México, DF, a 29 de octubre de 2012

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA SENADORA NINFA SALINAS SADA, DURANTE LA COMPARECENCIA DE ASPIRANTES A MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ANTE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

1.    PREGUNTA AL MAGISTRADO PABLO VICENTE MONROY GÓMEZ

Antes que nada felicitarlo por su nominación a esta terna, me parece que es de mucho reconocimiento a su trayecto, quisiera formularle la pregunta. En Extensión de Dominio tiene un procedimiento como procedimiento jurisdiccional y autónomo al proceso penal y no obstante sus fundamentos son estrictamente penales, ¿para usted el proceso de Extinción de Dominio atenta contra los postulados Democráticos? y ¿cómo podría aplicarse?

2.    PREGUNTA AL MAGISTRADO ALBERTO GELACIO PERÉS DAYÁN

Leí con detenimiento el contenido de las sentencias dictadas por su tribunal y llamó mi atención aquella que interpreta diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, específicamente las relativas a la carga de la prueba, podría explicarnos cómo opera la presunción de verdad para quién es víctima de un acto discriminatorio.

3.    PREGUNTA AL MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO

Desde junio de 2011, en nuestro país toda persona goza de los Derechos Humanos y las garantías para su protección, reconocidos tanto por nuestra Constitución, como por los Tratados Internacionales que México ha suscrito. Una novedad importante de esta Reforma es su incorporación del artículo 1 de nuestra Carta Magna y el principio Pro Homine, el cual implica que cuando existan diversas interpretaciones de una norma jurídica siempre se deberá elegir aquella que garantice una mayor protección al titular de un derecho humano. Asimismo, un juzgador tiene la posibilidad de aplicar dos o más normas en su caso y siempre se deberá elegir aquella que garantice la protección más amplía de los derechos humanos de acuerdo al párrafo tercero del mismo artículo primero a todas las autoridades del país tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad e independencia de indivisibilidad y progresividad.

Bajo este contexto, las autoridades jurisdiccionales deberán, de oficio, ejercer el llamado control de convencionalidad en materia de derechos humanos, lo que también será un control de constitucionalidad difuso.

Entonces a raíz del llamado bloque de constitucionalidad en términos prácticos los jueces nacionales, locales y federales tendrá la facultad de determinar la inaplicación de una norma por considerarla contraria de las formas supremas de México, es decir la Constitución y los derechos humanos contemplados en los Tratados Internacionales.

O bien, elegir sus sentencias en una norma que represente un mayor beneficio al titular de un derecho humano, todo lo anterior representa un cambio trascendental, no sólo en la forma en la que se interpretan y aplican tales derechos en México, sino en la estructura misma de nuestro sistema de impartición de justicia.

El mejor ejemplo de eso, es el caso Radilla, en la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los alcances y limites del denominado fuero militar. Sin embargo persisten en nuestro andamiaje jurídico, reglas estrictas al interpretar una norma.

En el caso de que exista una sentencia de un juez de primera instancia compatible con una tesis en contradicción de alguna sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe preguntar, ¿Cómo le harían magistrados y ministros para garantizar la vigencia del principio Pro Homine?, en este caso particular, ¿Qué tipo de precedente sentaría?, ¿Qué acciones concretas debieran impulsarse para garantizar que las disposiciones contenidas en reformas de Derechos Humanos tengan plena vigencia en nuestro sistema jurídico?

4.    PREGUNTA A LA MAGISTRADA EMMA REZA FONSECA

Quisiera comentar, hay quienes señalan que el Consejo de la Judicatura mantiene elementos de subordinación respecto al pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues ésta posee facultad de revisar y revocar algunas de sus decisiones.

Por otra parte, hay quienes identifican al Consejo de la Judicatura como responsable de un incremento excesivo en el número de plazas y de personas, lo que ha elevado el gasto del Poder Judicial, basta señalar que a lo largo de este sexenio el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación ha aumentado en más del 80 por ciento, al pasar de 23 mil millones, en 2006, a más de 42 mil millones ahora en 2012.

Entonces la pregunta es la siguiente Magistrada, ¿Considera que deben impulsarse reformas para que se fortalezca al Consejo de la Judicatura Federal?, ¿Considera que es necesario su independencia de la Suprema Corte? y en su opinión, ¿Qué beneficios ha reportado el incremento en el presupuesto del Poder Judicial?

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO