México D. F., a 14 de abril de 2011

Un Estado no garantiza los derechos humanos con la mera existencia formal de los recursos judiciales necesarios, sino que también, debe asegurar que, en su funcionamiento, éstos se ajusten al debido proceso.

Vemos que en su informe nos señala que las autoridades con más menciones de presuntas violaciones a los derechos de los grupos de población, son la Procuraduría General de Justicia del D. F., que representa el 67.3 por ciento, del total global de quejas por violaciones registradas, sumándose también,  la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno y las delegaciones.

Una vez más, es evidente que los prejuicios y estereotipos discriminatorios que se han construido históricamente en torno a ciertos grupos, redundan en la cancelación del acceso a la procuración de justicia y ciertos planes y programas sociales que deberían estar al alcance de todas las personas.

La realidad actual, indica que en el Distrito Federal persisten violaciones a los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y a la integridad, libertad y seguridad personal, pues de acuerdo a su informe  en el sistema de justicia hubo un incremento de 5.1 por ciento en el número de quejas en trámite por presuntas violaciones a estos derechos.

Ahora bien, el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad en los centros de reclusión, sigue siendo un tema pendiente, pues los internos siguen careciendo de espacios, de seguridad; se siguen cometiendo actos de violencia, no han sido satisfechas sus necesidades básicas, ni respetada su dignidad como seres humanos.

Es alarmante que en 2010 haya incrementado en un 25 por ciento con respecto al 2009, el número de menciones de presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad, es lamentable, que la violación más común siga siendo la abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica de los reclusos.

Recordemos que el sistema penitenciario de la Ciudad de México, cuenta con los dos centros de reclusión más poblados de América Latina, pues existe una sobrepoblación aproximadamente del 50 por ciento, pues se albergan a 35 mil personas, cuando la capacidad de estos es de apenas 20 mil 300, lo que provoca condiciones de vida indigna para los reclusos.

Dr. Placencia, esta situación representa un verdadero foco rojo para la vida de la ciudad y para la institución que usted representa.

Es lamentable que en esta Ciudad de México se le siga dando la condición de objeto a la población penitenciaria, sus derechos han sido reducidos y ya no son reconocidos como titulares de derechos.

Este grupo, debe seguir siendo para su Comisión, uno de los pendientes más urgentes de su agenda y también de esta Asamblea Legislativa.

Resulta significativo que durante 2010 las autoridades con más menciones de presuntas violaciones a los derechos del núcleo Democracia y Derechos Humanos fueron: la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, las delegaciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Esta recurrencia resulta preocupante ya que es el Poder Ejecutivo y las autoridades encargadas de impartir justicia las que reportan el mayor índice de violaciones de derechos; lo anterior evidencia una incongruencia que pone en crisis de legitimidad democrática de las instituciones de esta ciudad.

Por otro lado, es preocupante que las violaciones al derecho a la salud haya tenido para el año 2010 un incremento del 28 por ciento, con respecto al 2009, cifra que creemos que no representa la realidad, pues no existen aún mecanismos de denuncia inmediata y de fácil acceso para que los capitalinos denuncien en el momento en que se cometió la presunta violación, los actos o hechos cometidos por el sector salud ante la Comisión que usted representa.

Doctor González Placencia, celebramos que la Comisión de Derechos Humanos considere al tema ambiental como parte de su competencia y ocupación, pues no debería quedar duda alguna que el derecho a un medio ambiente sano y sustentable es el fundamento para el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de cualquier ciudadano y para ello se requiere la participación y protección del organismo autónomo a su cargo, porque las violaciones a este derecho cada vez son más frecuentes, ruido, publicidad, agua, suelo, residuos sólidos, son materias que parece que no interesan a las autoridades.

Para el Partido Verde también el derecho al agua cobra cada vez más importancia debido a la escasez del vital líquido, de acuerdo a su informe, este año aumentaron las denuncias por el cobro excesivo e injustificado por el servicio de agua y su interrupción injustificada.

Lamentablemente las malas condiciones en las que se encuentra el sistema de agua, las grandes cantidades de agua que se desperdician, la evasión, y la mala planeación para el cobro del vital líquido, han ocasionado que sean aplicados criterios y alternativas de solución que a nuestro parecer no son equitativas ni proporcionales al nivel socioeconómico y uso del vital líquido.

Se requiere que la Comisión a su cargo refuerce los lazos de colaboración institucional con los diferentes ordenes de gobierno, con el fin de intercambiar propuestas, ideas, opiniones que impidan la repetición de acciones violatorias de los derechos humanos.

Se requiere que las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sean atendidas, porque actualmente en su mayoría son letra muerta,  se han convertido en cartas de buenas intenciones al no tomarse en cuenta a pesar de la acreditación de violaciones a los derechos humanos.

Hago un llamado a todos los órganos y dependencias de esta ciudad para que acepten y cumplan con las recomendaciones que les son dirigidas, no podemos permitir que la función de los órganos defensores de los derechos humanos se debilite por la falta de eficacia de sus recomendaciones.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO