Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros;
Es para mí un honor fijar la postura del Partido Verde en torno al dictamen que propone reformar los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado.
Uno de los principales objetivos de esta reforma es devolverle a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos su carácter de empresas públicas para fortalecerlas y que sigan siendo no solo palancas de desarrollo, sino también garantes de los recursos de la nación que utilicen en beneficio de esta.
En este orden de ideas se busca dejar claro en el texto constitucional que la rectoría del sistema eléctrico nacional corresponde al Estado. Esta se fue recuperando paulatinamente a través de diversas medidas implementadas por el por el gobierno del expresidente López Obrador, pero es necesario que vuelva a plasmarse en nuestra Carta Magna para terminar definitivamente con un modelo que permitió abusos por parte de los generadores privados y que puso en riesgo la viabilidad de la empresa pública.
Decidir quién y cómo se generará y distribuirá la electricidad en nuestro país, definir si el control de la industria eléctrica debe quedar en manos del Estado o de los particulares, así como la fórmula más viable, eficiente, limpia y sustentable para producirla, es del interés de todos los mexicanos porque con ello no solo te está jugando el presente, sino el futuro de muchas generaciones.
Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex la categoría de empresas públicas, en lugar de empresas productivas, significa que el gobierno puede incidir en la administración de estas entidades en forma directa o indirecta, no sólo para asegurar que se proteja el interés nacional y el interés público, sino también para cumplir con la responsabilidad social que tienen estas empresas con la población.
En este contexto debemos señalar que el tema energético es una prioridad nacional, que el Estado, está obligado a asegurar la continuidad del servicio eléctrico preservando la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y procurando proveer al pueblo de electricidad al menor costo posible.
Como ya lo dije el modelo eléctrico que se instauró en nuestro país después del 2013 favoreció a un pequeño número de empresas del sector privado otorgándoles beneficios indebidos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual afectó de manera significativa las finanzas públicas.
Hace dos años, cuando se discutió y se votó en esta asamblea la reforma eléctrica, se hablaba de que esas afectaciones alcanzaban los 490 mil millones de pesos por año. Cabe destacar que antes del 2013 la participación de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de electricidad era del 63 por ciento, mientras que la de los privados, fue del 37 por ciento.
Diez años después de la instauración y un nuevo modelo de generación, este porcentaje se invirtió y nos hizo susceptibles al acceso a la electricidad. Por ello, uno de los principales planteamientos del dictamen es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, para asegurar que los hogares, empresas e instituciones públicas del país sigan teniendo acceso a la electricidad.
Y para que lo hagan a un precio accesible, es indispensable contar con una empresa pública fuerte, con sentido social como la Comisión Federal de Electricidad que ha electrificado prácticamente todo el territorio, haciendo llegar la luz a las comunidades más alejadas y marginadas así donde no es rentable ni atractivo para los privados.
Además, esta reforma transformadora acelerará el desarrollo nacional porque le otorga al Estado exclusividad en la extracción y explotación del litio, garantizando la transición hacia una matriz energética basada en las energías renovables limpias y sustentables.
El Banco Mundial estima que la demanda de dicho elemento aumentará hasta un 500 por ciento para el año 2050 en comparación a los datos observados en el 2018.
Finalmente, quiero destacar que el dictamen refrenda al compromiso de quienes conformamos la coalición Sigamos Haciendo Historia, de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para todas y todos los mexicanos, al establecer que el servicio de internet que provea el Estado será área estratégica que no podrá considerarse monopolio.
Cierro. En conjunto, todo lo propuesto por el dictamen representa una apuesta por el bienestar de la población, por la soberanía y por un futuro más sustentable.
Es cuanto presidenta.
