Con la venia de la presidencia;
Compañeras y compañeros diputados;
El artículo 4 de nuestra Carta Magna, ha sido objeto de reformas trascendentales para el desarrollo del país y la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos. Hoy se busca garantizar que se considere como un derecho fundamental, el que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y espacios públicos en condiciones de seguridad.
Tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas, sin excepción y siguiendo el principio de no dejar a nadie fuera y a nadie atrás.
Esta acción, representa el primer avance para contar con una ley nacional en materia de movilidad y seguridad vial que sentará las bases para el diseño y modificación de calles y carreteras en todo el país, esto con la finalidad de que sean seguras para todo tipo de usuarios y con ello disminuyan las muertes y lesiones por accidentes de tránsito.
Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en México las ciudades están diseñadas para los automóviles más que para las personas. Así mismo, seis de cada diez personas evalúan de manera negativa la pavimentación de las calles de su ciudad, como indican los datos del centro de estudios sociales y de opinión pública de esta Cámara de Diputados.
Además, que para nadie son ajenos los problemas de transporte que se dan en muchas partes de nuestro país y los problemas ambientales que genera.
De lo anterior se deduce que son grandes las áreas de oportunidad en materia de movilidad urbana para mejorar la vida de todos los mexicanos, y de ahí la necesidad de que este poder legislativo instrumente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas.
Por ello, es necesario modificar el artículo 73 constitucional, para que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General en materia de movilidad y seguridad vial, que establezca la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia.
Hoy tenemos ante nosotros el privilegio y la responsabilidad de plasmar nuevas formas de desarrollo urbano, vivienda, uso de vehículos y accesibilidad para todos los mexicanos.
Será un arduo trabajo de ajustes y adecuaciones en la normatividad relacionada, pero es necesario saber que uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo es precisamente la gestión de la movilidad de todas las personas.
Esta reforma será un parteaguas en el ordenamiento territorial, en los asentamientos urbanos y en el uso de espacios públicos, en función de la importancia que representa el transporte en nuestro país y en el mundo, como un medio habitante para poder gozar de otros derechos humanos.
La movilidad dejará de ser un tema asignado solo a momentos de discusión con el tránsito o el medio ambiente, para ahora verlo como un mandato supremo constitucional, y poder decir con orgullo que en México toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Por lo anterior, como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votáremos a favor de este dictamen
Es cuánto, Presidenta.
