El pleno del Senado aprobó por unanimidad el rediseño de la Ley General de Víctimas con la que se pretende darle operatividad al marco legal promulgado hace más de dos meses por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los legisladores modificaron 80% de los 180 artículos que contiene la ley y entre los cambios destaca el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia en la que están las acciones y los programas que deben ser considerados para el reconocimiento del afectado y el cual será operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De promulgarse esta ley —la cual pasó a la Cámara de Diputados para su discusión—, el “reconocimiento de la calidad de víctima” la harán las siguientes autoridades: jueces penales, de paz, de amparo, civil o familiar que tengan los elementos para acreditar que el sujeto es víctima. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México reconozca y la Comisión Ejecutiva también podrán tener esta competencia. Los delitos y daños físicos que se tomarán en cuenta son: lesiones graves y delitos contra la libertad sicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos y ayer los senadores incluyeron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la desaparición. Según el texto aprobado, la víctima —con este reconocimiento— podrá acceder a los recursos del fondo creado en esta ley, así como a la reparación integral de daño y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad e incluye la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas en el país. Los senadores también agregaron la figura de “víctimas indirectas y potenciales”. En el primer caso se reconocerá a los familiares o aquellas personas que estén a cargo de la víctima directa o que tengan una relación inmediata y las potenciales serán las personas cuya integridad física peligren por prestar asistencia a una víctima. Respecto a la atención médica, se anexó un párrafo para que los estados, el Distrito Federal o los municipios reembolsen de manera completa e inmediata el gasto que haya hecho la víctima cuando la institución médica a la que acude o es enviada no cuente con material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, así como medicamentos. Las medidas de reparación de la víctima incluirán la devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades y si esto no fuese posible, el pago de su valor actualizado. La bancada del PAN avaló el dictamen en lo general y trató de hacer seis cambios en lo particular, pero se impuso la mayoría. Los panistas criticaron al PRI por la premura con la que procesó con el PRD estos cambios.
Fuente: EL UNIVERSAL
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