Con el permiso de la presidencia;
La modificación al artículo 28 constitucional enviada a esta Cámara de Diputados, por el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa una oportunidad histórica para el pueblo de México, en aras de devolver las vías ferroviarias a su principal función que es el establecimiento de un sistema de transporte de pasajeros accesible, sostenible y eficaz.
A inicios del siglo XX, el ferrocarril jugó un papel fundamental en el desarrollo económico de México, lo que permitió conectar zonas de escasos accesos con centros metropolitanos y mercados, contribuyó a la integración regional y a la disminución de desigualdades al impulsar la producción y exportación de bienes y productos.
Aunado a lo anterior, las zonas rurales en las que construyeron vías férreas y la instalación de estaciones hicieron que se generarán empleos y oportunidades económicas para los habitantes de esas regiones.
Sin embargo, no fue hasta el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas en el cual comenzó la nacionalización del sistema ferroviario mexicano, mismo que se encontraba dominado por empresas extranjeras generando preocupaciones por la soberanía nacional e independencia económica de nuestra patria.
En 1937 que por decreto se crea el Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México y un año más tarde se entregó a los trabajadores para que administraran sus funciones.
El Estado Mexicano asumió la rectoría del sistema ferroviario mexicano y así presentó beneficios en la economía a largo plazo con impactos de gran importancia como fue la reorganización de la red para la reducción en el costo de tarifas y políticas de transporte. Esta acción gubernamental sentó un precedente en el desarrollo económico del país reflejando una intervención en sectores estratégicos como la energía y la minería.
Para la década de 1990, el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo decidió abandonar la idea de gestionar la infraestructura ferroviaria por lo que en 1996 comenzó la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México poniendo a la venta sus acciones dirigidos a grupos nacionales y extranjeros.
Esto fortaleció los servicios de carga por encima de pasajeros el cual se redujo considerablemente, llevando a México a un aislamiento económico, social y poblacional.
Sin embargo, en el sexenio del Presidente López Obrador hubo grandes logros en materia ferroviaria, principalmente en el sureste del país lo cual representa el comienzo de una etapa de modernización en el transporte de pasajeros. Lo que se pretende con la reforma puesta a consideración es extender este caso de éxito a otras regiones del país.
Actualmente, nuestras vías están mayormente enfocadas en el transporte de carga, lo cual ha llevado a que el servicio de trenes para pasajeros sea prácticamente inexistente. Sin embargo, con esta reforma constitucional, cuyo propósito es habilitar el uso de trenes para pasajeros, no solo reduciremos el costo del transporte para los usuarios, sino que también ofrecerá una opción de viaje más rápida y eficiente.
Al aprobar esta reforma promoveremos el transporte ferroviario lo que significa también reducir nuestra dependencia a las carreteras. Al fomentar el uso del tren, distribuimos de manera más equilibrada el flujo de personas y bienes.
Finalmente, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México confía en que esta reforma permitirá al Estado mexicano ejercer un mayor control sobre las vías férreas, a través del otorgamiento de concesiones a empresas públicas o privadas para operar el transporte de pasajeros. Esto asegura que el interés de nuestra nación esté por encima de los intereses particulares, creando un marco para que el transporte ferroviario sea un servicio de calidad, accesible y en constante evolución.
Compañeras y compañeros los invito a que imaginemos un México en donde podamos abordar un tren y disfrutar de un México cómodo y seguro. Aprobemos esta reforma.
