Ante la inseguridad que se vive en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) del país, debido a la invasión del crimen organizado y del narcotráfico, el Partido Verde demanda facultar a la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar y sancionar a la delincuencia organizada que comete delitos ambientales, tales como tala y tráfico de especies.

México, DF, a  17 de agosto de 2010

Boletín número 123/10

• Preocupante que delincuentes invadan las reservas naturales de México, urge mayor presupuesto para la protección de selvas y bosques: Partido Verde

• Propone Partido Verde facultar a la PGR para que a petición de la Profepa pueda perseguir a las bandas que se dediquen a explotar ilícitamente los bosques y selvas del país

Ante la inseguridad que se vive en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) del país, debido a la invasión del crimen organizado y del narcotráfico, el Partido Verde demanda facultar a la Procuraduría General de la República  (PGR) para investigar y sancionar a la delincuencia organizada que comete delitos ambientales, tales como tala y tráfico de especies.

Jesús Sesma Suárez, vocero de este instituto político lamentó que las reservas naturales estén secuestradas por bandas de delincuentes que talan los bosques y selvas para la siembra de plantíos de mariguana y que explotan su flora y fauna.

Por lo que, señaló, “estos grupos  y redes deben recibir un tratamiento penal específico, pues el nivel de asociación y organización para aprovecharse ilícitamente de los recursos  naturales supone acciones más complejas y estructuradas, por lo que debe de ser la PGR en colaboración con la PROFEPA, quien persiga a estas bandas criminales…

Es lamentable que bosques y selvas de gran valor ambiental no puedan ser declaradas áreas protegidas por la falta de investigación de sus especies, como  consecuencia de que delincuentes las tienen secuestradas”. Y es que de acuerdo con del Coordinador Nacional de CONABIO, José Sarukhán,  “el uso de suelo para cultivos ilícitos representa un obstáculo para la preservación y estudio de la biodiversidad en México”.

Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)  revelan que 12 son los homicidios cometidos contra ambientalistas, activistas y funcionarios del gobierno ligados con la inspección de Áreas Naturales Protegidas y la protección del medio ambiente durante la actual administración presidencial, más otros casos de secuestros, torturas e intimidaciones.

Por ello, también apuntó la necesidad de otorgar más recursos   para el cuidado de estas áreas, pues faltan más inspectores y una policía forestal que combata al crimen organizado, ya que actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con apenas 300 personas que tienen a su cargo la vigilancia de 56 millones de hectáreas de bosques y selvas del país, por lo que a cada uno le corresponde vigilar lo correspondiente a la mitad del estado de Tlaxcala.

Por último reiteró que se debe aumentar el presupuesto para proteger a las ANPs, y disminuir el presupuesto en programas fallidos de reforestación, “pues vale más cuidar lo que ya se tiene, que invertir en futuros árboles que en su mayoría no sobreviven”.