Señora secretaria, como es del conocimiento de todos, el presente año nuestra relación bilateral con los Estados Unidos de América recibió un sensible daño debido a la legislación que en materia migratoria fue promulgada por la gobernadora de California Jan Brewer, el pasado 23 de abril, en el Estado de Arizona conocida como la Ley SB1070.

México, D.F., a  13 de octubre de 2010

Muchas gracias señor presidente.

Compañeras y compañeros diputados

Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, sea usted bienvenida.

Señora secretaria, como es del conocimiento de todos, el presente año nuestra relación bilateral con los Estados Unidos de América recibió un sensible daño debido a la legislación que en materia migratoria fue promulgada por la gobernadora de California Jan Brewer, el pasado 23 de abril, en el Estado de Arizona conocida como la    Ley SB1070.

Ésta, si bien modificada con relación a la propuesta original, sienta un precedente lamentable, porque en su esencia,  fomenta la discriminación racial y obliga al Gobierno mexicano a impulsar una sólida defensa de nuestros compatriotas que ofrecen en aquel país, no sólo fuerza de trabajo y talento, sino los valores, solidaridad y la riqueza humana que caracteriza a nuestro México, porque con su trabajo contribuyen a elevar la calidad de vida de los estadounidenses al realizar labores que ellos no quieren hacer y por el que contratan a nuestros paisanos, muchas veces, sin las condiciones adecuadas, pero que por la situación económica de nuestro país, nuestros connacionales se ven en la necesidad de aceptar.

Pues bien, a estos trabajadores que representan una importante fuente de divisas para nuestro país, que en algunos años han superado incluso los ingresos derivados del petróleo, el Gobierno de California, les impone un régimen legal que justifica sobre ellos, la acción despiadada de una ley basada en el mínimo respeto a los derechos humanos internacionales.

Esta Ley, despertó la indignación de los habitantes de nuestro propio país, de la comunidad internacional e incluso de muchos estadounidenses incluyendo al propio Presidente Obama cuando la calificó como una medida migratoria como “equivocada e irresponsable”.

Sin embargo y en contraste a estas legítimas reacciones mundiales, para el Gobierno de Felipe Calderón y de la dependencia que usted representa, no pareció ser un motivo de alta preocupación. Más aún cuando más de una veintena de estados de la Unión Americana, están analizando la posibilidad de implementar leyes similares.

El Presidente Calderón expresó en el IV Informe de Gobierno, que su Gobierno opera “una política exterior responsable”, haciendo incluso referencia a su reciente visita a Estados Unidos los días 19 y 20 de mayo, como una reunión de diálogo y cooperación entre ambos países.

Pero las acciones hasta hoy emprendidas tales como el escrito presentado por el Gobierno mexicano en calidad de “Amigo de la Corte” ante la corte federal para el distrito de Arizona, si bien se reconocen, podemos calificarlas de insuficientes jurídica, política y diplomáticamente.

Cabe destacar asimismo, que como uno de los ejes de acción de esta Cancillería, el Gobierno Federal ha mencionado la promoción de valores universales tales como la democracia y la defensa a los derechos humanos, pero es evidente la falta de coherencia entre el discurso del Gobierno mexicano al exterior y su correspondiente al interior, cuando analizamos la acción del Gobierno mexicano en nuestras propias fronteras y particularmente de nuestra frontera con Centroamérica.

El Gobierno mexicano no ha sido capaz de establecer políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos humanos más elementales de muchos migrantes, cuya documentación no haya sido debidamente tramitada.

El secuestro, extorsión y trata de personas migrantes y sus daños colaterales afecta a un gran número de ciudadanos centroamericanos que ingresan en nuestro territorio sin control alguno y consecuentemente sin garantizarles por parte del Gobierno mexicano sus derechos humanos por el simple hecho de pisar suelo mexicano.

El reciente caso del multihomicidio de 72 inmigrantes extranjeros ocurrido en el norte del país el pasado 24 de agosto, es una muestra de la ausencia de control y salvaguarda que el Estado mexicano debiera ofrecer no sólo a los mexicanos sino a todo aquél que se encuentre en nuestro país.

Secretaria, reconocemos bien cuál es su competencia en tanto enlace con la Secretaría de Gobernación y con el Instituto de Nacional de Migración en materia migratoria, y por ello subrayamos la parte de responsabilidad que le corresponde y cuyas consecuencias repercuten en la escena internacional.

