Agradezco la presencia del licenciado Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, quien amablemente ha venido ante nuestro Pleno para desahogar el Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010     Agradezco la presencia del licenciado Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, quien amablemente ha venido ante nuestro Pleno para desahogar el Punto de Acuerdo que nos ocupa.   Agradezco también la presencia del arquitecto Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a quien también se le ha invitado a comparecer a efecto de que atienda las preguntas que pudieran surgir sobre los procedimientos que hasta el día de hoy se hubieren seguido para signar frecuencias del espectro radioeléctrico para los fines de operación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.   Como preámbulo a la comparecencia, me remito al pasado 31 de marzo, último día hábil previo al inicio de la Semana Santa, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.   El contexto bajo el que se dio dicha publicación generó una enorme preocupación, en diversos ámbitos, con elevado sigilo, que junto con la forma en que el Ejecutivo Federal realizó los trámites relacionados con la Manifestación de Impacto Regulatorio ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), se acreditó la forme intención del Ejecutivo Federal para mantener alejado del conocimiento de la población en general cualquier asunto relacionado con sus planes para crear el Organismo que hoy es objeto de análisis en esta reunión.    En los considerandos del decreto, el Ejecutivo Federal reconoció que la prestación de los servicios de radio y televisión constituyen una actividad de interés público, la cual debe ser protegida y vigilada por el Gobierno Federal para el adecuado cumplimiento de su función social, y que garantizar dicha función social en radio y televisión resulta fundamental para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión, el mejoramiento de las formas de convivencia humana, entre otras afirmaciones que más parecen retórica que mera convicción política.   En el decreto, también se reconoce que en la actualidad, los medios de comunicación constituyen herramientas indispensables para una adecuada interacción entre los habitantes y la autoridad, por lo el Ejecutivo Federal estimó como necesario contar con una entidad paraestatal que busque permanentemente esta interacción con todos los habitantes del país.   Dicha finalidad podría ser noble, pero aquí quiero reiterar que la forma en que se ha instrumentado la creación de este organismo deja mucho que desear, y que el contexto bajo el cual vio la luz el decreto respectivo, genera una percepción de que se trata un organismo cuyo verdadero objeto es dotar al gobierno federal de un instrumento de comunicación social de mayor cobertura que eventualmente pueda ser empleado para fines  de las estrategias electorales de cara al proceso federal de 2012.   En pocas palabras, el OPMA, constituye la nueva arma de acción mediática de la actual administración pública federal, y con ello soslaya los avances que en materia de maduración electoral y definición democrática había aquilatado el partido en el poder, soslayando los principios rectores que hace décadas cimentaron sus propios fundadores.     Es así como el organismo será dotado de todo tipo de recursos humanos, técnicos y económicos para instalar y operar estaciones de radio y televisión, absorbiendo no sólo presupuestos asignados a la Secretaría de Educación Pública, sino los recursos de radio y teledifusión que eficientemente operaba hasta la fecha, sin reconocer la supremacía que sobre del mismo ejerce la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.   En concreto, existen múltiples cuestiones que deben dejarse en claro. Entre otras se encuentra su naturaleza jurídica, ya que se crea como una entidad sectorizada de la Secretaría de Gobernación, por lo que no se le garantiza su autonomía.   Por otro lado, será un organismo productor de contenidos programáticos vigilado y controlado por la misma Secretaría de Gobernación. De ello queda indefinido si será un organismo de radiodifusión y que adicionalmente operará y distribuirá contenidos, o si lo hará por conducto de terceros.   En virtud de que no se establece de manera puntual el proceso para que este organismo garantice los mecanismos de acceso público en la programación, se presume que se trata simplemente de una justificación sin sustancia con el único propósito de venderle a los mexicanos la idea de que se promoverá una pluralidad en los contenidos, sin que realmente exista un mecanismo real.   El devenir nacional que nos acontece reclama que todas las instituciones democráticamente establecidas funden y motiven debidamente sus actuaciones, las cuales invariablemente deben ir en pro del bienestar común y de los principios universales bajo los cuales se sustenta nuestro Estado.   En este sentido Señor Secretario, es imperativo que el Gobierno Federal defina con claridad cual pretende que sea su papel frente a la prospectiva de la radiodifusión en México, al mismo tiempo que  resulta imperativo que el Ejecutivo Federal reconsidere la forma y fondo bajo las que llevó a cabo las creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que envié un mensaje nítido a toda la sociedad sobre su verdadero objetivo en torno a esta medida, particularmente, para que la personalidad jurídica, integración y operación de este organismo, se apegue a los mejores prácticas internacionales en materia de medios públicos, características que sin lugar a dudas no fueron incorporadas en el decreto.