Legisladores del PRD y del PVEM, en la Comisión Permanente, presentaron una iniciativa para eliminar el impuesto del cuatro por ciento a las telecomunicaciones, para que los servicios satelitales, de telefonía fija y móvil, así como los de conectividad, regresen al formato en el que se encontraban antes del 2009, debido a que afectan a los consumidores que hacen uso de estos servicios.

México D.F., a 22 de julio de 2010 Boletín número 147/10

· Este gravamen afecta a usuarios de prepago que representan aproximadamente el 91 por ciento del total del mercado de telecomunicaciones

· Cifras de la OCDE indican que México ocupa el quinto lugar entre los países con las tarifas de telefonía celular más caras

Legisladores del PRD y del PVEM, en la Comisión Permanente, presentaron una iniciativa para eliminar el impuesto del cuatro por ciento a las telecomunicaciones, para que los servicios satelitales, de telefonía fija y móvil, así como los de conectividad, regresen al formato en el que se encontraban antes del 2009, debido a que afectan a los consumidores que hacen uso de estos servicios.

Señalaron que en septiembre del año pasado un grupo de legisladores presentaron  un Punto de Acuerdo para que en el análisis y discusión del Paquete Económico de 2010, no se aprobara la creación de un Impuesto Especial del cuatro por ciento a las telecomunicaciones.

“En esa ocasión, mostramos nuestro rechazo porque consideramos que ese impuesto atentaba contra un sector estratégico que impulsa la modernización y desarrollo del país, y que además afectaría la economía de las familias y empresas mexicanas, ya que las telecomunicaciones representan un servicio de primera necesidad”, explicaron.

Por su parte, el diputado pevemista y presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, Rodrigo Pérez-Alonso, señaló que el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones es importante para la productividad y competitividad de diversas industrias, que constituyen una infraestructura indispensable para la expansión nacional e internacional de las empresas.

“México enfrenta rezago en el uso de Internet de banda ancha, lo cual genera retraso en economía, competitividad y desarrollo social, por lo que es necesario impulsar una agenda digital exitosa y establecer un marco jurídico apropiado que dé cuenta de los cambios tecnológicos”, agregó.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), actualmente México ocupa el quinto lugar entre los países con las tarifas más caras de telefonía celular.

“Resulta absurdo que a pesar de este dato, se insista en continuar gravando a las telecomunicaciones, como los celulares, televisión por cable, el uso de Internet y teléfonos fijos con excepción de la telefonía rural, pública y los servicios de interconexión”, comentaron los legisladores.

Asimismo, datos de The Competitive Intelligence Unit –al segundo semestre de 2009-, en nuestro país se cuenta con una penetración de telefonía fija y móvil conjunta de 82 por ciento; “sin embargo, la quinta parte de la población aún no cuenta con acceso a ninguno de esos servicios, lo cual debe ser una prioridad de la actual administración”.

En telefonía móvil, segmento en el que el 90 por ciento de los clientes son de prepago, el efecto se registró principalmente en el consumo de minutos, y a pesar de que los usuarios compran las tarjetas de diferentes denominaciones, el valor en tiempo aire es menor por el aumento en las tarifas.

Los legisladores comentaron que alrededor del 70 por ciento de la población tiene un teléfono móvil y 21 millones cuentan con líneas fijas (residenciales y empresariales), este impuesto ha afectado a usuarios de prepago que representan aproximadamente el 91 por ciento del total del mercado de telecomunicaciones.

“Este gravamen representa un retroceso y ha tenido repercusiones económicas y sociales importantes, pero sobre todo ha tenido un impacto negativo en los niveles más bajos de la economía nacional, lo que aumenta la brecha en materia de telecomunicaciones respecto a otras naciones en desarrollo”, explicaron.

Subrayaron que ningún servicio de telecomunicaciones que se preste en nuestro país debe ser gravado, ya que esta medida indica que nuestra competitividad como país sigue a la baja, nos retrasa el camino hacia la modernización tecnológica, además de que desincentiva la inversión de nuevas oferentes en materia de telecomunicaciones.