Fueron aprobadas por el Senado de la República, las reformas a la Ley General de Población propuestas por el senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, las cuales obligan a los servidores públicos que trabajan en el Instituto Nacional de Migración (INM) y a los cuerpos policiacos locales y federales, a respetar los derechos humanos de los migrantes indocumentados.

México, D. F., a 02 de enero de 2012

Boletín 02/12

Fueron aprobadas por el Senado de la República, las reformas a la Ley General de Población propuestas por el senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello,  las cuales obligan a los servidores públicos que trabajan en el Instituto Nacional de Migración (INM) y a los cuerpos policiacos locales y federales, a respetar los derechos humanos de los migrantes indocumentados.

Velasco Coello resaltó que su reforma exige medidas que fortalezcan las disposiciones contenidas en la ley en materia de derechos humanos, y el que  los funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Gobernación y los elementos policiacos, sean sancionados con la suspensión de sus labores hasta por 30 días, o con la destitución definitiva de su cargo, cuando no respeten y violenten los derechos humanos de los migrantes ilegales.

“A pesar de estar plasmadas en nuestra Constitución las garantías individuales que benefician a todas las personas en nuestro país, existe un alto índice de marginación, discriminación y violencia en contra de los migrantes ilegales en los centros de detención coordinados por el INM, principalmente los ubicados en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz”, reiteró el ecologista.

El senador chiapaneco señaló que en su estado las estaciones migratorias carecen incluso de los servicios más elementales, pero principalmente de asesoría y atención por parte de las autoridades.

Manuel Velasco subrayó que el Estado mexicano debe estar  comprometido y obligado a garantizar el respeto de cualquier persona migrante establecida en nuestro país y hacer valer sus derechos humanos, sin embargo, dijo, “las autoridades migratorias incumplen temerariamente la ley que los obliga a respetar y proteger las garantías individuales de los migrantes indocumentados que llegan a México”.

“Todos hemos sido testigos de cómo las estaciones migratorias se han convertido en centros de detención regulados bajo el régimen de excepción, donde los migrantes ilegales, cuyo delito es el haber infringido disposiciones administrativas, se encuentran resguardados y sus derechos más elementales son violentados”, concluyó el senador del Partido Verde.

 

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