PIDEN HUICHOLES, ONGS Y PVEM A PRESIDENCIA PARAR CARRETERA QUE AFECTA A COMUNIDAD INDÍGENA

• Solicitan la intervención del Gobierno Federal para que cese el acoso a comunidades huicholas y para que se reparen los daños ambientales y culturales en la zona.
• Afirma Humberto Fernández que hay al menos 370 especies de fauna en la zona, de las cuales 106 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.
  
  

Los organismos no gubernamentales CEMDA, DEPYA y Conservación Humana, apoyados por el Partido Verde, demandaron la inmediata intervención del Presidente Felipe Calderón para que frene la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla, promovida por el Gobierno de Jalisco, con financiamiento y apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En conferencia de prensa, el director de Conservación Humana AC, Humberto Fernández Borja, calificó como aberrante la actuación y complicidad de la CDI, que participa con el 50 por ciento del financiamiento de la carretera y cuyos funcionarios se han dedicado a acosar a los huicholes con amenazas de muerte, intentos de extorsión, y tortuguismo en la entrega de subsidios.

Aseguró que con la obra la comunidad huichol de la sierra del norte de Jalisco sufre un embate sin precedentes en sus propiedades, en su riqueza cultura y en el medio ambiente de su territorio.

"Está en juego no sólo la integridad de la zona huichol, sino también la sobrevivencia de uno de los mejores remanentes de bosque de la Sierra Madre Occidental", dijo, en presencia de cuatro integrantes de las autoridades de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Fernández Borja destacó además que la biodiversidad del área es tal, que en ella existen 370 especies de fauna, de las cuales 106 se encuentran clasificadas por la Norma Oficial Mexicana como sujetas a protección especial, amenazadas o en peligro de extinción.

 “Si bien se logró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hiciera una clausura temporal de la carretera en abril de este año, a la fecha no se han cumplido las ‘medidas de urgente aplicación’ que ésta impuso para remediar los daños”, dijo. 

En nombre de los huicholes, el vocero de la comunidad Tuapurie, Jesús Candelario Cosío, exigió para la libertad de decidir sobre su propio modelote desarrollo, conforme a la visión ancestral de cuidar la madre tierra; “no queremos que invadan nuestro territorio y nos impongan un supuesto progreso que tiene al planeta al borde del desastre”.

Cuestionó incluso: “si existe una dependencia federal que se nombra Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿cómo es posible que la misma se dedique a pisotear y destruir nuestros lugares sagrados?”.

Al respecto, el presidente de Bienes Comunales de Tuapurie, Juan Ávila de la Cruz afirmó que desde el 28 de febrero pasado, el titular de la CDI, Luis H. Álvarez, prometió entregar el expediente completo de la carretera para verificar su legalidad, pero a la fecha no ha cumplido.

A su vez, Priscila Rodríguez, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), aseguró que la construcción de la carretera pasa por encima de las normas elementales de convivencia, por las establecidas en tratados internacionales, en la Constitución, en el derecho agrario y en el derecho ambiental.

Recordó que fue durante la administración de Francisco Ramírez Acuña cuando se intentó construir la obra, pero fue clausurada el 7 de abril de 2006 por incumplir la legislación ambiental. 

Sin embargo, añadió, a pesar de que aún no cuenta con las autorizaciones ambientales indispensables y las clausuras anteriores no han sido levantadas, los trabajos se reanudaron en octubre de 2007.

Rodríguez advirtió que las ONG, y ahora el Partido Verde, redoblarán sus esfuerzos en demanda de que se clausure de forma definitiva el proyecto carretero, conforme a la denuncia presentada ante la Profepa por la comunidad huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán, el 13 de febrero de este año.

Otra de las peticiones es en el sentido de que se revoquen las Manifestaciones de Impacto Ambiental que fueron indebidamente aprobadas por la Semarnat, en las cuales no se menciona nada sobre el valor ecológico y cultural de la zona, dijo la activista.

"También exigimos una auditoría integral al proyecto carretero, incluyendo los aspectos ambiental y financiero; que se indemnice a las comunidades por los daños y perjuicios; la remediación de los daños ecológicos y a los sitios sagrados en los territorios de los huicholes, y que se finquen responsabilidades a quienes resulten culpables por los delitos e irregularidades cometidas ", apuntó.

“Uno de los agravios más indignantes en todo este asunto, es la falsificación de un acta de asamblea de la comunidad con fecha del 9 de septiembre de 2007, en la que presuntamente se avalaba la construcción de la carretera en sus territorios; esa asamblea nunca se realizó y la postura de los huicholes es de rechazo total a la carretera", aseguró la abogada.
En su momento, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Diego Cobo Terrazas, enumeró las principales afectaciones que la obra puede provocar a la comunidad huichol, uno de los territorios de mayor valor ambiental y cultural del país:

• Al Área Natural Protegida Federal (ANP): Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Subcuenca de los Ríos Atengo–Tlaltenango porción "Sierra de los Huicholes".
  
• A la Región Hidrológica Prioritaria Río Baluarte – Marismas Nacionales.
  
• A la Región Terrestre Prioritaria Sierra los Huicholes.
  
• Al Área de Importancia para la Conservación de las Aves “El Carricito”.
  
• A la Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta, inscrita en la Lista Indicativa Mexicana de la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO.
  

Resaltó que el apoyo del PVEM a los huicholes de Jalisco no es nuevo, pues ya en mayo pasado los diputados de este instituto político presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en el que se hicieron diversas solicitudes de explicaciones en torno a la obra, a instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Profepa, y al propio Gobierno de Jalisco.

Indicó que el 9 de septiembre pasado, él mismo presentó un nuevo punto de acuerdo dirigido a la Semarnat, a la Profepa, a la CDI y a la Secretaria de la Función Pública, para que entreguen información, garanticen la reparación de los afectaciones y se finquen responsabilidades a quienes resulten culpables por el daño ecológico y a los sitios sagrados de la Comunidad Huichol.

Por último, el Consejero Director de Defensoría Penal y Ambiental Asociación Civil Pro Bono (DEPYA), Gabriel Calvillo Díaz señaló que, a petición de las ONG y miembros de la comunidad huichola, se llevó a cabo un análisis de las probables responsabilidades penales de los autores y partícipes de las acciones ilícitas asociadas al proyecto carretero.

Recordó que el 22 de abril pasado DEPYA interpuso una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la PGR, en contra de diversos servidores públicos del gobierno del Estado de Jalisco, así como del consejo de administración de las empresas constructoras responsables del proyecto. 

Ello, dijo, atendiendo a las afectaciones al patrimonio cultural, económico y ambiental de la comunidad huichola citada, a los recursos forestales ubicados dentro de un área natural protegida federal, así como al patrimonio del Fondo Forestal Mexicano. 

Los delitos de los que conoce el Ministerio Público de la Federación en la indagatoria 90/UEIDAPLE/DA/23/2007, son considerados graves al afectar un área natural protegida y representar el derribo de arbolado en cantidades importantes, por lo que las penas aplicables a los servidores públicos pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión, sin el beneficio de la libertad provisional, concluyó.

Los representantes de las ONG, de las autoridades huicholas y del Partido Verde informaron que entregarán una carta en la Presidencia de la República, con la exposición y pormenores del conflicto que enfrenta la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, y con la demanda de que el Primer Mandatario intervenga a la brevedad para solucionarlo.