México D. F., a 17 de abril de 2012

 La Contraloría General del Distrito Federal, es la responsable de realizar la investigación y sanción de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

  En los últimos años, nuestro país ha sido calificado como uno de los que más alta corrupción presentan en el servicio público, según estudios a nivel internacional; los actos de corrupción están siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio ajeno a las prestaciones propias como trabajador al servicio del Estado, no es necesario que ese beneficio constituya una ganancia de carácter económico, puede ser política, profesional, sexual, etcétera.   La ley que aplica la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de sancionar actos de corrupción es la Ley Federal de los Servidores Públicos, misma que en su artículo 47 precisa la obligación de los servidores públicos de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.   En el referido artículo se precisan en catorce fracciones las obligaciones de los servidores públicos, sin embargo me ha tocado ver  durante esta administración tanto en temas competencia de las Contralorías Internas, así como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.   Tal pareciera que se tuvieran dos criterios para aplicar la ley, integrar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones, ya que si se trata de gente cercana o vinculada con el Gobierno Central de la Ciudad, curiosamente siempre salen absueltos y sin responsabilidad alguna.   En esta situación puedo mencionar el caso de la Secretaria del Medio Ambiente la cuál excediendo sus facultades publicó un reglamento en materia de la Ley de Protección a los animales del Distrito Federal, que excede en algunos aspectos lo dispuesto en la Ley y que a pesar de que yo mismo presente la queja en la dependencia a su cargo, la misma no procedió.   Otro caso que puedo mencionar y del cual la dependencia a su cargo de oficio tuvo que haber iniciado la investigación correspondiente y que hasta donde tengo conocimiento nunca lo hizo, es el caso del seudo-profesor Juventino Rodríguez Ramos, quien fungió como director general del Sistema de Educación Media Superior de esta ciudad y que se acreditó con documento de las autoridades competentes que no contaba con título profesional tal y como es requisito para cubrir dicha plaza y que casualmente al estar involucrado con el Jefe de Gobierno que le otorgó el nombramiento, la Procuraduría decidió que no había delito que perseguir y por cuanto hace a la contraloría nunca se tomó la molestia de investigar a pesar de ser un hecho que trascendió en diversos medios de comunicación.   Cabe mencionar que, por lo que hace, al Distrito Federal la Contraloría General tiene diversas facultades que principalmente se pueden resumir en facultades de fiscalización, supervisión e inspección de recursos económicos y procedimientos de la diversas dependencias del Distrito Federal, así como facultades de investigación y sanción de servidores públicos que comentan violaciones a la ley, en este sentido puedo decir que la dependencia a su cargo deja mucho que desear y pongo como ejemplo lo que sucede en la Delegación Tláhuac.   Durante mi desempeño como diputado a través de mi Módulo de Atención Ciudadana hemos servido de gestores para los ciudadanos que no son atendidos debidamente en sus demandas ante las autoridades delegacionales, siendo triste que en la mayoría de los casos la contestación de las autoridades delegacionales para no atender las demandas ciudadanas es simplemente “no tenemos presupuesto”.   Qué hace la Contraloría General para evitar esta evidente falta de atención a las demandas ciudadanas por parte de un gobierno delegacional, en este caso el de Tláhuac, y que tristemente no creo que sea el único caso. Para las autoridades delegacionales nunca alcanza el dinero, a pesar de que cada año se les asigna más presupuesto.   Señor Contralor, respetuosamente le solicito que su dependencia no sólo sirva de testigo de la falta de atención de las demandas ciudadanas en la distintas delegaciones, sino que en uso de sus facultades realice un auditoria de los últimos 9 años para empezar a la delegación Tláhuac para que se percate de que no es posible hablar de gobiernos democráticos cuando la calidad de vida de los habitantes queda supeditado al capricho de los funcionarios públicos del Gobierno Delegacional y la complicidad de las contraloría internas que sólo sirven de testigos sin que realmente cumplan con sus funciones de órganos de control interno.   Esta complicidad de las contralorías internas es responsabilidad de la Contraloría General, toda vez que de ahí surgen los nombramientos de los primeros a través de su titular.   Quiero concluir señalando que en toda organización política o social, los órganos de control y vigilancia son indispensables para poder descubrir las infracciones, por acción u omisión, en que incurran sus órganos, respecto de las disposiciones establecidas en las normas abstractas e impersonales fijadas para su desempeño, y poder así corregir las desviaciones, a efecto de alcanzar los fines, metas y objetivos previstos, pero mientras siga existiendo el contubernio entre las autoridades que cometen irregularidades y los órganos encargados de investigar y sancionar dichas conductas, seguiremos siendo una ciudad donde impera la impunidad de los allegados al Gobierno Central.   SECCIÓN DE PREGUNTA:   ¿Cada cuándo hacen una revisión de los recursos entregados a las delegaciones? ¿Qué perfil deben tener los contralores internos para cubrir dicho cargo? ¿Durante su administración cuántos servidores públicos han sido inhabilitados por actos de corrupción?

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO