Con la venia de la presidencia; Compañeras y compañeros diputados, ante el contexto global y nacional en el cual vivimos, en el que de manera ágil y sencilla se puede compartir de forma inmediata ya sea total o parcialmente una obra sujeta a protección por parte de las leyes en materia de autor, es necesario que se desarrollen medidas adecuadas para inhibir la comercialización ilegal de las mismas, toda vez que esto representa afectaciones directas a sus creadores.
La protección de los derechos de autor en nuestro país requiere acciones afirmativas que garanticen a los creadores de cualquier tipo de obra el ejercicio efectivo de sus derechos, así como la remuneración adecuada por la utilización de sus creaciones. Toda medida legislativa que garantice la protección de los derechos de los creadores debe ser apoyada, pero cuidando en todo momento que la normatividad que se proponga no impacte de forma no deseada o desproporcionada a terceras personas.
En este sentido, el Dictamen que se pone a nuestra consideración el día de hoy por parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía, si bien pudiera tener el noble objetivo de proteger a los creadores del uso y usufructo ilegal de sus obras, el mismo repercutirá de forma negativa en las y los mexicanos, toda vez que establece una contribución extraordinaria, afectando la economía de las familias y el acceso y disfrute a diversos bienes tecnológicos que ya deben ser considerados esenciales.
Pensamos que de aprobarse el dictamen en sus términos se generaría una carga adicional para los fabricantes, importadores y comercializadores de equipos, aparatos, soportes o instrumentos técnicos o cualquier otro que permita la reproducción sonora, visual o audiovisual de obras protegidas en la Ley.
Lo anterior afectará a quienes adquieran dispositivos inteligentes y equipos de cómputo que tengan capacidad de grabar y almacenar contenidos, pasando por el más sencillo medio de almacenamiento hasta los decodificadores de servicios de internet.
Lo anterior limitará el acceso de estos productos a nuestro país y aumentará los precios en los que son ofertados a los consumidores finales, por ello tenemos la convicción de que el dictamen a discusión no puede ser aprobado, toda vez que impactaría la economía de millones de mexicanos, especialmente de los más pobres, al suponer que los mismos harán mal uso de los aparatos tecnológicos a los que tengan acceso.
Bajo esta lógica, consideramos que las reformas propuestas no cumplen con el objetivo primordial de preservar y salvaguardar los derechos de autor en nuestro país y se atenta contra los derechos de terceras personas.
Estamos conscientes que los derechos de autor deben ser fortalecidos para garantizar que los creadores de cualquier tipo de obra objeto de protección reciban una justa retribución por sus contribuciones a la sociedad, sin embargo, compartimos el compromiso del Presidente de la República de no generar nuevas contribuciones o impuestos.
Esto que hoy nos proponen aprobar, debe decirse con claridad, no es otra cosa que establecer un nuevo impuesto que en nada contribuirá para reducir la brecha digital existente en nuestro país y lejos de garantizar que los recursos obtenidos lleguen realmente a nuestros creadores y creadoras promueve la opacidad y hasta la apropiación indebida de los mismos por parte de las sociedades colectivas de gestión.
No podemos pagar justos por pecadores y lo único que vamos a lograr es hacer menos accesibles bienes que hoy son indispensables para el bienestar y el desarrollo de las personas y no ir al verdadero fondo del asunto, que es perseguir de mejor manera los delitos en contra de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, garantizando que se castigue a los delincuentes que los cometen y que se compense a los creadores por los daños y perjuicios que estos provocan.
Es cuanto.
