Con su venia señora presidenta;
Compañeras y compañeros;
Con la gran responsabilidad de representar a los ciudadanos de este país y con el firme compromiso de trabajar por el bienestar y la seguridad de aquellos que nos han confiado su voto. Hoy, estamos aquí porque sabemos que la paz y la justicia son pilares fundamentales para una sociedad que aspira a vivir mejor, sin miedo y con la certeza de que la ley protege a todas y todos los ciudadanos de manera efectiva.
Durante años, México ha sido azotado por una ola de violencia que lastima profundamente nuestro tejido social. Esta realidad ha exigido de nosotros tomar medidas para proteger a nuestra sociedad y garantizar la seguridad de nuestras comunidades. Si bien es cierto que se han implementado estrategias y acciones para frenar esta creciente inseguridad, el desafío sigue siendo de gran magnitud y complejidad y este es un reto que nos atañe a todos los que estamos aquí, no podemos cerrar los ojos y pretender que si lo hacemos o venimos a mentir van a desaparecer estos problemas.
Nos enfrentamos a un problema que no solo amenaza la tranquilidad de las familias mexicanas, sino también el desarrollo económico y el bienestar de nuestro país.
Entre los delitos que se propone incorporar al artículo 19 de nuestra Carta Magna se encuentran la extorsión y el narcomenudeo. Algunos podrían argumentar que no es necesario dar este paso, pero las cifras hablan por sí mismas y reflejan una realidad ineludible.
Un estudio reciente del Senado de la República revela que, entre enero de 2018 y octubre de 2023, la incidencia de extorsión en nuestro país aumentó en un alarmante 26 por ciento. Por su parte, el delito de narcomenudeo ha registrado un incremento del 28 por ciento durante el mismo periodo. Estos delitos han estado presentes durante años, sembrando miedo e inseguridad en nuestra sociedad y envenenando a nuestros jóvenes.
La extorsión es un crimen que ha impactado la vida de muchos en nuestro país. Ya sea de manera directa o indirecta, muchos de nosotros hemos experimentado el miedo de ser extorsionado, o bien, conocemos a familiares o amigos que lo han sufrido. Lamentablemente, las historias de extorsión se repiten una y otra vez, creando un ambiente de incertidumbre que no podemos seguir tolerando.
Yo he sido consejera y presidenta de CANACO y CANACINTRA, como empresaria, como mexicana he visto a mis compañeros ser víctima de delitos terribles, yo misma en mi centro de trabajo, mis empleados también, hemos visto como este delito rige el precio del limón, del aguacate en este país, de la pesca en mi estado. No puede ser posible que estemos tolerando y no incluyamos este delito dentro de los delitos graves.
Si hablamos del narcomenudeo, como candidata a diputada federal lo viví en las calles, en las colonias más pobres de mi ciudad donde hemos visto a estos narcomenudistas acechar a nuestra infancia, a nuestro futuro, tampoco podemos cerrar los ojos y pretender que haciéndolo va a desaparecer este delito y que nos los vamos a castigar para que sigan libres.
En el Partido Verde, hemos dejado claro en numerosas ocasiones nuestro compromiso con la maximización de derechos y la defensa de la presunción de inocencia. Sin embargo, también es evidente que en algunos casos la aplicación excesiva de estos principios ha terminado favoreciendo a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos, que trabajamos y generamos empleos o a nuestras familias que son desoladas por estos delitos.
Incluir estos y otros delitos en el catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa es un deber moral hacia los miles de personas que han sufrido el impacto devastador de estos crímenes.
Es un acto de prevención, una medida para proteger a nuestras comunidades y empezar a reducir el daño que tantos inocentes han padecido. Cada víctima representa una historia, una familia marcada por la violencia y, como representantes populares, no podemos ser indiferentes.
Este es un compromiso con el bienestar de nuestra gente, un compromiso con los ciudadanos que esperan la justicia, esperan que actuemos firme y efectivamente como legisladores.
Sabemos que las medidas preventivas no resuelven todos los problemas, pero son un componente esencial para frenar el crecimiento de delitos que han enraizado en este país, generando miedo en nuestra sociedad.
En 2019, votamos a favor de la reforma constitucional, una reforma esencial para la seguridad de nuestro país.
Hoy, una vez más, estamos aquí para reiterar ese compromiso con la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos, porque nuestro deber es construir un México donde todos nos sintamos seguros como condición indispensable para el bienestar y el progreso social.
Es cuanto, muchas gracias.
