• LAFRE es una Ley de fomento que da certidumbre jurídica y establece incentivos para la generación de energías renovables.

El Partido Verde Ecologista de México en cumplimiento a su compromiso adquirido el día de ayer en las instalaciones de la Secretaría de Energía, presentó el día de hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados, su Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía, que tiene como propósito enriquecer la propuesta presentada por Felipe Calderón Hinojosa.

La iniciativa tiene como objetivo primario cuidar los dos bienes públicos relacionados al uso de la energía, que son el medio ambiente y los hidrocarburos; está compuesta de 31 artículos y 14 transitorios, y es compatible con el marco jurídico vigente en materia de energía eléctrica, para que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro proporcionen el servicio a los usuarios.

Los puntos fundamentales de la iniciativa son:

1. Se propone como de interés público el aprovechamiento de las energías renovables, excluyendo la energía nuclear. En virtud, de que México tiene un enorme potencial en la generación de energías renovables, como es el caso de la energía eólica donde se estima una generación por arriba de los 40 mil MW, y en el caso de la energía solar una de 5 KWH/m2, siendo uno de los más altos del mundo, para el desarrollo de energías renovables.

2. Esta Ley otorga incentivos de carácter económico con objeto de lograr rentabilidad de las fuentes renovables de energía a través del establecimiento de un Fideicomisos dividido en cinco fondos, los cuales garantizan la solvencia de recursos económicos, tales como; Fondo Verde, de Tecnologías Emergente, de Electrificación Rural, General de Energías Renovables, de Investigación y Desarrollo de Tecnologías, que otorgan incentivos a los diversos proyectos. También incluye las aportaciones institucionales, voluntarias y de organismos internacionales y la venta de certificados a favor de personas físicas y morales, a fin de promover el uso de fuentes renovables.

3. Ofrece garantías sociales y ambientales a través de mecanismos de participación social de las comunidades locales y regionales, ya que se destinará al menos 2% de los recursos del Fideicomiso a las comunidades. Los proyectos deberán atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección del medio ambiente y derechos agrarios.

La propuesta busca también la promoción del desarrollo regional y de nuevas fuentes de empleo, ya que involucra a campesino, indígenas, ejidos, es decir a toda la comunidad para que también puedan tener un beneficio económico.
Las principales ventajas de esta iniciativa son: la capacidad de México para la generación de energías renovables, el desarrollo regional a través de pequeños generadores y beneficiarios de la energía, el establecimiento de tecnología más competitiva y rentable, la electrificación en zonas rurales, (debido a que más de 5 millones de personas no tienen acceso a la red) y el incremento de la capacidad nacional para la fabricación y desarrollo científico y tecnológico en materia de energías renovables.

Con esta Ley, no sólo se promueve la diversificación energética, sino que además se contribuye, de acuerdo al principio de responsabilidad común pero diferenciada, a mitigar los efectos adversos del cambio climático, al que contribuimos anualmente con más de 123 millones de toneladas de Carbono, producto de la quema de los combustibles fósiles.
México requiere de la implementación de esta iniciativa, debido a que las ¾ partes de los contaminantes emitidos, causantes del calentamiento global derivan de los hidrocarburos, y a que en unos 30 años nuestras fuentes serán insuficientes.

Resulta imprescindible que México, al igual que naciones como Dinamarca, Alemania o España siente las bases para el establecimiento de una política pública sustentable y de largo plazo en el tema energético, siendo las fuentes renovables las mejores herramientas para ello.