Tan es así, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su más profunda preocupación, y apresuró al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así como para proteger a los migrantes en tránsito en el país y garantizar el respeto a sus derechos humanos; coincidiendo con la voz internacional de la ONU; e incluso, en forma particular, varios países expresaron su indignación ante tal hecho.

Por lo anterior, es muy importante que  el fenómeno migratorio no siga siendo un tema que el Gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores continúen manejando en términos secundarios como lo hemos visto; sino que desde su corresponsabilidad con el Ejecutivo, se asuma como un asunto de la más alta prioridad. Más aún, considerando que a partir de los próximos meses se espera el retorno de un número muy importante de connacionales, que habrán de ser repatriados y quienes demandarán servicios de vivienda, educación, salud y trabajo.

Por otro lado, y con relación a la Iniciativa Mérida  y la Seguridad Fronteriza, y en base a las causas que inspiraron a esta Iniciativa en 2007 -planteada como un programa histórico de cooperación bilateral para luchar en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacionales-, hoy en día, es necesario conocer las acciones diplomáticas emprendidas por la Secretaría a su cargo, que a su juicio garantizan la soberanía nacional en este tratado conjunto; así como las razones por la cuales aún no hay indicadores que posibiliten evaluar los resultados de esta Iniciativa.

Usted ha encabezado conjuntamente con la Secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, las reuniones con el grupo de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida, con el fin de analizar los resultados y evaluar los avances de esta iniciativa y como resultado de ello, la Embajada estadunidense en México dio a conocer el documento ’Seguridad y fronteras. Iniciativa Mérida’.

Este documento, señala que el Congreso de Estados Unidos aprobó un financiamiento para esta iniciativa por más de mil 300 millones de dólares que se destinó a México, además de haber proporcionado capacitación para adquirir las habilidades técnicas necesarias, así como para la profesionalización de la policía, sin conocer hasta el momento resultados concretos por parte del gobierno mexicano.

Por otro lado, el Partido Verde está sumamente interesado, en el establecimiento del régimen jurídico de nuestra política exterior, concretamente en la promoción, coordinación, ejecución y fiscalización de los Programas de Cooperación Internacional Para El Desarrollo entre el Estado Mexicano, los gobiernos de otros países y organismos internacionales para la recepción e intercambio de recursos y experiencias culturales, científicas y financieras.

Mi fracción parlamentaria emitió en el seno de la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, su voto a favor de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentada por la Senadora Rosario Green.

Por ello, los legisladores del Partido Verde, lamentamos que el Ejecutivo Federal haya vetado esta Ley aún cuando había sido aprobada por esta Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores con la participación de todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios que conforman al Honorable Congreso de la Unión.

En tal virtud, exigimos respeto al consenso para construir una política de cooperación internacional con la participación de cada uno de los grupos parlamentarios de esta Legislatura, propiciando de esta manera los instrumentos necesarios de coordinación y programación para lograr la utilización racional de los recursos humanos, financieros y materiales; tanto nacionales como internacionales, involucrados en la cooperación internacional para el desarrollo de nuestro país.

Finalmente y con relación a la tragedia ecológica ocasionada por el derrame de petróleo en el Golfo de México en meses anteriores, es necesario que por la vía diplomática, se requiera información certificada por el gobierno de Estados Unidos sobre los probables riesgos a los que está expuesto nuestro territorio y nuestras aguas, con la finalidad de que se trabaje en coordinación con las distintas dependencias de ese país y el nuestro relacionadas con el tema.

De ser necesario, efectuar un plan de reacción oportuno, ya que para el Partido Verde y en general para todos los mexicanos, es de enorme importancia conocer las consecuencias de esta tragedia ecológica, así como las garantías que se asumirán frente a las secuelas de la misma, a fin de que no ocurra una nueva tragedia que afecte el medio ambiente.

Estamos convencidos, señora secretaria, que la dependencia a su cargo, tiene la oportunidad histórica en estos dos años por venir, de reivindicar la imagen de México en el extranjero.

Y deseamos manifestarle que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la firme convicción de sumarse en ese importante esfuerzo y de coadyuvar para lograr una política exterior con un rumbo claro y definido, que ayude desde luego, al bienestar de todos los mexicanos.

Muchas gracias. Es cuanto señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO