en México, de la misma manera que en otros países latinoamericanos durante las décadas de los años ochentas y noventas. Asimismo, todas estas expresiones son criterios que se inscriben en la lógica de los mercados de bienes en general, e incluso son compatibles con privatizar. El problema es que el petróleo no es un bien como cualquier otro, sino un bien que puede denominarse fundamental (siguiendo la idea del economista mexicano Juan Castaingts), en el sentido que juega un papel esencial, ya que la energía interviene como parte de todos los procesos de producción, y afecta tanto en precio como en cantidad; entonces, no es lo mismo una mercancía, por ejemplo un pantalón o un dulce, que el petróleo. Por lo tanto, no debe tratarse a Pemex como una empresa cualquiera (que maximice las ganancias como objetivo último). Ésta debe cumplir una función para la sociedad en su conjunto, para impulsar al sector productivo, y en particular a las pequeñas y medianas empresas, para agregar valor al producto primario y generar crecimiento y empleo que beneficie a toda la población, y no para el beneficio privado de los propietarios de algunas grandes empresas extranjeras. Si hoy contamos con la facultad de decidir soberanamente sobre este recurso estratégico, ¿por qué entonces quedar atados a la obligación, y la preocupación, de regular a las empresas privadas (sobre niveles de inversión y envío de ganancias al exterior), en lugar de desarrollarnos con base en nuestros propios recursos y que la inversión extranjera, de ser necesaria, sea un complemento y no casi nuestra salvación económica? Es curioso que se afirme la necesidad de competencia para bajar los precios, cuando fueron los mismos funcionarios de Hacienda y buena parte de los legisladores, quienes decidieron estar aumentando los precios de la gasolina hasta hacerlos converger con los precios internacionales, pero con salarios mexicanos. Recordemos que México importa 50% de una demanda interna de gasolina que sigue creciendo, e implicó en el último sexenio la salida del país de 72 mil millones de dólares. Se dice que necesitamos crecer económicamente y estamos poniendo en riesgo ceder la decisión plenamente soberana que tenemos sobre los hidrocarburos para apoyar al sector productivo (en especial a las pymes) y estimular el crecimiento y el empleo. En realidad, la privatización no requiere vender las instalaciones de Pemex. ¿Será que la reiterada promesa de no privatizar esté indicando que sí se hará, ahora mediante otras modalidades? *Académico de la UVM, Campus Tlalpan

Fuente: EL UNIVERSAL