Con la venia de la Presidencia.
Buen día compañeras y compañeros Diputados.
En nuestro país, la persecución e investigación de los delitos ambientales están a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuya visión se centra en aumentar los niveles de observancia de la normatividad ambiental y con ello contribuir al desarrollo sustentable.
Para el cumplimiento de sus objetivos la PROFEPA se encarga primordialmente de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, siempre con un enfoque preventivo para lograr efectivamente la preservación y protección de los recursos naturales.
Adicionalmente, la PROFEPA está encargada de recibir, atender e investigar las denuncias y, en su caso, realizar las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo de denuncia, o bien, canalizarlas ante las autoridades que resulten competentes, definiendo los mecanismos y requisitos específicamente para su atención.
En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente refiere que toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente.
Esto indudablemente habla de la importancia que representa la participación de la sociedad en la protección ambiental, abriendo los canales de comunicación para que todos aquellos que sean testigos de un posible daño ambiental puedan acudir a esta institución a denunciarlo con la seguridad de que el caso será atendido.
Para ello se definen los requisitos y procedimientos que habrán de observarse, no obstante, existe poca claridad sobre las acciones que ejecutará la autoridad al momento de conocer la denuncia en la que se acredite flagrancia en la probable comisión de un delito ambiental o que represente peligro inminente de daño o deterioro grave, ya que la ley solo hace referencia a los requisitos y temporalidades del procedimiento administrativo, pero sin señalar las acciones para la atención del acontecimiento denunciado.
Por lo anterior, es importante hacer énfasis en que en la mayoría de las veces la participación de la sociedad se hace por una emergencia ambiental, en donde la inmediatez con que intervenga la autoridad podría impactar de manera positiva para poner un alto al daño que se denuncia, resultando por demás indispensable que se establezca en la ley la obligatoriedad de atender inmediatamente el hecho denunciado cuando sea evidente la urgencia.
Para ello se propuso modificar la ley, estableciendo expresamente la obligación de la autoridad de atender inmediatamente una emergencia ambiental que haya sido debidamente evidenciada mediante una denuncia popular, con independencia de los términos y atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno.
Desde su presentación se aclaró que no se trata de dejar de cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables, o bien, de invadir las competencias de las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno; de lo que se trata es de atender prioritariamente aquellas denuncias que evidencien una afectación y que, de no atenderse inmediatamente, representarían un impacto negativo en contra del equilibrio ecológico de nuestro país.
En este sentido, en el Partido Verde celebramos haber encontrado el consenso requerido entre los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, la cual me honro en presidir, para dictaminar a favor la propuesta, coincidiendo en que esta reforma representa un paso necesario a fin de atender oportunamente las denuncias populares que por su gravedad necesitan atención inmediata, todo ello con el firme objetivo de salvaguardar de una mejor manera el medio ambiente y los recursos naturales.
Insistimos en el reconocimiento a la valiosa labor que realiza la PROFEPA, la cual ha trabajado con la firme convicción de cumplir con sus atribuciones en beneficio de la protección ambiental. Sin embargo, asumimos nuestra responsabilidad como legisladores de fortalecer el marco legal y ofrecer mejores herramientas a las instituciones encargadas de salvaguardar uno de los más importantes patrimonios de nuestra nación como lo es su basta riqueza natural.
Y aquí hago un llamado a las autoridades de la PROFEPA para que se atienda de manera urgente el caso de Altamirano, Chiapas y se realicen operativos para evitar la deforestación de la zona alta y selva que están provocando los aserraderos con la tala inmoderada, por lo que se requieren extrema atención con el fin de evitar estas prácticas.
Por todo lo anterior, a nombre de quienes suscribimos, anuncio nuestro voto a favor del presente dictamen por el que se reforman los artículos 189 y 191 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE
