Con la venia de la presidencia;
Compañeras y compañeros diputados, es bien sabido por todos nosotros que el análisis de las finanzas públicas de un país es la base para tomar decisiones en materia económica y fiscal dentro del sector público.
A través de la política fiscal se toman decisiones en materia de impuestos, ingreso y gasto público, subsidios y ahorro gubernamental, con lo cual se pretende impulsar el buen desempeño de la economía.
Tradicionalmente, los planteamientos en materia de ingreso, gasto y endeudamiento en el ámbito nacional son propuestos por el Poder Ejecutivo, previo análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, con el paso del tiempo, la participación del Poder Legislativo en la formulación de la política fiscal ha sido cada vez mayor, aunado, por supuesto, a la intensificación de actividades vinculadas al control, supervisión y rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos públicos.
El hecho de que el Poder Legislativo tenga un papel cada vez más preponderante respecto a las decisiones en torno a las finanzas y la hacienda pública es, sin duda alguna, muy positivo porque de ese modo las propuestas realizadas por el Ejecutivo son enriquecidas y optimizadas por la visión de un órgano plural de representación ciudadana.
Hoy más que nunca ha quedado claro que la economía nacional es vulnerable ante factores internos y externos que muchas veces escapan de nuestro control, como la situación por la cual actualmente estamos atravesando a causa de la pandemia de coronavirus, la caída en los precios del petróleo o la disminución del Producto Interno Bruto. Es por este motivo que el análisis y estudio de las finanzas públicas requiere de una visión técnica y especializada, pero también plural, que contribuya a tomar mejores decisiones en la materia.
La Cámara de Diputados cuenta actualmente con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, instancia que tiene como finalidad proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica en materia de finanzas públicas que les sean requeridos por los legisladores.
Lo que se busca es que el Centro vaya más allá de esas funciones y se convierta en la instancia especializada de alto nivel profesional que elabore análisis, estudios e investigaciones en materia de finanzas y hacienda pública y, muy importante, que contribuya al desarrollo económico nacional de largo plazo.
El Instituto de Estudios de la Hacienda Pública permitirá explicar mejor las consecuencias e impactos que puede tener la adopción de ciertas políticas fiscales implementadas por el Ejecutivo. Además de llevar a cabo el monitoreo, análisis y evaluación de las finanzas públicas optimizando el endeudamiento público y mejorando el proceso presupuestario.
La creación del Instituto de la Hacienda Pública es un propósito compartido por varios grupos parlamentarios que a través de la presentación de diversas iniciativas han expresado su preocupación por dotar a la Cámara con órganos especializados, objetivos y con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Aprovechando este contexto, el dictamen que está a nuestra consideración propone también la reorganización del resto de los centros de estudios en órganos apartidistas e independientes con mayores posibilidades de cumplir más adecuadamente con la función para la cual fueron creados, optimizando los recursos de los que disponen.
De este modo, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria se integrarán en el nuevo Instituto de Estudios Parlamentarios, mientras que el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género cambiará su naturaleza a la de Instituto.
A diferencia de los centros de estudios, que están adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y cuyos titulares son designados por el Consejo Directivo del Servicio de Carrera, los órganos de dirección de los nuevos institutos serán electos por la mayoría calificada de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, siendo público el proceso de evaluación de los candidatos.
Con lo anterior damos un paso firme en el fortalecimiento y modernización de los órganos técnicos de la Cámara a fin de contribuir a la labor de las comisiones, pero también a mejorar el contenido de las propuestas legislativas y con ello fortalecer la facultad de control del Poder Legislativo frente al Ejecutivo. Es por estos motivos que el Partido Verde votará a favor de la aprobación de la iniciativa que está a discusión.
Es cuanto.
