Excélsior/5 de Enero 2012
Uno de los desacuerdos es que el PRI desea crear un fondo para indemnizar a víctimas, pero el PAN se opone a ello
A pesar de tener el consenso mayoritario para considerarse como un tema prioritario, por el aumento del número de delitos cometidos en ellas, la seguridad en las carreteras fue uno de los temas que se atoraron en el Senado por la diferencia de opiniones entre las tres principales fuerzas políticas del país.
Ninguno de los planteamientos promovidos por el PAN, PRI y el PRD logró los consensos suficientes.
Los tres partidos mayoritarios en el Congreso coinciden en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno se coordinen mejor para realizar la vigilancia de las carreteras, así como en el uso de tecnología de alta calidad para detectar a los asaltacaminos y crear una instancia ambulatoria que atienda las denuncias de las víctimas.
Las diferencias estriban en la responsabilidad que deben tener los particulares, como los dueños de las líneas de autobuses, así como los derechos de las víctimas, pues el PRI quiere crear un fondo de indemnización y reparación del daño, pero el PAN no está de acuerdo.
El 4 de octubre, el pleno del Senado tenía listo para aprobar un dictamen para crear un fondo de apoyo a las víctimas de la delincuencia en las carreteras, el cual se formará del ingreso derivado por concepto de multas impuestas por infringir disposiciones legales o reglamentarias en materia de tránsito en caminos y puentes federales.
La reforma establece que 50% de ese dinero se destinará a la Secretaría de Seguridad Pública para cubrir gastos de operación e inversión en programas vinculados a la propia seguridad pública, y de manera específica se destinará el 20% de la parte que le corresponde a esta secretaría a prevenir el delito y el otro 50% se va al DI F, para que lo destine al apoyo de las víctimas.
Sin embargo, el dictamen de esta reforma fue retirado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes sólo unos segundos antes de que le tocara el turno para discutirse, porque el DI F pidió que no se le endosara esta responsabilidad, dado que carece de la infraestructura adecuada para realizarla.
Un par de semanas después se frenó otro dictamen, éste de la Comisión de Seguridad Pública, y fue necesaria su rediscusión, pues originalmente incluyó la obligación de los particulares a ser sometidos a los exámenes de control de confianza, así como a acatar todos los protocolos propios de las policías federales, estatales y municipales.
Desde el 9 de noviembre se aprobaron en comisiones las adecuaciones y se consensuó el sustento legal de la estrategia nacional de seguridad en carreteras, que incluye el Delito contra la Administración de Justicia para los gobiernos estatales que oculten o maquillen las cifras, así como la obligación de colocar ministerios públicos móviles e informar a la población de las zonas de mayor riesgo para su seguridad; sin embargo, se quedó en espera.
Tomás Torres Mercado, del PRD, presentó otra iniciativa sobre el tema, pero tampoco fue discutida en comisiones, por lo que aun con las expresiones públicas de repudio de todos los senadores por la violencia en carreteras, los consensos no se concretaron.
