Con la venia de la Presidencia,
La reforma de los artículos 3 y 31 constitucionales que estableció la obligatoriedad de la educación media superior en México a partir del año 2012, supone una serie de retos muy importantes para el Estado mexicano, pues ésta hizo necesario contemplar la incorporación al Sistema Educativo Nacional de aproximadamente cuatro millones y medio de alumnos más, con todo lo que ello implica.
Además del enorme esfuerzo, que en términos de infraestructura y recursos humanos fue necesario realizar, para hacer posible que de un año escolar a otro millones de jóvenes mexicanos ejercieran plenamente su derecho a la educación.
Resulta imprescindible tomar en cuenta otros asuntos que desde ningún punto de vista pueden considerarse menores.
Uno de esos temas es, precisamente, aquel que se refiere a las acciones del Estado encaminadas a garantizar que todos los estudiantes inscritos en el nivel medio superior cuenten con los libros y materiales requeridos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este sentido, los libros de texto constituyen un factor fundamental en la formación de los sujetos y la transmisión del saber, pues cumplen con la importante función de proporcionar a los alumnos aquellos conocimientos complementarios sobre temas que, dada la dinámica del calendario escolar, no pueden ser abordados en el aula.
En virtud de la importancia de los libros de texto para el proceso educativo, el gobierno del Presidente López Mateos tuvo el acierto de crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, institución del Estado mexicano que desde 1959 ha tenido la misión de garantizar que cada estudiante, de los niveles obligatorios, en nuestro país disponga, por cuenta de la Federación, de los libros de texto que determina la Secretaría de Educación Pública para cada ciclo escolar, haciendo cumplir con ello de manera plena el principio de gratuidad de la educación establecido por nuestra Carta Magna.
Si bien el Estado mexicano, a través de la Conaliteg, ha cumplido satisfactoriamente con la responsabilidad de proporcionar de forma gratuita libros de texto a los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, lo cierto es que la incorporación del nivel medio superior a la educación obligatoria implica un desafío cuya magnitud podría rebasar, al menos momentáneamente, las capacidades de dicho organismo, por lo cual resulta necesario encontrar otras alternativas de solución al problema.
En los próximos años, la demanda de libros y otros materiales educativos para el bachillerato, se verá incrementada como consecuencia de la obligatoriedad.
Ante este panorama, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dispuesto extender la entrega de libros de texto gratuitos al nivel medio superior, fundamentalmente para el aprendizaje de las competencias genéricas y disciplinares básicas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual significa un gran aporte para el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país.
No obstante, la trascendencia de esta medida, como ya se dijo, el carácter dinámico de la educación media superior dificulta que el Estado pueda atender en su totalidad la amplia y diversa demanda de libros de texto que este nivel educativo genera.
Por este motivo, resulta ineludible emprender acciones encaminadas a hacer asequibles para todos los segmentos de la población, aquellos libros necesarios para la formación de los alumnos de bachillerato en nuestro país y, que por alguna razón, queden al margen de los esfuerzos estatales para suministrarlos gratuitamente.
Bajo esta lógica, el proyecto de decreto puesto a discusión pretende reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con la finalidad de que se puedan ofertar los libros de texto necesarios para el desarrollo y la aplicación de los currículos correspondientes a la educación media superior, obligatoria a montos inferiores al precio fijo, con lo cual se busca remover la disposición legal que impide a los libreros aplicar descuentos en este caso concreto.
En virtud de que las modificaciones propuestas posibilitan que se reduzca el desembolso de las familias mexicanas, que realizan año con año para mandar a sus hijos al bachillerato, el grupo parlamentario del Partido Verde, mi partido, votará a favor del presente proyecto de decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
