Denuncia el PVEM operación de bodega clandestina de desperdicios industriales de manejo peligroso en el Estado de México, el Diputado Local Rolando Elías presentó una denuncia penal ante la PGR, debido a que es de competencia federal el manejo de los residuos peligrosos y la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente Mariana Boy presentó una denuncia administrativa ante la PROFEPA.

Por medio de una denuncia ciudadana, se supo de la existencia de esta bodega clandestina ubicada sobre la, Carretera Amomolulco-Xonacatlán en Santa María Zolotepec, Estado de México, que almacena residuos peligrosos, y que pone en riesgo la salud de los vecinos de la zona y el medio ambiente.

Esta bodega viola el marco jurídico nacional e internacional en materia de residuos peligrosos pues incumple, entre otras, con las disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, debido a que transportan y almacenan transformadores, condensadores y medidores eléctricos que son desmantelados para extraerles metales como bronce, cobre, acero y aluminio, para posteriormente incinerar los desperdicios, lo que propicia graves afectaciones al medio ambiente por la liberación de aceites, askareles y sustancias tóxicas.

Los generadores incumplen su obligación de dar disposición final adecuada a sus residuos, mientras que la “bodega” carece de la infraestructura necesaria para recibir y manejar bifenilos policlorados, ya que sus instalaciones no cuenta con la pendiente necesaria ni canaletas que conduzcan los derrames a fosas de retención, además su piso no es liso e impermeable como manda el artículo 82 del reglamento.

Dado lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México espera que las autoridades correspondientes actúen de inmediato y apliquen lo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por el Reglamento en materia de Residuos Peligrosos y establezcan las sanciones convenientes que varían desde la clausura en términos administrativos, mientras que en penales se aplica la privación de la libertad que va de 1 a 9 años de prisión, aunado a una sanción económica que varia entre trescientos a 3 mil días de salario mínimo.